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La mala información sobre la SCJN

La orden al gabinete de AMLO de no tomar llamadas de ministros de la Corte es por demás absurda e inoperante, porque hay múltiples asuntos que requieren de diálogo permanente. El enojo de AMLO debería canalizarse a sus asesores en torno a la Guardia Nacional.

Por Emequis
4 / 24 / 23

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– La orden es tajante. Ni la llamada le pueden tomar a los ministros y ministras los integrantes del gabinete del presidente López Obrador.

Es una determinación por demás absurda, y terminará por no operar, porque hay múltiples asuntos en los que se requiere de un diálogo permanente. 

Así lo hizo el secretario de Gobernación, Adán López Hernández, en los días y semanas anteriores a que se votará sobre la adscripción de la Guardia Nacional. 

A nadie le parecieron mal esos encuentros, porque forman parte de la dinámica de cualquier litigio y más aún en los que tienen alcances sobre la interpretación de la Constitución, como era el caso. 

¿Qué decir de las visitas del ministro Arturo Zaldívar a las oficinas presidenciales? ¿Esas no eran enjuagues para que no se listaran los asuntos relevantes? 

Pero el presidente está enojado con el pleno de la SCJN porque sufrió un revés importante, cuando le enmendaron la plana y le ordenaron que la Guardia Nacional se sujete al mando de la Secretaría de Seguridad. 

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Le fallaron los cálculos, porque creyó que la nominación que él realizó de los integrantes del Pleno se iba a traducir, por necesidad, en sometimiento. Eso era desconocer la historia y no valorar el enorme poder que adquieren quienes visten la toga. 

En el fondo, se estableció un límite a ocurrencias y caprichos y por eso el desplante que no debiera provenir de quien tiene la más alta responsabilidad en el servicio público. 

A estas alturas es difícil saber si le mal informan al presidente de la República, o si aprovecha, por intuición e instinto, las coyunturas que le permiten establecer un esquema de polarización. 

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Esta vez el desencuentro proviene del supuesto intento de negociación de los ministros para aplazar lo que acordaron hace apenas unos días. 

Desde la votación del martes pasado se manifestó que se requería establecer los alcances de la sentencia. Es decir, dotar de una ruta que diera certeza a un ordenamiento que significará un desafío mayor en términos logísticos y presupuestales. 

¿Por qué hicieron esto los ministros? Porque saben de lo delicado del tema y en modo alguno quieren provocar problemas mayores a los que generó la terquedad de querer saltarse el texto constitucional, para jugar a las fuercitas con el Poder Judicial. 

Es más, en Palacio Nacional deberían haber agradecido la disposición de la Corte, en lugar de sumergirse en chismes y en absurdos, como señalar que hay arrepentimiento de los ministros por lo que se decidió, cuando lo que existe es alarma por el desaseo con el que se plantean iniciativas y reformas. 

¿Habría sido mejor que la sentencia se cumpliera en su totalidad de inmediato? La sola pregunta encierra el absurdo, porque ello es imposible. Se requieren plazos y vencen el 1 de enero de 2024. 

Es más, se requerirá de diálogo, sobre todo porque se puede caer en una inejecución de sentencia, en complejidades que requieren de extensiones en el tiempo, de prudencia y sentido de Estado. 

Tendrán que volver las llamadas, los contactos, porque sería muy irresponsable el propiciar una especie de ruptura entre poderes.

En el fondo, lo que se está haciendo es renunciar a la política y degradarla, dándole al diálogo una connotación negativa, cuando lo prudente sería alentarlo. 

El enojo del presidente López Obrador debería canalizarse a sus consejeros, a quienes no le hicieron ver lo que podría ocurrir, toda vez que las posibilidades de llevar a la Constitución la militarización de la seguridad pública no habían transitado porque Morena no cuenta con la fuerza legislativa suficiente para ello y existen dudas fundadas de que pueda tenerla en la siguiente legislatura.   

Pero, sobre todo, a los que le vendieron la idea de que iba a prosperar la militarización sin cambios legales profundos, y en los que inclusive todavía se tendría que pasar sobre los tratados internacionales firmados por México. Nada es imposible, pero le tendrían que avisar que era una carrera de fondo y sin meta a la vista. 

Lo que urge es de juristas, dentro del entorno presidencial, que sean capaces de decir las cosas, de advertir lo que todo el mundo advierte, de señalar que la ley es la ley, aunque moleste. 

@jandradej 

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Emequis



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