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Análisis

En plena campaña, Morena busca convertir la justicia en mero espectáculo mediático

Morena impulsa iniciativa de reforma penal para que las personas procesadas sean exhibidas mediáticamente, sin distorsionar la imagen o poner una cintilla en los ojos. Los ‘tribunales paralelos’ son solo show y violan la Constitución.

Por ANÁLISIS ESPECIAL
1 jun 2021

Fiscalía
Imagen de Andrés N. que difundió la Fiscalía de CDMX cuando anunció su segunda orden de aprehensión por su probable participación en el delito de violación. Foto: @FiscaliaCDMX.

Por Marco Lara Klahr

[Nuevo Periodismo para la Justicia, AC]

 

EMEEQUIS.– El positivismo penal, corriente autoritaria de política criminal decimonónica, ha prevalecido más de un siglo y hoy logra nuevo auge en su forma de populismo punitivo, desde el poder público, las narrativas periodísticas predominantes y el consenso social masivo.

Este modelo de control social a través del sistema penal atribuye a ciertas personas características constitutivas (aberraciones cromosomáticas) que las hacen criminales natos, cuya condición se manifiesta en su actos, pero también en sus rasgos físicos.

Considera que, al margen de si cometen un delito o no, constituyen una amenaza porque sus actos —reales o supuestos— no son atribuibles a condicionamientos externos, sino a esa anomalía genética, y entonces deben ser castigadas (derecho penal del autor y no del acto), aunque al personificar el Mal —pues no tienen remedio ni cura— lo mejor es su eliminación social o física.

Y otra de las derivaciones contemporáneas del positivismo penal es el derecho penal del enemigo, según el cual tales sujetos irremediables deben ser tratados con toda la fuerza del Estado —incluyendo señaladamente la armada— para su caza y eliminación, lo que, por ejemplo, sustenta al populismo punitivo militarista presidencial en México desde los años noventa, con el gobierno de Salinas de Gortari, y que se ha recrudecido con el de Andrés Manuel López Obrador.

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En este escenario, complicado además por el proceso electoral, circula un proyecto de iniciativa de reforma al Artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales cuya autoría es atribuida por un par de medios noticiosos a la diputada Coyolxauhqui Soria Morales —sí, del partido Morena—, quien la habría presentado a la Comisión Permanente del Congreso.

PROHIBIDO CUBRIR EL ROSTRO

Dicho proyecto propone incorporar a tal norma que «Cuando los presuntos responsables sean detenidos, al momento de presentarlos a los medios de comunicación queda prohibido cubrir el rostro o distorsionar la imagen o poner una cintilla en los ojos, a excepción de los menores de edad».

El argumento es que la Constitución no lo prohíbe expresamente y que, en cambio, al hacerlo, el Código Nacional de Procedimientos Penales afecta los derechos de las personas víctimas pretendiendo proteger la presunción de inocencia.

 

Imagen difundida por la Fiscalía del Edomex de Andrés “N”, de 72 años, por su probable participación en el asesinato de una mujer en Atizapán.


Se ha hecho cada vez más habitual que mentiras o aberraciones sean dichas y hasta sustentadas como si no lo fueran en absoluto:

1. La figura penal de «presunto responsable» no existe en México, donde las personas, al menos legalmente, son inocentes —aun estando bajo proceso y en «prisión preventiva»— o culpables —solo si se les ha dictado una sentencia de culpabilidad en firme.

2. La «presentación ante los medios de comunicación» está prohibida no solo por el Código Nacional mismo [Art 13], sino por la propia Constitución tácitamente, para comenzar, desde su Artículo 1o, que establece la garantía y protección de derechos humanos, y la no discriminación. 

3. La intención de cubrir el rostro es garantizar esta gama de derechos, si bien no se logra, porque en realidad la exhibición mediática de las personas es una práctica de origen medieval cuyo fin es someterlas al escarnio público y ejecutarlas moralmente hasta conseguir su muerte social. Los «tribunales mediáticos» no caben en democracia.

4. El concepto «menores de edad» es obsoleto, pues proviene del viejo y autoritario modelo tutelar, también fundado en el positivismo penal: hoy se habla de personas menores de 18 años o niñas, niños y adolescentes.

5. Y lo más importante: ese juego de suma cero inquisitivo donde si hay una persona víctima entonces, en automático, aquella a la que se atribuye penalmente el delito es la victimaria, suele obstaculizar, vaya paradoja, que dicha víctima acceda a la justicia: la lógica es que si es señalada y parece culpable, ¡lo es!, independientemente de la investigación, el proceso y, virtualmente, el juicio.

Como periodistas e iniciativas sociales que contribuimos a profesionalizar al gremio periodístico, alertamos que esta propuesta propone un severo retroceso normativo que postrará al sistema penal acusatorio, en el que la sociedad mexicana lleva más de dos décadas de inversión.

Es inaceptable que se pretenda así capitalizar la frustración social derivada de la ineptitud de los gobiernos federal, estatales y municipales para revertir la crisis de violencias, violaciones de derechos humanos e impunidad con iniciativas que, aprovechando también el desconocimiento masivo del tema, pretenden la vía expeditiva de favorecer el espectáculo mediático de la justicia, en detrimento de una visión moderna, democrática y transparente de justicia penal.

 

@mlaraklahr

 

 

Fiscalía

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