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Guerra sucia, pasado pendiente

Será interesante esperar las conclusiones sobre la Guerra Sucia en los años setenta por parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad de los Abusos cometidos de 1965 a 1990. Se dará al final del sexenio de AMLO.

Por Emequis
2 / 09 / 23

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– En el último mes del gobierno de López Obrador, en septiembre de 2024, la Comisión para el Acceso a la Verdad de los Abusos cometidos de 1965 a 1990 tendrá que presentar su informe.

Será interesante esperar las conclusiones que pueden arrojar más luz sobre el periodo de la Guerra Sucia en los años setenta, donde las fuerzas de seguridad se extralimitaron en sus funciones, cometiendo delitos de lesa humanidad en contra de disidentes políticos. 

Los integrantes de la Comisión, entre los que se encuentran Carlos Pérez Ricart, David Fernández y Eugenia Allier, tienen datos reveladores, ya que señalan que las desapariciones forzadas de ese periodo podrían llegar a los mil casos, cuatro veces más de lo que se tenía establecido desde hace algunos años por las investigaciones de organizaciones civiles, la CNDH y de la propia PGR (hoy FGR), cuando se creó la Fiscalía del Pasado.  

Fueron esfuerzos relevantes, estos últimos, que entre otras cosas condujeron al arresto domiciliario del expresidente de la República, Luis Echeverría, un asunto nada menor, pero que por momentos se menosprecia, aunque haya sido el funcionario de mayor nivel sujetado a proceso por delitos contra los Derechos Humanos.  

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También se integraron expedientes sobre otros participantes, en su mayoría de integrantes de la DFS y de la Brigada Blanca, pero los resultados fueron de contrastes, por coyunturas específicas, protagonismos exacerbados y porque había, y aún hay, enormes resistencias para avanzar en el camino de la verdad. 

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El trabajo de los comisionados en la actualidad tampoco ha sido sencillo, sin embargo, han tenido acceso a archivos de la Secretaría de la Defensa y recorrieron las instalaciones del Campo Militar Uno, donde se tienen evidencias de que estuvieron detenidos integrantes de la Liga 23 de septiembre y de otras organizaciones guerrilleras, de los que ya no se supo más.

Sobrevivientes de aquellos años así lo relataron, como Mario Álvaro Cartagena “El Guaymas”, quien salvó su vida porque su madre lo reconoció a través de una fotografía que se publicó en las páginas de la nota roja de algunos diarios. 

“El Guaymas”, quien perdió una pierna porque no lo atendieron de las heridas de bala sufridas durante su detención, alcanzó a ver en las celdas a compañeros y compañeras de causa. 

Existen acervos en los juzgados, en los procesos que se siguieron contra militantes del MAR, Lacandones, FARP, Partido de los Pobres y de la propia Liga, que pueden dar pistas sobre toda una mecánica represiva y donde hay múltiples testimonios de los propios perpetradores de la violencia de Estado.

Por supuesto que la vertiente más delicada es la de las desapariciones, porque implica delitos muy graves y que, por su naturaleza, no debieran prescribir. 

Acaso por ello, los comisionados emitieron una convocatoria para que participantes de esos días de fuego, puedan proporcionar su testimonio aún si es de forma anónima y por ello protegida.

Calculan que en estas tareas podrían llegar a participar unas tres mil personas. Ojalá los que tengan algo que aportar se animen. 

Es una suerte de carrera contra el tiempo en la que no todas las instituciones van a la misma velocidad. Por ejemplo, la FGR tenía asignados, hace un año, a 13 agentes del Ministerio Público para colaborar con las tareas de la Comisión de la Verdad y por estos días ya solo quedan laborando dos de ellos. 

Por fortuna, el trabajo de la Comisión de la Verdad no depende de lo que haga o deje de hacer la Fiscalía. 

Al margen del compromiso de cada instancia, es loable el esfuerzo de esclarecimiento, ya que el pasado y sus consecuencias no se pueden borrar por decreto. 

De esto hay experiencias en el mundo, y más vale que esta vez se proporcione, a las víctimas, familiares y amigos de quienes sufrieron la represión de Estado, la reparación que proviene del conocimiento de los hechos y, sobre todo, de lo que ello debe significar para que nunca más se repitan situaciones semejantes.

Para ello son las Comisiones de la Verdad cuando mantienen las líneas específicas de su mandato y mientras su motor sea el esclarecimiento de un pasado que, más allá de los múltiples aportes que existen, sigue como un pendiente a nivel social y, por supuesto, político. 

@jandradej 

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