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El despropósito y las ocurrencias. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– La Reforma Judicial es consecuencia del enojo del presidente López Obrador porque no se respaldó la reforma reglamentaria que transfería la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esta es la lectura que hace el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y por ello pide reflexionar sobre el despropósito que se está por cometer en contra de los integrantes del Poder Judicial.
La Suprema Corte estaba impedida de aceptar que una legislación secundaria estuviera por encima de la Constitución, la que señala con claridad que la Guardia Nacional es una corporación de carácter civil.
En efecto, lo que resolvió la Corte, en su momento, significó un distanciamiento con Palacio Nacional y, de paso, el incumplimiento de lo mandatado, porque la Guardia Nacional está conformada por soldados y su mando es uno de ellos.
A partir de las revelaciones del ministro, se puede entender la poca calidad de la iniciativa presidencial y de que a estas alturas se estén lanzando ocurrencias porque ya se dieron cuenta de que la elección de ministros, jueces y magistrados tendrá un costo elevado y que nadie se ocupó de semejante minucia.
Aunado a ello, ya les cayó el veinte que no es fácil eso de ser juez, y que son indispensables conocimientos que sólo pueden provenir de una larga carrera en los ámbitos judiciales o académicos.
A Guadalupe Taddei nadie la puede acusar de ser anti-morenista, pero inclusive ella está alarmada por la ausencia de estudios que indiquen el tamaño de la consulta, lo que respecta a los financiamientos públicos para los aspirantes a juez por elección popular y el dinero que se va a requerir, a sabiendas de que este no abunda. Es más, no tienen en el INE ni la idea del tamaño de las bodegas que se van a ocupar para guardar una papelería que excederá lo que hasta ahora conocemos.
El propio presidente López Obrador está promoviendo que se hagan rifas o tómbolas, quizá olvidando que su propia iniciativa establece que son los tres poderes los que pueden hacer las postulaciones y nadie más.
Se podría, a estas alturas nada es imposible, realizar cambios a la propuesta para instrumentar las tómbolas como mecanismo de selección, dejando al azar el futuro de quienes tengan que enfrentar un litigio.
La ministra Yasmín Esquivel quiere una especie de revocación de los jueces por votación ciudadana, como si el grueso de la población pudiera evaluar el desempeño de un juzgado o un tribunal. Se desconoce, porque es una idea al vuelo, como tantas otras, cuáles serían los parámetros o modelos para medir la eficacia.
Imaginen la pregunta: ¿está de acuerdo con el desempeño del juez fulano? ¿Cree que las resoluciones del juez mengano resultaron apegadas a la ley?
Esta propuesta implicaría una subordinación absoluta de los juzgadores a los partidos políticos o, peor todavía, a los poderes, legales o ilegales, capaces de movilizar el voto.
Sería todo un desafío, todavía mayor del que ahora ya es, para un juez en Culiacán sentenciar a un narcotraficante y lograr permanecer en funciones.
Lo que sí se logrará, es politizar el sentido de cada sentencia, porque quienes las emitan estarán pensando en las urnas y no en las leyes.
Cada día que pasa, la determinación de elegir a los jueces por voto popular encuentra más fisuras, pero sus impulsores están cada vez más decididos a bordear el precipicio.
Es más, lo que no quieren ni escuchar, es justamente lo que más peligros traerá, pero como es lo sustancial de la propuesta de López Obrador, nadie con poder de decisión, ahora o en octubre, se moverá ni un milímetro.
Hacen mal, sobre todo la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, quien tendrá que hacerse cargo del desastre, porque la victoria de tener una Suprema Corte y un Tribunal Electoral de incondicionales palidecerá ante el colapso de la justicia cotidiana, en los miles y miles de asuntos que van a quedar a la deriva.
@jandradej
