CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– El 21 de febrero de 2019, los senadores estaban eufóricos. Habían avanzado en la aprobación de reformas legales que hicieron posible la creación de la Guardia Nacional.
Se congratulaban de que la sociedad civil, los expertos y las víctimas de la violencia habían sido escuchadas en parlamento abierto. Sí, todos entendían que los militares no deben ser policías y que su participación en esas tareas tendría que estar sujeta a una temporalidad específica.
También se congratulaban de que se establecía con claridad la necesidad de fortalecer a las policías municipales y estatales. Ante la destrucción de la Policía Federal, al menos existía la convicción de impulsar una Policía Nacional, más allá del nombre que se le pusiera.
Emilio Álvarez Icaza (independiente), Sasil de Léon Villard (PES), Raúl Bolaños (PVEM), Nancy de la Sierra (PT), Julen Rementería (PAN) Claudia Ruiz Massieu (PRI), Clemente Castañeda (MC), Miguel Ángel Mancera (PRD) y Ricardo Monreal (Morena), coincidían en el mayor de los logros: el carácter civil de la nueva corporación.
Decían que la normatividad era el primer paso para conseguir la desmilitarización paulatina del Sistema de Seguridad Pública.
La votación no dejó duda alguna: 127 votos en favor.
Poco les duró el gusto. Es el problema de hablar de lo histórico antes de tiempo. La Cámara de Diputados ya aprobó una reforma legal que traslada la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y que en los hechos despeja las pocas dudas que quedan sobre quiénes son los que mandan.
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Un hueso duro de roer sobre todo para la bancada de Morena y los partidos satélites que los acompañan. Tendrán que argumentar cómo es que cambiaron de opinión en menos de tres años, porque parece difícil que se opongan a la instrucción de Palacio Nacional en ese tema.
El presidente López Obrador siempre quiso que la Guardia Nacional dependiera del Ejército. Si aceptó lo que se acordó en términos legislativos, fue porque requería de los cambios constitucionales, pero ahora eso ya no le interesa.
El senador Ricardo Monreal sabe que es una gran cochinada lo que se hizo en San Lázaro, en la sesión de viernes y sábado, para esquivar la Constitución y despojar a la Guardia Nacional de las débiles pinceladas de carácter civil que aún se conservaban.
A estas alturas no tendrá margen alguno para tratar de negociar alguna salida con la oposición, que no sea la del respecto a la Constitución, porque los senadores fueron engañados.
Es un tema penoso, por supuesto, porque se rompe el ambiente que propició el acuerdo constitucional, donde ahora queda claro que los opositores fueron muy ingenuos.
La militarización en las tareas de seguridad pública es, a estas alturas, más que evidente. De poco servirán los argumentos, plagados de culpa y contracciones, que señalan que la Guardia Nacional es civil, porque encargarán a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que elabore los programas respectivos, cuando hasta el menos informado del tema sabe que la clave en esos asuntos es quién tiene el control de las operaciones.
Pero será interesante la discusión de los senadores y las senadoras. La traición, la burla, la candidez, y hasta el error de cálculo, tendrán que contrastar contra los enormes sapos que habrán de digerir los que pensaron que sus acuerdos eran de larga duración.
UNA SECCIÓN INSTRUCTORA PARA ALITO
Para nada es apresurado aventurar que Alejandro Moreno ya se libró de ser desaforado. La conformación de la Sección Instructora así lo indica.
La preside Jaime Humberto Pérez Bernabé y lo acompaña como secretario Leonel Godoy, ambos de Morena. La integran, además, Elías Lixa del PAN y Rubén Moreira del PRI.
Las decisiones tienen que ser por mayoría, lo que en los hechos establece un candado difícil de abrir. Es muy poco probable que Moreira permita que su compañero de bancada y líder, sea despojado de la protección con la que cuenta. Es más, la participación del ex gobernador de Coahuila, en esa instancia, es muestra de la relevancia que le dan al tema en su grupo parlamentario.
Los panistas tampoco avanzarán en una dirección que comprometa los acuerdos que mantienen a Va por México.
Después de todo, es un tema político, y así se tratará. El fiscal de Campeche, Renato Sales, se tendrá que esperar, al menos por el momento.
@jandradej
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