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La bancada morenistas sostiene pancartas con la leyenda “El Pueblo Manda”. ¿En verdad mandará el pueblo? (Cuartoscuro)
POR JUAN ORTIZ / LUPA LEGISLATIVA
EMEEQUIS.- La Reforma Judicial, que pronto será publicada por el Presidente, se presenta como un avance democrático. A simple vista, la idea de que los ciudadanos puedan votar para elegir jueces, magistrados y ministros suena como un paso hacia una justicia más cercana al pueblo. Pero, como en muchas promesas, el diablo está en los detalles, y esta reforma trae consigo muchos riesgos.
Lo que no se menciona abiertamente es que este proceso carece, desde el principio, de las reglas necesarias para que sea realmente democrático o transparente. Se quiere implementar con prisa, sin las leyes secundarias que deberían guiarlo, lo que podría provocar que, en lugar de acercarnos a una justicia más justa, nos alejemos aún más de ella.
Primera Red Flag: la creación de Comités de Evaluación
Una vez que la reforma entre en vigor, el Senado tendrá 30 días para lanzar la convocatoria para la elección especial en 2025, y el INE tendrá que empezar a prepararse.
Pero aquí aparece el primer gran problema de la Reforma Judicial: los Comités de Evaluación, que se encargarán de seleccionar a los aspirantes, no tienen reglas claras sobre quiénes pueden integrarlos. Solo se dice que deben tener “reconocida actividad jurídica”, una descripción tan ambigua que deja la puerta abierta a perfiles políticos.
Sin controles estrictos, estos comités podrían llenarse de personas cercanas al gobierno, convirtiéndose en herramientas políticas. Si esto pasa, la imparcialidad del proceso se vería comprometida desde el principio, favoreciendo a los intereses del poder en turno.
Segunda Red Flag: los requisitos para ser candidatos
La reforma también cambia los requisitos para ocupar estos cargos. Por ejemplo, ya no hay límite de edad para ser ministro o magistrado electoral, y la experiencia laboral mínima se reduce de 10 a solo 5 años. Lo más preocupante es que, para ser juez o magistrado de circuito, ni siquiera se pide experiencia laboral. ¿Quieren que personas sin experiencia pueden tomar decisiones sobre la vida y los derechos de la gente?
Se exige que los aspirantes tengan un promedio académico de 8.0, y 9.0 en materias específicas. Esto suena bien en teoría, pero según el Centro sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD), nueve de cada diez escuelas de Derecho en México no ofrecen programas de calidad. Si no se establecen filtros estrictos, podríamos terminar eligiendo jueces con una formación académica deficiente. ¿Eso no pone en riesgo la correcta aplicación de la ley, que es justo lo que se quiere arreglar con esta reforma?
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Tercera Red Flag: la tómbola
Otro aspecto alarmante de la reforma es que, si hay más perfiles de los permitidos para un cargo, la lista se reducirá por sorteo. Esto significa que incluso los aspirantes peor evaluados tendrán la oportunidad de estar en la lista final de candidatos. Si, otro tema que acusa la reforma judicial del sistema actual y pretende corregir.
Lo irónico es que, desde el oficialismo, se ha criticado a los jueces actuales por tener bajas calificaciones o pocas credenciales. Pero con este nuevo sistema, podríamos ver a personas con un perfil poco calificado en puestos clave del Poder Judicial.
Cuarta Red Flag: el poder en manos del Ejecutivo y Legislativo
Uno de los aspectos más preocupantes de esta reforma es que el proceso de selección de jueces y magistrados quedaría prácticamente en manos del Ejecutivo y el Congreso, que en este momento están controlados por el mismo partido.
En teoría, el Poder Judicial también podría proponer a sus propios candidatos, pero para eso necesita el apoyo de seis de los once ministros de la Suprema Corte. Con la salida del ministro Luis María Aguilar y el rechazo de varias ministras y ministros a participar en el proceso, más el hecho de que el bloque de Batres, Ortiz y Esquivel no tiene los votos suficientes, es muy probable que el Poder Judicial no proponga a nadie.
Si esto sucede, estaríamos ante un escenario en el que el Presidente y el Congreso controlarían totalmente quiénes son los jueces en el país. ¿Realmente se puede hablar de democracia cuando uno de los poderes más importantes queda fuera del proceso?
Quinta Red Flag: las campañas
La idea de que los candidatos no puedan hacer campaña ni recibir financiamiento privado se presenta como una medida para evitar la corrupción y ahorrar dinero.
Suena bien, pero en la realidad abre la puerta al financiamiento ilegal y al apoyo encubierto de partidos políticos. ¿Cómo se va a garantizar que no haya grupos o intereses específicos moviendo los hilos detrás de estas elecciones?
No es difícil imaginar lo que podría pasar. Solo hay que recordar las campañas adelantadas rumbo a las elecciones de 2024, llenas de espectaculares y eventos masivos, para prever que algo similar podría ocurrir con los candidatos judiciales, aunque oficialmente no puedan hacer campaña.
