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Una reforma que afectará a todos, incluso a sus creadores. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Más allá de lo que determine el Pleno de la Corte, si respalda o si rechaza la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara, estaremos ante el final de toda una época.
Se está desmontando, y no hay sentencia que pueda impedirlo, el modelo de democracia liberal, donde la independencia judicial es una de sus piezas, y eso ya no se podrá detener en los próximos años y si próximamente se consuma también la reforma electoral, no lo hará en décadas.
Los que fueron grandes partidos, el PAN, PRI y PRD, pecaron de arrogancia al creer que el sistema sólo requería de ajustes y que lo trascendente era concentrarse en la forma de ejercer el poder, de ahí la creación de órganos autónomos, toda vez que la mecánica de acceder parecía resuelta.
Todo esto empezó a desmoronarse en la elección del 2018 y estalló por los aires en la del 2024.
Muchos creímos que el INE y el TEPJF tenían la solidez suficiente para sortear los ramalazos del populismo y que la propia ciudadanía corregiría el rumbo. Un error de análisis de grandes proporciones que impidió elaborar proyectos y establecer estrategias adecuadas al nivel del desafío en curso.
Y no es que lo que se hizo desde la oposición y en la sociedad civil resultara baladí, para nada, pero el esfuerzo no corrió por los cauces adecuados.
Más allá del modo mafioso en que Morena obtuvo la mayoría en el Senado y de la cuestionable aplicación de la sobrerrepresentación en San Lázaro, la estocada ya había tocado órganos vitales de nuestra democracia.
Por eso el Poder Judicial se convirtió en el último eslabón. Esto lo saben los ministros, y en particular está claro en la propuesta del ministro González Alcántara.
De ahí la trascendencia de la discusión, porque al menos especificará las barreras que se fueron desmontando, desde el poder político, para instaurar un nuevo régimen, alejado de la voluntad reformista que inició en los años setenta del siglo pasado, que tuvo como distintivo, el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, incluidas las minorías, en su evolución.
Una de las características de las iniciativas del entonces presidente López Obrador, hecha suya por la actual mandataria, es que rompió con esa lógica, suprimiendo o banalizando las propuestas opositoras.
En Palacio Nacional y en las cámaras legislativas, quienes ostentan la mayoría no están en disposición de acatar lo que se determine en el máximo tribunal. Lo vienen haciendo desde hace semanas, al burlarse de las suspensiones y al dejar en el limbo la administración de justicia.
Son dos vías paralelas, la judicial y la del gobierno y sus legisladores, que, en todo caso, solo confluirán para la ruptura, más profunda de lo que se está mostrando hasta ahora.
La poca disposición democrática, que es la que en realidad anima el cambio en el Poder Judicial impulsada por la 4T, está destinada a convertirse en una victoria pírrica, porque los juzgados y tribunales serán inoperantes.
Aplica aquella reflexión de Antonio Machado, en “Juan de Mairena” que señala que “nuestros políticos llamados de izquierda –un tanto frívolos digámoslo de pasada—rara vez calculan, cuando disparan sus fusiles de retórica futurista, el retroceso de las culatas, que suele ser, aunque parezca extraño, más violento que el tiro”.
En efecto, es probable que no esté en las previsiones de la mayoría política el efecto que tendrá su reforma, inclusive si nos atenemos a la esencia de que en el fondo es una captura para disolver el equilibrio del poder.
Sí, los órganos judiciales, como hasta ahora los conocimos, quedarán suprimidos, pero nadie sabe las características de lo que surgirá a cambio.
Un asunto nada menor, porque la elección de juzgadores, con sus consecuencias nocivas, puede ser apenas el inicio de una avalancha que terminará por afectar también a sus impulsores.
@jandradej
