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Los senadores de Morena deberían tomar en cuenta los planteamientos de la Corte. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Si prevaleciera el sentido común, los senadores de Morena deberían atender los planteamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se encuentran a detalle en el documento “Reforma Integral al Sistema de Justicia en México: desafíos y propuestas”.
Es evidente que no lo harán, porque quieren que todo quede planchado antes de que concluya el mandato de López Obrador el último día de septiembre.
De ahí que, en lugar de escuchar, lo que están haciendo es presionar para conseguir el voto que les falta para tener la mayoría calificada, en una estrategia muy poco ética y contraria a la voluntad de los ciudadanos reflejada en las urnas.
Los números no les alcanzan, porque no los obtuvieron el día de la votación y eso debería motivar a la reflexión.
Pero más allá de la cerrazón mayoritaria, no cuentan con argumentos de peso, frente a las evidencias que se les han presentado del monumental error que están por cometer.
¿No les llama la atención la multiplicación de voces alarmadas en México y en el extranjero? ¿Consideran que es buena idea el desatar una crisis al arranque de un nuevo gobierno? ¿Creen, de modo honesto, que la solución está en organizar tómbolas y convertir a los jueces en políticos?
En la Suprema Corte hicieron su trabajo, consultaron con operadores y expertos, analizaron la documentación y los estudios relativos a la problemática que padece el país, pero sobre todo escucharon.
Pero el documento que presentó la ministra Norma Piña, acompañada de sus colegas Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y los consejeros Liliana Mónica López Benítez, José Alfonso Montalvo y Sergio Javier Molina Martínez es, a la vez, una hoja de ruta en la que se describe el anhelo de mejora del Estado de Derecho, frente a las pulsiones autoritarias de lo que pretende aprobar la mayoría senatorial.
Lo que proponen los ministros, en su mayoría, es revisar los procesos judiciales con perspectiva centrada en las personas, diseñar una ley que fortalezca a la defensoría pública, desterrar el enfoque punitivo en el combate a las drogas, darles presupuesto a las áreas forenses y hacer operativa la búsqueda de personas.
Además, en sentido contrario a la iniciativa del presidente López Obrador, los jueces constitucionales quieren fortalecer la figura del amparo.
El contexto que ahora priva es devastador. La impunidad en 2021 fue de 91.8% y en 2022 alcanzó el 96.3%.
Es evidente que semejante situación es producto de múltiples fallas, las que no se pueden achacar a solo los jueces, ya que ellos no son los que investigan los hechos delictivos sino las fiscalías con el auxilio de las policías y la Guardia Nacional.
La pirámide de recursos está invertida, donde las corporaciones policiales locales y estatales reciben poco y las instancias militarizadas mucho.
La Suprema Corte insiste en que la ruta que se debe seguir es la de la construcción de una policía nacional de carácter civil, porque eso lo que funciona y, además, porque con ello el país estaría cumpliendo con las recomendaciones y sentencias de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde hace años se estipuló que era necesario “desarrollar un plan concreto de retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”.
Ocurrió lo contrario y se profundizará el error si se concreta la reforma que adscribe a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
“Reducir la justicia a la función de un solo poder no solo resulta deshonesto, sino que limita materialmente las posibilidades críticas de construir un modelo de justicia integral”.
Por eso la ministra Norma Piña viene advirtiendo, con bastante claridad, que no será con la demolición del Poder Judicial con la que logren cambios profundos.
@jandradej
