SOBRE EL AUTOR
¿CUÁL ES LA HISTORIA?
EMEEQUIS.- El intento de detención de Javier Corral la noche del miércoles en la Ciudad de México no solo fue un espectáculo digno de un thriller político, sino que también ha destapado las profundas grietas en el sistema judicial y político de nuestro país. Lo que debía ser un procedimiento rutinario de aprehensión se transformó en una batalla campal entre dos fiscalías, revelando las miserias y tensiones acumuladas entre los gobiernos estatales y federales. Este incidente es un reflejo del uso perverso de las instituciones judiciales como herramientas de venganza política.
El exgobernador de Chihuahua, ahora senador electo por Morena, ha sido un personaje polémico desde su gestión. Durante su mandato, se ganó enemigos poderosos al destapar la cloaca de corrupción que su predecesor, el priista César Duarte, había dejado. La actual gobernadora, Maru Campos, ha sido una aliada estratégica de Duarte, a pesar de pertenecer a partidos diferentes. Esta “promiscuidad política”, como la ha denominado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un síntoma de un sistema en el que las alianzas son tan flexibles como las convicciones.
La versión oficial de los hechos es casi surrealista. Agentes de la Fiscalía de Chihuahua llegaron a un restaurante en la Colonia Roma con la intención de capturar a Corral por presuntos delitos de desvío de recursos. Sin embargo, fueron confrontados por el fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien impidió la detención, argumentando que la Fiscalía de Chihuahua no había solicitado el acuerdo de colaboración necesario para ejecutar una orden de aprehensión fuera de su jurisdicción, calificando el intento de captura como ilegal.
Lo que debería haber sido un procedimiento rutinario se convirtió en una demostración de fuerza y en una maniobra de obstrucción. La intervención de Lara, más que la de un fiscal preocupado por la legalidad, pareció la de un abogado defensor que llegó a tiempo para salvar a su cliente. Corral, al estar a punto de obtener el fuero como senador, se convierte en una pieza clave en el tablero político que Morena quiere mantener bajo su control.
Este incidente abre un frente de guerra entre las fiscalías y tensiona aún más las relaciones entre los gobiernos de Chihuahua y de la Ciudad de México, pero lo que es más preocupante es el precedente que sienta. ¿Qué mensaje se envía cuando una orden judicial puede ser ignorada si no conviene a los intereses del poder en turno? La justicia se ve erosionada cuando las decisiones políticas se imponen sobre los mandatos judiciales, creando una peligrosa narrativa en la que la legalidad es maleable según las conveniencias del momento.
El presidente López Obrador no tardó en salir en defensa de Corral, sugiriendo que la maniobra de la Fiscalía de Chihuahua tenía como objetivo impedir que el exgobernador asumiera su escaño en el Senado. En su habitual tono de desconfianza hacia sus adversarios, el mandatario apuntó a una conspiración entre la gobernadora Campos y César Duarte, alimentando así el relato de que todo se trata de una venganza por las acusaciones que Corral promovió contra Duarte.
Más allá de las teorías conspirativas, lo que queda es una profunda desconfianza en las instituciones. La ciudadanía es testigo de cómo el poder judicial puede ser utilizado como un arma política, lo que mina la credibilidad de las autoridades y refuerza la percepción de que la justicia en México es un juego de poder y no una búsqueda de la verdad.
El caso de Corral y el choque entre las fiscalías no es un hecho aislado, sino parte de un patrón preocupante en el que la justicia se convierte en un campo de batalla para los intereses políticos. Mientras los fiscales y los políticos juegan sus juegos de poder, la sociedad queda atrapada en medio, con un sistema judicial cada vez más desacreditado y una confianza en el estado de derecho que se desmorona.
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Es imperativo que los líderes políticos y judiciales de este país tomen conciencia del daño que estas luchas intestinas causan al tejido institucional. La justicia no debe ser manipulada para castigar a enemigos políticos o proteger a aliados; debe ser ciega y estar al servicio de la verdad y la equidad. De lo contrario, estaremos caminando hacia un escenario en el que el estado de derecho es una ficción y la ley es solo una herramienta más en el arsenal político. Como decía Albert Camus en El hombre rebelde, “nada es más despreciable que el respeto basado en el miedo”. En este caso, parece que la ley ha sido convertida en un instrumento de miedo, y no en un garante de justicia.
El intento de detención de Javier Corral y la respuesta de la Fiscalía de la Ciudad de México marcan un punto de inflexión. La pregunta es si esta crisis servirá para reforzar la independencia del poder judicial o si será un paso más hacia su total politización. Lo que está en juego no es solo el destino de un político, sino la credibilidad de todo un sistema que, si sigue por este camino, terminará por perder la poca legitimidad que le queda.
@Sandra_Romandia
