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A nadie en la 4T le parece extraño la disparidad. Fotos: Cuartoscuro.com.
POR JUAN ORTIZ / LUPA LEGISLATIVA
EMEEQUIS.– La reciente actualización de sueldos y prestaciones en la Fiscalía General de la República (FGR) ha generado polémica. Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, ahora percibe un sueldo mensual bruto de 190 mil pesos, superando al del presidente López Obrador, que es de 186 mil pesos.
Este hecho, además de ser una violación a la bandera de austeridad de la 4T, resalta una contradicción fundamental en el discurso oficialista. Y aún así, existe un silencio extraño sobre la noticia de que Gertz Manero ganará 3 mil 942 pesos más que el presidente.
Esto ocurre justo cuando la Cámara de Diputados se prepara para aprobar una reforma constitucional a fin de establecer nuevos mecanismos para impedir que cualquier funcionario gane más que el Presidente. ¿Cómo es posible que, mientras se promueven estas reformas, se permita tal discrepancia en la FGR?
Recordemos que el artículo 127, fracción II, de la Constitución establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor que la del Presidente de la República. Aunque claro, remuneración no es sinónimo de salario, pues incluye todas las percepciones en efectivo o en especie: dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, entre otros.
¿Pero de dónde salió dicha disposición? Tiene su origen en una reforma constitucional propuesta por Felipe Calderón a principios de su mandato, en febrero de 2007, argumentando que cada servidor público debe apegarse al ideal juarista de “vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”. Con varios retrasos, y sumando otras propuestas en el mismo sentido, dicha iniciativa sería publicada en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 2009.
Con la llegada de López Obrador a la presidencia, esta disposición volvió al centro del debate con dos acciones claves: la reducción de su sueldo y la promoción de una Ley de Remuneraciones.
López Obrador redujo su sueldo bruto para 2019 a 155 mil 835 pesos, frente al de Peña Nieto que era de 214 mil 994 pesos. Además, impulsó la aprobación de una Ley de Remuneraciones en el Congreso, aunque esta ley ha tenido un camino accidentado, siendo parcialmente invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por carecer de una metodología objetiva para determinar la remuneración del Presidente. Fue propuesta y publicada nuevamente tratando de atender las observaciones de la Corte, pero el conflicto sigue con la mira presidencial puesta sobre la remuneración de los ministros.
Entre las 18 reformas constitucionales de López Obrador se encuentra una en materia de remuneraciones de servidores públicos, estableciendo que la remuneración del presidente no podrá exceder el equivalente a 73 veces el valor anual de la UMA (Unidad de Medida y Actualización), aproximadamente 2 millones 890 mil pesos anuales. Actualmente, la remuneración del presidente es de 2 millones 764 mil pesos.
A pesar de estos esfuerzos, la realidad muestra una fuerte incongruencia. Con las nuevas actualizaciones, no solo Gertz Manero, sino también el Fiscal Especializado, ganarán más que el Presidente. Esto contradice directamente la narrativa de austeridad por la administración actual. ¿Por qué no hay críticas? ¿Dónde está la vigilancia del Congreso en este asunto? Recordemos que son los diputados quienes avalan las remuneraciones en el presupuesto federal.
El caso de Gertz Manero es un claro ejemplo de la desconexión entre el discurso y la realidad en la política de austeridad del gobierno. Si se permite que funcionarios de alto rango como el Fiscal General ganen más que el presidente, pierden credibilidad las reformas propuestas.
Por otra parte. El enfoque en los sueldos no debe distraernos de otros aspectos fundamentales como la efectividad y la honestidad en la función pública. Los ciudadanos tienen el derecho de conocer si sus funcionarios están realizando sus tareas con eficiencia, transparencia y en beneficio del interés público.
¿Están resolviendo casos con prontitud? ¿Están promoviendo la justicia y la legalidad? ¿Usan los recursos públicos con honestidad y eficiencia? ¿Están libres de corrupción y conflictos de interés?
De que nos sirven funcionarios públicos con sueldos austeros si nos entregan como resultado: obras a sobrecosto, contratos entregados a sus cuates o pérdidas financieras.
Más allá de los salarios, es esencial que se consolide una cultura de transparencia y rendición de cuentas en todas las instituciones gubernamentales.
Esto incluye la publicación y difusión de informes detallados sobre el desempeño, auditorías regulares y accesibles al público, y mecanismos claros para denunciar y sancionar irregularidades. Solo así podremos garantizar que los servidores públicos están realmente al servicio del país y no de intereses personales o partidistas.
@Juan_OrtizM
