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EMEEQUIS.- Viene la reforma que adscribirá la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La militarización será ya un hecho, difícil de revertir, porque estará en la Constitución.
Es la derrota moral de los grupos de izquierda que apoyan a López Obrador. Es un agravio para quienes provienen de las generaciones de los años sesenta y setenta, y es regresiva en lo que respecta a los derechos humanos.
Los hijos y nietos del 68, aliados a un líder populista, están logrando algo que no se les ocurrió ni a Díaz Ordaz ni a Echeverría.
Son muchos, no todos, por supuesto, los que cada 2 de octubre recuerdan los hechos trágicos de Tlatelolco, aunque ahora viajan en una dirección muy distinta de aquella que reivindicaron a lo largo del tiempo.
¿Qué queda de aquella tarde en el edificio Chihuahua y la Plaza de las Tres Culturas?
Se rompe con la tradición constitucional que viene desde 1857, que delimitaba el papel y participación de las Fuerzas Armadas, y se abre la puerta, ahora sí, para la construcción de un modelo de seguridad que no será civil y en el que la renuncia a la construcción de una policía es ya explícita.
Por si fuera poco, los integrantes de la Guardia Nacional, todos ellos soldados o marinos, tendrán la facultad de investigar a civiles. Esto es uno de los aspectos más delicados de la iniciativa, porque puede abrir la puerta a toda una serie de arbitrariedades.
En el Artículo 21 de la Constitución se consignará que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél, en el ejercicio de esa función.”
Si ya era difícil, desde la perspectiva de los fiscales, controlar a los comandantes de las diversas corporaciones, PJF, AFI, AIC, entre otras, próximamente será más que complicado que alguien se atreva y que le hagan caso a ordenarle a un general cómo se debe realizar una indagatoria y cuáles son sus límites.
Encargar a los militares la seguridad pública nunca fue la mejor idea, pero a falta de otras posibilidades, entre ellas la debilidad de las policías estatales y municipales, eso se vino haciendo desde hace años, cobrando fuerza en el gobierno de Felipe Calderón y normalizándose en el de López Obrador.
Es más, en la Secretaría de la Defensa siempre fueron reacios a realizar tareas que no les correspondían y que podían meterlos en enredos y dificultades, como ocurrió en más de una ocasión a lo largo del tiempo.
La reforma de la Guardia Nacional es hija de un desacato a la Suprema Corte, ya que a partir del primer día de este año se tendría que haber nombrado a un jefe civil y con la adscripción de todos sus integrantes en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Se dirá que nunca fue así, que solo era civil en el papel, pero no por ello deja de ser un incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal.
Una pieza más en la serie de desacatos del momento, que van dejando un rastro sobre la falta de voluntad para sujetarse a las leyes.
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Esto, en sí mismo, es un mal augurio de cómo serán las cosas en los próximos años, más aún cuando se formalice la integración del nuevo Poder Judicial, donde no hay certeza alguna de que se mantenga su independencia y profesionalismo.
De ahí que el proceso de militarización sea todavía más riesgoso que en condiciones de normalidad democrática.
Si se unen las piezas: Guardia Nacional, formalmente militar, y jueces producto de una designación que está muy lejos de los estándares internacionales, lo que tenemos enfrente es una construcción que puede devorar inclusive a sus impulsores.
@jandradej
