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Este martes será crucial para el Poder Judicial.
POR JUAN ORTIZ / LUPA LEGISLATIVA
EMEEQUIS.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para el mayor debate sobre la constitucionalidad de la reforma judicial que entró en vigor el pasado 15 de septiembre. Este martes 5 de noviembre será discutido el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que establece el camino que podría seguir la Corte en su evaluación final de esta polémica reforma.
Para declarar su invalidez se requerirá el voto favorable de al menos ocho de los once ministros. Pero, ¿qué es exactamente lo que propone el proyecto de González Alcántara, y cómo podría cambiar el futuro del Poder Judicial en México?
LO QUE PROPONE INVALIDAR: LAS PIEZAS MÁS CONTROVERTIDAS DE LA REFORMA
En su proyecto, el ministro González Alcántara propone invalidar aspectos de la reforma que amenazan la independencia judicial y el debido proceso. Entre estos, se destacan:
- Elección de jueces y magistrados por voto popular a nivel federal y estatal, pues considera que esta medida atenta contra la independencia judicial. La elección popular de estos cargos es, según el proyecto, inconstitucional e impráctica de implementar, y podría vulnerar los principios de imparcialidad que el Poder Judicial necesita para funcionar con integridad.
- La figura de los “jueces sin rostro”, que busca mantener la identidad de los jueces en anonimato en casos relacionados con delincuencia organizada, también fue invalidada en el proyecto. Se argumenta que esta figura contraviene el principio de debido proceso y podría vulnerar el derecho a un juicio justo.
- El proyecto también limita las “súper facultades” del Tribunal de Disciplina Judicial. Aunque reconoce la validez de su creación, señala que sus amplios poderes podrían ser usados para someter a jueces y magistrados a presiones indebidas, debilitando su independencia.
- Finalmente, el proyecto cuestiona la destitución arbitraria de jueces y magistrados de circuito por parte del Tribunal de Disciplina Judicial, lo que vulneraría la estabilidad en el cargo, un principio que sostiene la independencia judicial.
LO QUE SE MANTENDRÍA: CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LA SCJN
A pesar de las propuestas de invalidez, el ministro González Alcántara considera que otros aspectos de la reforma deberían permanecer intactos. Entre ellos, destaca:
- La elección popular de ministros de la SCJN, magistrados electorales y del Tribunal de Disciplina.
- La reducción del número de ministros de once a nueve, junto con la eliminación de las salas de la SCJN y de la sala regional del Tribunal Electoral.
- La limitación de las remuneraciones de los funcionarios judiciales recién nombrados, para que no excedan las del presidente de la República.
¿Las reformas constitucionales pueden ser inconstitucionales?
Las justificaciones detrás del proyecto de sentencia apuntan a la excepcionalidad del caso. Para el ministro González Alcántara, la SCJN tiene la facultad excepcional de analizar reformas constitucionales cuando estas amenazan el estado democrático y los principios fundamentales de la Constitución.
En este caso, el riesgo radica en que ciertos aspectos de la reforma judicial debilitan la independencia judicial de manera irreversible.
Sin embargo, también se reconoce que la SCJN no debe intervenir en los aspectos de la reforma que afectan su propia estructura.
Esto significa que el cambio en el número de ministros, la elección popular de estos y la reorganización interna de la Corte son elementos que deben respetarse.
Aunque no por carecer de afectaciones a la independencia judicial, sino como una forma de ‘autocontención’ del propio Poder Judicial al tratarse de temas que le afectan directamente, buscando, de alguna forma, ser un tipo de salida política a la crisis constitucional actual.
¿HABRÁ FIN DE LA CRISIS CONSTITUCIONAL?
La SCJN celebrará una sesión el martes 5 de noviembre, donde se votará el proyecto del Ministro González Alcántara. Si al menos ocho ministros respaldan la propuesta, o acuerdan una invalidación total, esta se convertirá en sentencia. Si no se alcanzan los ocho votos, la reforma judicial se mantendría en sus términos actuales.
El proyecto de sentencia de González Alcántara busca ofrecer una visión balanceada en la que se reconoce la capacidad del Legislativo para reformar el Poder Judicial, pero sin perder de vista los riesgos de someter la justicia a los vaivenes del poder político.
¿CUÁL SERÁ LA RESPUESTA DEL PODER EJECUTIVO Y EL PODER LEGISLATIVO?
No dejan mucho a la especulación. Han sido claros desde el momento que han ignorado las numerosas suspensiones contra la aprobación e implementación de la Reforma Judicial. Además han impulsado una reforma constitucional para cortar de raíz todos los recursos que se han presentado en contra, violentando el principio de no retroactividad.
Su mensaje es claro: no piensan permitir que el Poder Judicial se interponga en su camino.
Sin embargo, con la entrada en vigor de la Reforma Judicial, emergió otro actor relevante: El Instituto Nacional Electoral (INE). Ha tratado de navegar en aguas revueltas, bajo un velo de ambigüedad. Por un lado, trata de aparentar que el proceso está en pausa, mientras sus órganos trabajan para la implementación de la elección judicial, a la vez que acudió al Tribunal Electoral para obtener ‘luz verde’.
Si la Suprema Corte decide invalidar parcial o totalmente la Reforma Judicial, el papel del INE y, en particular, de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, será determinante. ¿Acatará la sentencia de la Corte o continuará adelante, apoyándose en el respaldo del Poder Ejecutivo y Legislativo?
Los indicios sugieren que podría inclinarse por la segunda opción, a menos que los consejeros electorales —de los cuales entre cinco y seis han demostrado posturas independientes respecto a la presidenta— decidan intervenir para que se cumpla con la ley.
Aún le quedan varias semanas a esta crisis constitucional.
@Juan_OrtizMX
