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La CNDH y su arenga militar

Sobre la militarización de las tareas de seguridad, nadie esperaba que la CNDH tuviera una posición digna y destacada, pero no deja de ser inquietante que salgan a la arena pública para sumarse de lleno a una labor propagandística.

Por Emequis
9 / 15 / 22

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– En la CNDH creen que el país atraviesa por una crisis desatada de inseguridad y violencia, que se tienen que implementar medidas no convencionales, ya que está en riesgo la seguridad nacional. Por eso respaldan la decisión de militarizar, ya sin matiz alguno, a la Guardia Nacional. 

Puede ser, en efecto, todo eso que afirman, lo extraño es que se sumen a lo que justamente nos está llevando a esa situación. 

Mucho menos abundan en cómo se complementa su alarma, con las omisiones, de quienes tienen la obligación de garantizar el imperio de la ley, para enfrentar al crimen organizado que se atestigua día con día. 

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La actual administración lleva cuatro años y las cosas no sólo no mejoran, empeoran día con día.  Por momentos pareciera que los servicios del Ejército en tareas de seguridad pública están por iniciar y no que son ya una situación de más de una década. 

“Son tiempos excepcionales y de emergencia”, así lo dicen en el pronunciamiento en que anuncian que no presentarán una acción de inconstitucionalidad por la aprobación de la reforma que despoja, violando la Constitución, del carácter civil que debería tener la Guardia Nacional. 

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Saben que se violenta la convencionalidad de tratados firmados por el país, pero admiten que “es momento de definiciones, o se está contra el pueblo o se está contra él”. 

Argumentos que funcionarían más arengando en un mitin, que reflexionando sobre el futuro de la seguridad pública. 

Sus argumentos para respaldar la profundización de la militarización son una mezcolanza explicable por el extravío que impera en esa institución, pero muestran hasta dónde alcanza el control que se ejerce desde Palacio Nacional cuando se considera necesario.

Supongo que, a estas alturas, nadie esperaba que la CNDH tuviera una posición digna y destacada en este momento tan complejo para el orden constitucional y para los riesgos que conllevará en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales, pero no deja de ser inquietante que salgan a la arena pública para sumarse de lleno a una labor propagandística. 

Confían y no confían en el Ejército. Dicen, en el equipo de Piedra Ibarra, que no es como antes, porque ahora estamos de lleno en la transformación. Maltratan a las fuerzas armadas, como lo vienen haciendo desde hace décadas, pero confían en que la guía del titular del Ejecutivo los llevará a buen puerto.  

En el antiguo régimen se “desvió (a las fuerzas armadas) de su misión social para ejecutar violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que aseguraran el control político y social, la represión de toda disidencia que pusiera en riesgo la hegemonía de un partido político”.

Sería interesante preguntarle a los generales, coroneles y mandos, que llevan décadas en el servicio de las armas, que opinión les merece semejante conjetura. 

También a los que se han formado, desde hace ya décadas, bajo parámetros de protección a los derechos humanos, de lealtad institucional y compromiso con la democracia.

Quienes hoy deciden en las fuerzas armadas no se inscribieron en ellas el 1 de diciembre de 2018, ni entraron en una especie de purificación ideológica como la que ahora se pretende. 

Pero en la CNDH utilizan la fórmula mágica de la 4T, las encuestas. Un disparate desde el punto de vista legal, pero si ni en el Congreso importan los formalismos, menos en una dependencia que tiene categoría de subordinada al poder. 

De la mezcla bizarra de argumentos, ideas, anhelos y disparates con que informan que no harán su trabajo, me quedo con aquello de que las fuerzas armadas están bien calificadas, pero añado que al parecer se encuentran empeñados en arriesgarlas hasta que no lo estén.

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José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, fue absuelto por el delito de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La resolución puede ser impugnada por la FGR. 

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se quejaba de ello y con razón. Ya que tan sólo con el juez Samuel Ventura Ramos, han obtenido su libertad 77 implicados en esos hechos. 

Pero el desastre es también muestra de la ineficacia del fiscal encargado del caso, que en su obsesión por castigar a quienes indagaron, permite que no se castigue a los que delinquieron. 

@jandradej

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