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El Tribunal Electoral y los límites para Amlito

El Tribunal Electoral determinó hace unos días, en la SUP-REP 709/2022, que no se pueden utilizar dibujos con la imagen de servidores públicos en funciones. Amlito debería quedarse como souvenir.

Por Emequis
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CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– La propaganda ilícita es como la humedad, avanza y va lastimando los cimientos de las contiendas electorales, porque afecta la igualdad política. 

Durante las campañas del 2022, en las que se dirimieron las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en la cuenta de Twitter de Morena se colocó el dibujo que representa a Andrés Manuel López Obrador. El trazo es de gran calidad y fue utilizado desde la campaña presidencial de 2006. Con el pulgar en sentido de aprobación, Amlito, como se le conoce a la caricatura, muestra esperanza en el triunfo. 

El 9 de mayo de 2022, junto a la imagen se escribió el siguiente texto en la red social: “sonríe, este 5 de junio ganamos 6 de 6 para Morena. ¡Buenos días para todas y todos! 

Luego de las impugnaciones respectivas que promovió el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, el Tribunal Electoral determinó hace unos días, en la SUP-REP 709/2022, que no se pueden utilizar dibujos con la imagen de servidores públicos en funciones. 

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En apariencia sería un asunto menor. Más aún si observamos que la multa para Morena es de 9 mil 622 pesos por la difusión de propaganda ilícita, pero el fondo es de mucha importancia. 

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En efecto, lo que hizo la Sala Superior es sentar un precedente sobre los límites constitucionales y legales de la propaganda político electoral. Hay cosas que simplemente no se pueden hacer y es mejor ponerles márgenes de una vez y no esperar a que generen crisis legales mayores. 

En ese sentido, Álvarez Máynez supo anticipar lo que podría ocurrir en las siguientes contiendas y en lo que respecta a la promoción política amparándose en la popularidad y arraigo del titular del Poder Ejecutivo. 

Si bien, toda contienda es una especie de referéndum sobre quienes ejercen los cargos, existe un marco legal para garantizar que la disputa por el poder político se desarrolle por cauces pacíficos, predecibles y con seguridad jurídica. 

La reacción aireada de Morena y del propio presidente de la República, a lo acordado por los magistrados, no se hizo esperar y su línea argumental es que se trata de un ataque a la libertad de expresión y que es absurdo prohibir la utilización de Amlito. 

Lo perciben, o eso dicen, como un ataque más de las autoridades electorales. 

Para nada es así, porque la propaganda que se denunció no está amparada en el derecho de los partidos políticos en lo que respecta a su ejercicio de libertad de expresión. 

En el fondo es sencillo. Amlito representa a López Obrador y la Constitución prohíbe que en las campañas se utilice la figura de quienes ocupan posiciones de gobierno.

La inclusión de Amlito en la propaganda política, de acuerdo con el Tribunal Electoral, “no cumple con la función de promover una candidatura o partido, sino de capitalizar la imagen de un servidor público con fines electorales”.  

En Morena, como suele ocurrir cuando una resolución no les gusta o conviene, están haciendo un llamado para que sus seguidores utilicen el dibujo, del que también hay peluches y llaveros, aún más. Lo pueden hacer, pero no en un proceso electoral y como su estrategia de campaña. 

Es un momento incierto el que vive el país.  En situaciones así, es cuando los tribunales constitucionales tienen que hacer su trabajo, observando que se mantengan las condiciones para una disputa democrática y en condiciones de equidad. 

Hay que tener presente que, a partir de este año, los funcionarios tienen mayor margen de expresión, esto derivado de las reformas a la ley incluidas en el Plan B, las que ya se encuentran en vigor. 

Como se modificó el alcance del concepto de propaganda de gobierno, ahora los burócratas, de todos los niveles, pueden andar de dicharacheros durante los periodos de competencia electoral.

Es un viraje amplio, sobre todo porque quienes impulsaron este cambio, son los que exigieron limitaciones a los servidores públicos en el pasado y, sobre todo, después de lo que ocurrió en 2006. 

En unos meses sabremos de la consecuencia de esta modificación a la Ley de Comunicación Social, que tiene y tendrá implicaciones directas en las contiendas electorales. 

Pero, por lo pronto, Amlito se tiene que conformar con su carácter de souvenir y no de utilitario para las contiendas. 

@jandradej

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SOBRE EL AUTOR

Emequis



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