Por Juan Ortiz / Lupa Legislativa
EMEEQUIS.– Es indiscutible que la salud y la educación son pilares para el bienestar y el progreso de una sociedad. Sin embargo, parecieran ser relegados a un segundo plano en las prioridades de gasto del gobierno federal.
Mientras las megaobras y proyectos de infraestructura son enaltecidos y financiados con creces, los presupuestos en materia social quedan en la sombra, con consecuencias devastadoras para la calidad de vida de millones de personas.
Hoy vemos casos donde Dos Bocas recibe sumas millonarias adicionales, mientras que el presupuesto del programa de medicamentos gratuitos no se gastó en su totalidad.
Cada tres meses, la Secretaría de Hacienda entrega un informe a la Cámara de Diputados sobre la situación económica, finanzas públicas y deuda pública.
Este documento es fundamental para que los legisladores evalúen el desempeño en diversos rubros, como recaudación, gastos y endeudamiento.
¿Qué dice el informe de Hacienda sobre los primeros seis meses de 2023?
Fuente: Secretaría de Hacienda
Destaca que más de 189 mil millones de pesos que estaban previstos no entraron a las arcas públicas. Es una cifra que equivale a la construcción de dos aeropuertos como el AIFA.
Las autoridades atribuyen este desequilibrio al fenómeno del ‘súper peso’, que resultó en menores ingresos por venta de barriles de petróleo y el cobro del IVA por bienes importados, ambos realizados en dólares.
Y si afecta a los ingresos, afecta al gasto.
En los primeros seis meses de 2023, no se ejercieron 279 mil millones de pesos, lo que representa 20 veces el presupuesto del INE o 310 veces el gasto anual del INAI.
Fuente: Secretaría de Hacienda
Pero lejos de aplicar austeridad para cumplir con sus principales obligaciones y garantizar los derechos de las personas, el gobierno federal se aseguró que a sus megaobras no les falten recursos.
Tenemos el caso de la Secretaría de Energía, encargada de la construcción de la Refinería Olmeca, que gastó casi el doble de lo programado.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda gastó 42 mil millones de pesos adicionales, coincidiendo con la compra de plantas de energía de Iberdrola.
Las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores también usaron más recursos de los proyectados, lo cual resulta cuestionable, especialmente en el contexto de las aspiraciones presidenciales de sus anteriores titulares.
Mientras aún estaban en el poder, Adán Augusto gastó 36% más de lo previsto. En el caso de Marcelo Ebrard, hablamos de un ejercicio superior al 17%.
Fuente: Secretaría de Hacienda
En contraste, no se usaron 37 mil millones de pesos del presupuesto destinado a la función de salud, esto es, lo que gasta IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud, Marina y Sedena para este fin.
El programa de medicamentos gratuitos de la Secretaría de Salud es una de las principales víctimas, ya que uno de cada cinco pesos no se usó.
El programa de medicamentos gratuitos solo utilizó 27 de los 34 mil millones de pesos previstos de enero a junio de 2023.
El subejercicio de miles de millones de pesos destinados a salud es una llamada de atención que no puede ignorarse. Hospitales y clínicas enfrentan carencias alarmantes de recursos y personal, lo que afecta directamente a quienes más necesitan atención médica. Hoy lo vemos con las tragedias ocurridas por la falta de mantenimiento de elevadores en hospitales del IMSS.
Mientras tanto, programas esenciales de medicamentos gratuitos y acceso a servicios básicos de salud sufren de falta de recursos, dejando a miles de familias vulnerables sin la protección necesaria para enfrentar enfermedades y emergencias médicas.
Respecto a educación, son más de 12 mil millones de pesos que no se utilizaron. La falta de inversión adecuada se traduce en aulas sobrepobladas, infraestructuras deterioradas y escasez de materiales didácticos. Los docentes, que juegan un rol fundamental en la formación de niñas y niños, enfrentan condiciones precarias y sueldos insuficientes para su labor.
En un panorama de contrastes, es revelador cómo proyectos faraónicos y gastos superfluos siempre encuentran respaldo económico mientras la salud y la educación, que deberían ser derechos garantizados para todos, se ven afectadas cuando hay que aplicar austeridad.
En esta misma columna cuestionaba el papel de los diputados en la revisión del gasto público. Si su primera, y más importante, obligación es revisar, modificar y crear leyes, la segunda sin duda en vigilar el uso de los recursos públicos.
Lamentablemente, continúa como una de las tareas más olvidadas por los legisladores, y de las más desaprovechadas por la oposición.
La responsabilidad de la Cámara de Diputados en la revisión del gasto público es esencial para asegurar una distribución equitativa y efectiva de los recursos. Los ciudadanos debemos exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestros representantes, recordándoles que velar por derechos como la salud y la educación es una obligación ineludible.
Solo a través de una fiscalización rigurosa y una gestión responsable en el presupuesto público es como se podrá garantizar que vamos en el camino correcto.
Busquemos a nuestros diputados.
@Juan_OrtizMX
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