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Fueron inútiles los intentos por salvarlo. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– El INAI pasará a mejor vida. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, considera que el asunto está suficientemente discutido.
Los últimos intentos que hicieron los comisionados para lograr la benevolencia, no encuentro otra palabra, fueron vanos.
Es inquietante, que como no sean cuestiones relacionadas con el T-MEC o de implicaciones muy concretas, el único conducto para evitar que algo se haga o no se haga, sea la voluntad presidencial.
Adrián Alcalá, quien encabeza al organismo garante de la transparencia, propuso la reducción de 334 millones de pesos en el presupuesto, la cancelación de plazas, e inclusive ofreció su renuncia.
En el fondo ya daba igual, porque todo eso ya lo tiene el gobierno, es cuestión de aprobar la reforma y punto.
Pecaron de ingenuos los comisionados, pero en su descargo ya se puede afirmar a estas alturas que no había forma de detener lo que es una instrucción directa y anunciada por López Obrador desde febrero de este año.
El diagnóstico, si así puede llamársele, que hicieron, desde Palacio Nacional, para proceder a la extinción de ese instituto fue producto sobre todos de chismes, de conductas bochornosas, pero en modo alguno generalizadas ni recurrentes, ocurridas hace más de una década, y de una incomprensión notoria de las funciones y la utilidad del INAI.
El diputado Ricardo Monreal procederá a prender la maquina trituradora de la transparencia y lo hará con gusto para continuar con ese festín destructivo al que tanto empeño le ponen.
Será un retroceso de al menos 24 años, calculan Jacqueline Peschard y María Marván, quienes fueron integrantes de ese instituto.
En efecto, volvemos a antes del año 2000, pero no será igual, sino peor, porque en aquella época existía una corriente que, desde la sociedad civil, estaba comprometida con la transparencia y el acceso a la información.
Para el gobierno de Vicente Fox era una oportunidad demostrar que la alternancia en el poder político generaba cambios, por eso, aunque no sin resistencias, se creó el IFAI.
Ahora no existe posibilidad alguna de revertir lo que ocurrirá, porque la mayoría legislativa no escucha razones, las organizaciones no gubernamentales no tienen ascendencia y a los integrantes de Morena no les interesa el tema, lo ven como algo estorboso y contrario a sus planes.
Adolfo Aguilar Zinser solía explicar el significado que tendría la creación de una institución garante del acceso a la información, como una caja negra que se iría iluminando paulatinamente con las preguntas de los ciudadanos.
A partir de ahora, por el contrario, lo que ocurrirá es que esas zonas luminosas se irán opacando y apagando.
Es absurdo sostener, como se hace, que en realidad está garantizada la transparencia porque existe la voluntad para ello.
Al margen de que esto no es así, nunca un derecho constitucional, como el de información, debe estar sujeto a los humores y vaivenes de la burocracia.
Cuando el presidente José López Portillo impulsó la incorporación del derecho a la información en el texto constitucional, el asunto quedó cojo, porque no había forma de obligar a los servidores públicos a que proporcionaran documentos o informes.
Se tuvo que trabajar por años para cristalizar avances en ese aspecto, donde muchas veces el debate se constreñía al significado que los medios de comunicación podían darle a ese derecho y donde cualquier iniciativa era vista con desconfianza, ya que se intuía, por experiencias previas, que podía significar control.
Es más, ni siquiera existía mucha claridad sobre que toda la información que tiene y genera el Estado es pública, con excepción de la que respecta a la seguridad nacional y a la protección de los datos personales.
Quedaba el recurso de acudir al Poder Judicial, pero eso tampoco operará ya en favor de la transparencia.
La desaparición del INAI ilustra otro de los rasgos del nuevo régimen, el de su vena oscurantista.
@jandradej
