SOBRE EL AUTOR
POR JUAN ORTIZ / LUPA LEGISLATIVA
EMEEQUIS. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) avanza sin resistencia en el Congreso de la Unión. Bajo el argumento de promover la eficiencia y el combate a la corrupción, la extinción de este órgano autónomo en realidad marca el fin de una institución que siempre resultó incómoda para el poder.
Con mayorías calificadas aseguradas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, Morena no enfrenta obstáculos para concretar esta reforma de López Obrador que extingue siete órganos, la mayoría con autonomía constitucional.
Y su impacto va más allá del ámbito federal: también implica la desaparición de los 32 institutos locales de transparencia que operan en los estados.
DE AUTONOMÍA A SUBORDINACIÓN
La reforma constitucional plantea que las funciones del INAI se distribuirán entre varias dependencias, pero principalmente recaerán en la futura Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, liderada por Raquel Buenrostro.
Este cambio nos lleva a una pregunta obligada: ¿puede el gobierno vigilarse a sí mismo?
Sin un organismo autónomo que actúe como contrapeso, el acceso a la información pública quedará en manos de quienes tienen más interés en ocultarla.
Además, la reforma plantea otras interrogantes importantes:
- ¿Qué ocurrirá con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)? Este sistema contiene más de 15 mil millones de datos públicos, pero la reforma no aclara su destino ni quién garantizará su seguridad.
- ¿Qué pasará con los derechos laborales de los empleados del INAI? Al trasladar sus funciones a una dependencia federal, no hay garantía de estabilidad laboral para los trabajadores actuales.
- Sin un organismo autónomo, ¿quién protegerá a los mexicanos frente a iniciativas como la recolección de datos biométricos del PANAUT, que el INAI ayudó a detener?
EL FIN DE UN ÓRGANO INCÓMODO
Instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que han mostrado una postura afín al Ejecutivo, no están incluidas en esta purga.
Este hecho revela un patrón claro: los órganos incómodos para el gobierno desaparecen, mientras que los aliados se fortalecen.
Desde su creación, el INAI ha sido un pilar esencial para garantizar el derecho a saber.
Ha contribuido a investigaciones que expusieron casos como la Estafa Maestra, Odebrecht, la Casa Blanca y la red de corrupción en Segalmex.
Además, ha sido un instrumento importante para que periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos exijan cuentas al gobierno, desde el uso de recursos públicos hasta la obtención de expedientes médicos en instituciones como el IMSS o el ISSSTE.
Uno de los aspectos más críticos es que, con la eliminación del INAI, también desaparece la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, una herramienta esencial para frenar leyes que amenazan derechos fundamentales.
Por ejemplo, el INAI fue clave para impugnar el PANAUT, que buscaba centralizar datos biométricos sensibles sin suficientes garantías de protección.
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¿EL GOBIERNO COMO ÁRBITRO IMPARCIAL?
El argumento oficial para esta reforma es la “eficiencia administrativa”, pero la realidad es mucho más preocupante. Sin un organismo independiente, ¿quién obligará al gobierno a entregar información que podría resultar incómoda? Sobre todo para una fuerza política que ha destacado por negar información bajo argumentos de seguridad nacional.
La historia reciente deja claro que el gobierno no prioriza la rendición de cuentas. Desde la declaración de obras públicas como “de seguridad nacional” para limitar la transparencia, hasta el bloqueo sistemático del Senado para evitar el nombramiento de comisionados faltantes en el INAI.
El patrón es evidente: el control sobre la información pública está siendo negado a toda costa.
Como toda institución pública, no está libre de casos de corrupción. Sin embargo, si la respuesta por el mal uso de los recursos públicos es la extinción… nos quedaríamos sin gobierno, sin partidos ni instituciones.
SIN CONTRAPESOS, UN RETROCESO DEMOCRÁTICO
Con la falta de contrapesos reales, la democracia mexicana retrocede hacia un modelo autoritario, donde la corrupción y el abuso de poder pueden prosperar con mayor libertad.
Con Raquel Buenrostro al frente de la futura Secretaría Anticorrupción, la garantía del derecho a saber queda más incierta que nunca.
Porque seamos francos: ¿Un gobierno que concentra cada vez más poder puede rendirnos cuentas? La respuesta seguramente será desalentadora.
@Juan_OrtizMX
