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EMEEQUIS. Los trabajadores del Poder Judicial están dando una lección de dignidad. Son, en más de un aspecto, la última frontera antes de que se consume el golpe, el que se tiene planeado para los primeros días de septiembre.
Más allá del desarrollo de su movimiento, de los paros de labores que ya iniciaron, muestran una actitud acorde con la formación que recibieron y que han ido puliendo con mucho esfuerzo y al largo de los años.
Sí, a ellos les importa el mérito, porque es una de las formas de la permanencia y el ascenso, ajena, por cierto, a los compadrazgos y a los clanes políticos.
Están hartos de las injurias que se lanzan desde Palacio Nacional de modo cotidiano, acusando de corrupción generalizada, cuando esto no se acompaña nunca de las denuncias respectivas.
Además, es paradójico que las acusaciones provengan de un gobierno que es complaciente con el crimen, y en donde quienes dan la cara y sí sancionan a los bandidos son los propios juzgadores y los empleados de los circuitos judiciales.
Por lo pronto, ya hay suspensiones de labores en Zacatecas, Yucatán, Morelos, Coahuila, Tabasco, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, la Ciudad de México y Nayarit.
Más allá de las sumas y las restas, no hay que perder de vista lo inusitado del momento, el calibre de la resistencia. Nunca ocurrió algo semejante, porque tampoco existió un desafío de esas magnitudes en el pasado.
El descontento con la Reforma Judicial es evidente, los conocedores saben que nada bueno vendrá de cambios que tienen el objetivo de capturar al Poder Judicial, para ponerlo al servicio de intereses ajenos a los de la legalidad.
Por si esto fuera poco, se está también en la antesala de la mediocridad como bandera. A estas alturas nadie se puede engañar de cuáles son los perfiles que gustan en quienes tienen el poder.
El dictamen de la Reforma Judicial logró algo que parecía imposible: empeorar lo que propuso el presidente de la República desde febrero pasado.
El ejercicio de sordera que significaron los Foros se refleja en un documento plagado de insensateces. Está plasmada la teoría del garrote y la zanahoria, alentando a los actuales ministros de la SCJN para que renuncien de una buena vez, si quieren salvar algún recurso para su retiro.
Si todo sale como ordenó López Obrador, en junio del próximo año será la elección de los nueve ministros, pero no deja de ser inquietante que quieran reducir al Pleno de una vez, con una prisa más que sospechosa.
La propuesta ha perdido apoyos en la opinión pública, como lo muestra la encuesta publicada por El Financiero este lunes. El respaldo cayó, entre enero y agosto, del 69% al 44 %.
La estrategia de desprestigio y las peroratas cotidianas en contra de los jueces ya no están teniendo el mismo efecto, porque ya en las vísperas de las aprobaciones, el monumental error que se está por cometer va visualizándose más allá de su primer contorno.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un llamado al INE y al TEPJF para que se haga una asignación de diputaciones plurinominales que permita que prevalezca el equilibrio democrático.
Es un pronunciamiento que hay que valorar en el contexto de la crisis judicial que está iniciando. Los empresarios lo último que necesitan es que el país entre en las brumas de la inseguridad jurídica.
Se irán sumando voces contra el despropósito. Por desgracia, todo indica que ya no hay tiempo para detener la Reforma. Estamos ya a unas semanas que rindan protesta los nuevos legisladores, y si prevalecen los cálculos en la integración de las bancadas, ya no hay mayor margen en el Congreso.
Pero queda la sociedad, de la que forman parte los integrantes del Poder Judicial y es momento de respaldarlos. Peor es no hacer nada, aunque se sabe que vienen batallas de largo aliento.
@jandrade
