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Un futuro verde olivo para la Guardia Nacional. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– La derrota de la oposición en la composición del Poder Legislativo implicará una suerte de efecto cascada, como será el terminar con los incipientes controles sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas que no les corresponden.
La Guardia Nacional tendría que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con un mando civil, ya que así lo mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nacional en la acción de inconstitucionalidad 137/ 2022.
Desde enero venció el plazo para que esto ocurriera, pero es probable que ya no se cumpla, porque se aprobará próximamente la iniciativa que convierte a la Guardia Nacional en una de las ramas del Ejército, junto a los soldados y la Fuerza Aérea.
Es mucho el dinero que está en juego, y se ilustra con los 118 mil integrantes de la Guardia Nacional, los que de modo mayoritario son soldados y a los que ya se les garantizó que seguirán disfrutando de las prestaciones a que tienen derecho y que no se dejarán de sumar los años de servicio. Es decir, nunca existió el propósito de crear una institución civil, más allá del gato por libre legislativo que se montó en su momento en el Senado de la República.
Vamos, ni siquiera se cumplió con nombrar a un civil en las tareas de mando, que fue un acuerdo para que los partidos de oposición votaran en favor de la creación de la nueva corporación en 2019.
En septiembre del 2022, los legisladores de Morena trataron de saltarse a la Constitución por medio de disposiciones reglamentarias, pero como el Artículo 21 es claro en lo que respecta a la Guardia, la intentona no prosperó, porque una mayoría de ministros en la SCJN lo impidió.
Por cierto, el entonces ministro Arturo Zaldívar mostró los niveles del autoengaño o de fantasía al sostener que la adscripción de la corporación a la Secretaría de la Defensa no implicaba militarización alguna.
El presidente López Obrador siempre se pronunció porque la Guardia Nacional formara parte de la Secretaría de la Defensa, pero sus operadores en la Cámaras nunca obtuvieron los votos necesarios para lograrlo, aunque empujaron a una suerte de solución intermedia en la que pusieron en papel, el carácter civil, que luego se ignoraría en la práctica.
En teoría, para el 2028, la Fuerza Armada permanente tendría que dejar de auxiliar en tareas de combate a los delitos. Pero tampoco sucederá, porque el esquema que ahora se utiliza no lo permite, ya que no existe proyecto alguno para el fortalecimiento de las policías.
El daño está hecho, y pronto será permanente, porque es otra de las 20 iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo en febrero de este año y que, de alguna manera, formaron parte de la batería de propuestas en la campaña de Morena.
La militarización está en puerta y tendrá carácter constitucional. Si a ello sumamos lo que ocurrirá con el Poder Judicial el próximo año, cuando se realice la elección de ministros, magistrados y jueces, el panorama luce sombrío.
Los riesgos son evidentes en lo que respecta a la protección de los Derechos Humanos, porque los soldados no son policías ni quieren serlo.
Quizá lo único que podría impedir que esto se consumara, es que, en los planes de la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, esté la de otorgar la responsabilidad de la estrategia de Seguridad a un civil, como pudiera ser Omar García Harfuch, que seguramente no congeniará con un papel de ornato, en una Secretaría de Seguridad que, sin el mando de las fuerzas de operación, no es sino un cascarón vacío.
Es un tema de definiciones interesante, y quizá el único que pudiera devolver la idea de construir policía, aunque sea de modo incipiente y bajo la mirada de los generales.
Algo es seguro, ahí también habrá una disputa de visiones sobre la seguridad misma.
@jandradej
