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La Ciudad Gótica que imaginan en Gobernación

Si la Suprema Corte decide inaplicar el artículo 19 de la Constitución, las calles no se llenarían de delincuentes, porque se revisaría caso por caso una medida cautelar optativa, pero desde Palacio Nacional pintan una situación catastrófica: nada nuevo para un gobierno que no suele asumir ninguna responsabilidad.

4 / 19 / 24

EMEEQUIS.- A Luisa Alcalde, la secretaria de Gobernación, no le gusta la Convención Americana de Derechos Humanos y por ello no quiere que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana (CorteIDH), emitida en enero de 2023, que obliga a ajustar los preceptos sobre prisión preventiva oficiosa. 

Desde 2019, en la 4T optaron por aumentar el catálogo de delitos graves que implicaran ir directo al reclusorio, contraviniendo la lógica del sistema acusatorio y generando diversos problemas en cuanto a los tratados internacionales y la protección de los derechos humanos.

Esto lo que ha propiciado es que las policías y las fiscalías no hagan su trabajo, porque cuentan con un instrumento, o una coartada,  para que los presuntos responsables de un delito se queden en la cárcel, mientras se lleva a cabo su proceso, donde en no pocas ocasiones terminan absueltos. 

Por eso la medida está en entredicho, y hay motivos para ello, y son de escándalo. Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz permanecieron 17 años encarcelados bajo la medida “preventiva” y por eso la CorteIDH condenó al estado mexicano. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está por discutir la inaplicación del Artículo 19 de la Constitución, en lo que se refiere a los delitos que implican, por su gravedad, la prisión preventiva oficiosa.

El gabinete de seguridad hizo un pronunciamiento público y mandó una carta a los ministros, para advertir de los supuestos riesgos que implicaría sujetarse a los estándares internacionales. 

Alcalde, quien es responsable de la política interna, afirmó que lo que está en la mesa es que 68 mil delincuentes salgan en libertad. 

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En primer lugar, las personas que están privadas de su libertad porque se les aplicó la figura de prisión preventiva oficiosa son en realidad 44 mil 212, de acuerdo con datos del INEGI. 

Pero tampoco es que puedan abrir las rejas, así como así. Lo que sucedería, en caso de que el Pleno de la Corte concluya que hay que respetar lo señalado por la CorteIDH, es que muchos casos tendrían que ser revisados para determinar cuál es la medida cautelar adecuada y entre ellas, por supuesto, las de la prisión preventiva.

Según la secretaría de Gobernación, esto afectaría a la seguridad nacional, pintando un escenario terrorífico, al estilo de la Ciudad Gótica, que al final del día tiene por objeto intentar cargar la responsabilidad del desastre que ahora impera en seguridad pública al Poder Judicial. Nada nuevo para un gobierno que no suele asumir ninguna responsabilidad. 

Según Alcalde, el problema son los jueces, porque se demoran en sentenciar. Sí, en algunos casos, pero en otros la situación proviene del desastre de indagatorias que se presentan y que complican, lo que debería ser lo más importante, la reparación del daño a las víctimas de los delitos. 

En realidad, el establecer medidas que obliguen a las fiscalías a integrar bien las carpetas de investigación, no tiene que repercutir de modo negativo en la seguridad, sino por el contrario, ya que un trabajo bien realizado puede reducir la impunidad que es del 98%. 

Ojalá en la Suprema Corte no se dejen intimidar, para propiciar una reconducción hacia el cuadrante del sistema acusatorio, la presunción de inocencia, la justicia restaurativa, con transparencia y progresividad. Es importante cumplir con lo que exige la CorteIDH.

La solución es justamente seguir abonando a una cultura de respeto a la ley y a los derechos humanos y no a medidas de dureza que no han dado soluciones. Ya son cinco años de los cambios a la Constitución respecto al catálogo de delitos graves y los resultados, los muy tristes resultados, están a la vista.

La alarma sobre la delincuencia debería centrarse en la enorme violencia que aqueja al país, donde los maleantes ya han llegado al extremo de meterse en salones de clases y asaltar a los profesores frente a los alumnos. En efecto, una Ciudad Gótica, pero porque las autoridades han rehuido de su deber de garantizar la seguridad ciudadana. 

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@jandradej

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SOBRE EL AUTOR

Julián Andrade



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