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La Reforma Electoral que no fue

El Plan A de Reforma Electoral nunca verá la luz. Pero en los próximos días será presentada, discutida y votada una nueva iniciativa en la Cámara de Diputados: el Plan B, a fin de obligar un recorte presupuestal de por lo menos 3 mil millones de pesos. En este escenario, el Poder Judicial sería la última línea de defensa del INE.

12 / 01 / 22

Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa

EMEEQUIS.– Las elecciones de 2023 y 2024 están cada vez más cerca. De ahí la urgencia del oficialismo de modificar nuestro sistema electoral.

Tras las Marcha por la Democracia fue presentado finalmente el dictamen de la Reforma Electoral, el Plan A. Se trata de un documento de casi mil cuartillas –935 para ser exactos–. ¿Pero eso significa que en la Cámara de Diputados se hizo un trabajo serio de análisis? No realmente. 

En 406 páginas del dictamen, sólo se enlistan los cambios propuestos por 62 iniciativas de reforma constitucional: una enviada por el presidente, otra por el Congreso de Aguascalientes y el resto por los distintos grupos parlamentarios.

En 289 páginas se resumen las ponencias en 22 foros presenciales, un Foro Virtual y un Foro Digital Juvenil. Ningún punto de vista o propuesta fueron considerados en el dictamen.

En 13 páginas comparten tres encuestas de opinión:

●      El primero elaborado por la Cámara de Diputados.

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●      El segundo por el INE en octubre de este año.

●      El tercero por la agencia Enkoll.

El dictamen sólo destaca los resultados favorables a las propuestas del Presidente. Pero omite que, en dos de ellas, la mayoría de los encuestados desconocen su iniciativa.

También oculta una pregunta de la encuesta de Enkoll donde menciona que el 68% prefiere mejorar la calidad de la democracia antes que reducir el coste de las elecciones. Justo lo contrario que busca la Reforma Electoral.

En 18 páginas comparte dos análisis de impacto presupuestal. Ambos presumen ahorros. Pero resulta por demás extraño que no revisan el coste de organizar elecciones a nivel nacional para elegir consejeros y magistrados electorales.

Tampoco calcula el gasto que deberán realizar el INEC y el Tribunal Electoral Federal para llevar a cabo las funciones de los organismos locales eliminados.

En 22 páginas, expone la historia de las reformas político-electorales con miras a normalizar los cambios constitucionales que pretende el dictamen. Pero no menciona que estas reformas fueron construidas entre todas las fuerzas políticas.

En sólo cuatro páginas, se intenta hacer un ejercicio de revisión de las 62 iniciativas constitucionales, pero únicamente compara las coincidencias que existen con la reforma del Presidente. 

Y así se nos fueron 757 páginas. 

A partir de aquí, inicia un análisis de 73 páginas sobre la iniciativa presidencial sobre siete ejes:

  1. Financiamiento de Partidos Políticos
  2. Acceso a radio y televisión
  3. Eliminación de autoridades electorales locales
  4. Elección de integrantes del INEC y el Tribunal Electoral Federal
  5. Elección mediante sistema de listas y reducción de legisladores
  6. Voto electrónico
  7. Reducción de congresos locales y ayuntamientos

De estos, el eje más débil es el cuarto. A diferencia del resto, donde se intenta justificar con datos estadísticos y la experiencia internacional en estos rubros, el único argumento que esgrime es acabar con las cuotas partidistas.

No explica por qué es mejor un sistema donde la ciudadanía vote por candidatos propuestos por el Presidente (por designación directa), el Congreso (por mayoría calificada) y el Poder Judicial (por mayoría calificada). Tampoco cuestiona la falta de mecanismos para asegurar un mínimo de experiencia o conocimientos electorales en los perfiles.

Finalmente, en las 103 páginas que restan se transcriben las propuestas de modificación de la iniciativa del Presidente.

De esta manera, se termina un largo proceso en el que transcurrieron foros, discusiones, acusaciones, filtraciones en medios, persecuciones políticas, intentos de conciliación, dos marchas multitudinarias, así como la muerte y renacimiento de Va por México.

Esta reforma electoral, el Plan A, nunca verá la luz. Pero de acuerdo con la propia bancada de Morena, en los próximos días será presentada, discutida y votada antes una nueva iniciativa en la Cámara de Diputados, el Plan B.

Se trata de un paquete de reformas a leyes secundarias para modificar la organización interna del Instituto Nacional Electoral, a fin de obligar un recorte presupuestal de por lo menos 3 mil millones de pesos en nombre de la austeridad. Solo se necesitan los votos de Morena y aliados para su aprobación.

En el Senado tendrán hasta el 15 de diciembre, antes del cierre de periodo legislativo, para recibir y analizar la minuta del Plan B con la finalidad de que entre en vigor en 2023. Salvo que de último minuto decida Ricardo Monreal sumar fuerzas con la oposición, será aprobado sin mayor problema.

En este escenario, el Poder Judicial sería la última línea de defensa del INE.

@Juan_OrtizMX

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