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El reino de la opacidad electoral

El Plan B está elaborado a partir de supuestos agravios, un ajuste de cuentas con el pasado que abrirá la puerta a la opacidad y al uso de recursos ilegales sin que haya sanción de por medio.

Por Emequis
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CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Uno de los propósitos del Plan B es instaurar la opacidad en lo que respecta al uso de los recursos de los partidos políticos y a su supervisión. 

La reforma está elaborada a partir de agravios que se tienen con el INE y con el Tribunal Electoral, al grado de que se legisló para que conductas que fueron sancionadas en los últimos cuatro años, ahora sean legales. 

Con el tiempo, esto ameritará un caso de estudio, de cómo se desbaratan normas jurídicas, que han sido eficaces, para dar paso a un ajuste de cuentas de corte antidemocrático y poco funcional. 

Cada día se van encontrando más aspectos de riesgo, y ello se debe a que se legisló a las carreras y sin diagnósticos y estudios previos. Por desgracia, en el Senado seguramente van a continuar con el trámite legislativo, para consumar el golpe al INE en los tramos que quedaron pendientes en diciembre, debido a objeciones del propio López Obrador con concesiones que se les dieron a los partidos pequeños. 

Pero, a estas alturas, más bien hay que concentrarse en lo que ocurrió y en lo que en su momento pueda determinar la Suprema Corte, que es la última tabla de salvación para el sistema electoral como lo conocimos hasta ahora. 

Los cambios que hicieron Morena y sus aliados suprimieron la obligación de que los candidatos incorporen un informe sobre sus capacidades económicas. Esto afectará el potencial de revisión del INE sobre los gastos, pero también su aspecto sancionador.  

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En el fondo, lo que no quieren es que la autoridad electoral conozca y sancione uno de los aspectos centrales para evitar el financiamiento ilegal. Mientras menos sepan en el INE, mucho mejor, es la lógica que impera en la reforma que impulsaron desde Palacio Nacional. 

También se incorporó la facultad de los partidos para retornar sumas del financiamiento ordinario a la Tesorería de la Nación, con el argumento de que ello se utilizará en caso de necesidades relacionadas con desastres naturales que son los contemplados en la Ley General de Protección Civil. 

Es una trampa que afectará la equidad. Lo que se pretende es que Morena (o cualquier otro partido en el futuro) aparezca como beneficiario de grupos sociales que se encuentren en emergencia, lo que puede constituirse en una forma de entrega de dádivas

Como en Morena tienen el mayor financiamiento, lo pueden utilizar fingiendo que donan recursos, cuando en realidad es un recurso público el que destinarán a estas situaciones. 

Esto recuerda al fideicomiso que constituyeron para, en teoría, apoyar a los damnificados de los sismos del 2017, pero que significó una operación financiera bastante cuestionable.  

Uno de los aspectos que van a generar mayores problemas, es que ya no se contempla la pérdida del registro para los candidatos que no hayan reportado los gastos de las precampañas o que rebasen los topes establecidos. 

Esto puede generar una lógica perversa, en la que los aspirantes utilicen financiamientos que rompan con la equidad, a sabiendas de que la falta de reportes solo les significará una sanción económica.

En el pasado, algunos partidos utilizaron vacíos legales para difundir campañas contrarias a la legalidad y su incentivo era que la multa, la que se paga con recursos públicos, era un daño menor en aras de desarrollar campañas propagandísticas que les significaran apoyos. 

Pero, estos cambios son, en realidad, una suerte de ajuste de cuentas por la cancelación de los registros de Félix Salgado y de Raúl Morón, en Guerrero y Michoacán, respectivamente.

El propio presidente López Obrador ha señalado, en diversas oportunidades, que ese es uno de los agravios mayores que ellos tienen con el INE y el Tribunal Electoral. 

Es un despropósito, porque, en lugar de establecer mecanismos de mejora en la rendición de cuentas, de plano se les desincorpora para que la violación a la ley ya no importe o no tenga las consecuencias que tenía. 

Para rematar, se cancelará la facultad del INE para interpretar la propia norma, estableciendo una lectura estricta de lo legislado. Esto tiene fondo, ya que lo que ocurrirá es que no se podrán sancionar ni prever conductas no contempladas, pero que a todas luces podrían ser ilegales. Algunos partidos son muy ingeniosos en ese aspecto y cada contienda electoral buscan la forma de escabullirse de la legalidad.

@jandradej 

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Emequis

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