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La Suprema Corte detiene el agandalle

Ser mayoría no da derecho a saltarse la legalidad: nueve ministros, con diversos enfoques, coincidieron en que el desaseo con el que actuaron los legisladores de Morena hizo inviable la legitimación de su reforma.

Por Emequis
5 / 09 / 23

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– La Suprema Corte invalidó una parte del Plan B, pero sobre todo estableció que no se debe avasallar a las minorías parlamentarias. Es decir, el proceso legislativo no se puede obviar, porque ello afecta a la dignidad democrática y vulnera la equidad.

Se dejó muy claro que las dispensas para proceder por notoria urgencia tienen que estar respaldadas, y no pueden provenir de motivaciones que contravengan la esencia de los parlamentos que es la deliberación. 

Los ministros determinaron que resultó imposible que se conociera el sentido de lo que se estaba proponiendo y que, quienes votaron en favor en las cámaras respecto a la Ley de Comunicación Social y a la de Responsabilidades Administrativas, lo hicieron a ciegas, y renunciando ellos mismos a su propia dignidad de representantes populares. 

Más allá del predecible berrinche que harán los legisladores de la mayoría, tendrían que reflexionar sobre el flaco favor que le hicieron a su propio proyecto, cuando pudieron dar el tiempo necesario para que existiera una discusión adecuada o inclusive se negociara sobre algunos de los puntos de la propuesta. 

Fue tal el desparpajo con que actuaron, que en su momento tuvieron que corregir lo relacionado con los montos de inversión en materia publicitaria, para no dejar a estados y municipios incapacitados de poder difundir logros, servicios y actividades. 

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En el Pleno de la Corte, ni siquiera se tuvo que analizar el fondo de las reformas aprobadas con urgencia y al vapor. 

Nueve ministros, con diversos enfoques, coincidieron en que el desaseo con el que actuaron los diputados de Morena hizo inviable la legitimación de una reforma que, de todas formas, tendría que pasar en su momento por el tamiz de su viabilidad constitucional.

Con ello se invalida la totalidad del decreto y de la legislación que permitiría, entre otros aspectos, hacer campaña a los servidores públicos. Este capítulo significaba un cambio notable en el modelo de comunicación política, y simbolizaba que Morena se apartaba de una exigencia de la izquierda que motivó una legislación restrictiva respecto a los integrantes del gobierno luego de las elecciones de 2006.  

En realidad, lo que pretendían, en una visión de corto plazo, es que no existieran límites a las manifestaciones propagandísticas en las conferencias mañaneras y que gobernadores y altos funcionarios pudieran expresarse sin cortapisas. Ya no podrán hacerlo, porque imperará el entramado legal que estuvo vigente en los últimos años. 

En el fondo, buena parte de las reformas electorales, que siguen impugnadas, responden a motivaciones de orden político inmediato y no a visiones de mejoría en la calidad de los procesos. Esto, tarde o temprano, tendrá que ser analizado por los ministros y a la luz del cúmulo de argumentos que existen en contra de que se desmantele al INE, por ejemplo.

La resolución se da en un momento especialmente delicado, porque desde la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se argumentó que una votación contra el Plan B significaría un ataque al Poder Legislativo. No es así, por supuesto, y lo que ocurrió es que se ejerció la facultad que permite que la Constitución no sea debilitada. 

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Pero la coyuntura no deja de ser riesgosa, porque se quiere aparentar que hay una ruptura en la legalidad, cuando en realidad está ocurriendo lo contrario. En la SCJN están encausando las cosas para que, justamente, no entremos en un espacio donde la Constitución deje de operar. 

La consejera María Estela Ríos llegó a afirmar que los ministros carecen de legitimidad porque no fueron electos por voto popular. Esto es un despropósito, por supuesto, pero da pistas de las pulsiones autoritarias que suelen imperar en la 4T a la hora que vienen los problemas. 

Es probable que los ataques a la Suprema Corte arrecien bajo ese ángulo, cuando lo que debería ocurrir es que, en un ejercicio de autocrítica, quienes ahora tienen el poder, acepten que se equivocaron, que ser mayoría no da derecho a saltarse la legalidad, y que hay derechos que no puede desaparecer de un día para otro.

Un reconocimiento del desastre en que ellos mismos se metieron, podría propiciar la búsqueda de convergencias con las oposiciones, pero no lo harán, porque ese no es el talante y porque ya dejaron claro que no les interesan los debates sino las imposiciones.

@jandradej  

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