Sexta Red Flag: las boletas
Un detalle que no se puede ignorar es cómo estarán organizadas las boletas en las elecciones de jueces. En vez de simplemente listar a los candidatos por orden alfabético, estarán divididos según el poder que los haya propuesto: Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
Aunque esto parezca algo técnico, podría influir mucho en cómo votan las personas. Pensemos en el contexto actual: desde las conferencias presidenciales, el Poder Judicial ha sido criticado frecuentemente por el presidente, quien lo ha culpado de decisiones que no le favorecen.
Este desgaste mediático genera una obvia desconfianza hacia los candidatos propuestos por el Poder Judicial (si es que se presentan), mientras que los del Ejecutivo o Legislativo podrían recibir más apoyo, manipulando la elección a través de la percepción pública.
Si a esto le sumamos posibles nuevas campañas de desprestigio contra el Poder Judicial, como ya hemos visto, la influencia en los votantes será aún mayor. Algo tan simple como el orden de los nombres en las boletas puede parecer un detalle menor, pero en un proceso con tan pocos controles para evitar manipulaciones políticas, cada detalle cuenta
¿Qué justicia nos espera?
Antes de cambiar de principios, la Ministra Loretta Ortiz advirtió los riesgos del voto popular citando el caso de un juez de Estados Unidos, quien mandó a pena de muerte a un mexicano. Según la Ministra, confesó que eso le daría más popularidad para ascender en su carrera judicial.
La politización del Poder Judicial tendrá consecuencias visibles en los mexicanos que recurran a la justicia. Un sistema que siga respondiendo a intereses fácticos generará fallos arbitrarios, afectando desde los derechos humanos hasta la resolución de disputas comerciales.
Por ejemplo, imagina un conflicto entre dos empresas por un contrato. Con jueces elegidos por su afinidad política o popularidad, la resolución del caso podría favorecer a la empresa que esté más alineada con el gobierno o que tenga mayores conexiones políticas.
Otro ejemplo es el de los derechos laborales. Supongamos que una empresa decide despedir a varios empleados sin justificación, y estos trabajadores buscan defenderse. Con un juez que deba su posición al sector empresarial, el fallo se inclinaría hacia la protección de los intereses económicos.
También debemos considerar los riesgos en casos de derechos humanos. México ha avanzado en temas de igualdad y derechos de la comunidad LGBTIQ+, gracias a fallos de la Suprema Corte de Justicia. Pero, si los jueces son elegidos por su popularidad o por su cercanía con grupos políticos conservadores, podríamos ver retrocesos en decisiones que hoy protegen a las minorías.
Pensemos también en la salud pública. El Poder Judicial ha intervenido en el pasado para obligar al gobierno a vacunar a los niños, protegiendo su derecho a la salud. Pero si los nuevos jueces están más alineados con las políticas del gobierno o grupos de interés, es probable que sean más reacios a tomar decisiones que desafíen al poder.
El sistema de justicia actual tiene muchas fallas, pero esta reforma no las resolverá, sino que podría empeorar la situación al politizar aún más la justicia.
La reforma que México necesita
México necesita una reforma judicial, pero no esta. El verdadero cambio en la justicia debe empezar desde abajo, en los sistemas locales, que es donde la mayoría de los ciudadanos enfrentan sus primeros obstáculos para acceder a la justicia. Ahí es donde encontramos a policías mal capacitados, agentes del Ministerio Público que están sobrecargados de trabajo y fiscales sin los recursos necesarios para hacer su trabajo, además de poderes judiciales locales atrapados por grupos fácticos.
Y no, la reforma judicial no arreglará la justicia local. Sólo facilita el cambio de manos en los principales cargos judiciales.
Mientras estos problemas estructurales no se resuelvan, no importa cuántos jueces se elijan por voto popular. La justicia seguirá siendo ineficaz, lenta y corrupta, sin ofrecerle a la gente lo que realmente necesita: un sistema que funcione de manera justa y eficiente.
¿Nunca tendremos justicia independiente?
La pregunta que todos deberíamos hacernos es si estamos dispuestos a sacrificar la aspiración de lograr la independencia judicial en favor de un modelo que, en apariencia, otorga poder al pueblo, pero que en la práctica concentra el control en unas pocas manos.
Hay alternativas, pero lo que faltó fue debate. Un consejo formado por representantes de universidades, barras de abogados y la sociedad civil podría encargarse de revisar y proponer candidatos para los cargos judiciales.
También podríamos tener audiencias públicas para evaluar a los jueces, o incluso la ratificación periódica de jueces con desempeño cuestionado. Estas son formas de involucrar a la sociedad sin poner en total riesgo la independencia del Poder Judicial.
Ahora bien, ¿qué podemos esperar si entregamos la justicia a las mismas fuerzas que hoy critican al Poder Judicial por ser un obstáculo para sus intereses? Solo el tiempo lo dirá, pero el costo podría ser demasiado alto. O peor aún, cuando queramos reaccionar, podría ser demasiado tarde.
@Juan_OrtizMX
