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El Plan B y los bordes del abismo

Si el Plan B hubiera prosperado, estaríamos observando una profunda crisis en el INE: en pocas palabras, el proceso electoral del 2024 estaría ante un enorme riesgo.

Por Emequis
6 / 27 / 23

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Nos asomamos al abismo. Eso fue el Plan B. Nunca, desde que iniciaron los esfuerzos de cambios legales, a finales de los años setenta, se planteó una batería de reformas regresivas en términos democráticos.

Es decir, desde la administración de José López Portillo hasta la de Enrique Peña Nieto, las transformaciones en materia electoral siempre estuvieron acompañadas por las oposiciones y en gran medida impulsadas por estas.

La Suprema Corte desechó la totalidad del Plan B por violaciones al procedimiento parlamentario. Nueve de once integrantes del Pleno consideraron que existieron errores diversos que hacían inútil entrar en el fondo del asunto. 

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Sólo Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz consideraron que no era grave el desaseo con el que se condujeron los grupos mayoritarios en las cámaras. Las ministras se quejaron de que no se estudió el contenido de las reformas, pero la conclusión habría sido la misma. En la forma y el fondo, el Plan B se apartaba de la Constitución y, más aún, de la democracia misma. 

Por fortuna, el proyecto del ministro Javier Laynez resultó todo un estudio que dio claridad del desbarajuste que se cometió a finales del año pasado y el error que significaría dejarlo pasar. 

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Los legisladores de Morena tenían prisa y por ello no observaron que se debía cumplir con la pluralidad en el análisis y, sobre todo, hicieron caso omiso sobre la necesidad de que el procedimiento democrático cumpla con estándares, donde es importante el respeto a las minorías. 

Esto no proviene de caprichos o de inventos recientes, sino de la Constitución misma. La SCJN tiene criterios, ya reiterados en el tiempo al respecto, de los que se desprende que las votaciones mayoritarias o inclusive unánimes no pueden significar que se desestimen conceptos de invalidez.

Hay acciones de inconstitucionalidad que así lo muestran desde 2005.

Si el Plan B hubiera prosperado, estaríamos observando una profunda crisis en el INE por el nivel de ajustes que se tendrían que hacer en su estructura profesional, habría problemas de gran calado en lo que respecta a la integridad del Padrón Electoral y en la calidad de la Lista Nominal que es la que se utiliza en las casillas.  

El daño para los OPLE también resultaría severo y en el esquema de una reforma bastante anti federalista. Pero también implicaba daños, nada menores, respecto a los derechos de los grupos vulnerables. 

En pocas palabras, el proceso electoral del 2024 estaría en un enorme riesgo en lo que respecta a su propia calidad, con lo que eso puede implicar, tomando en cuenta que se decidirá nada menos que la presidencia de la República y nueve gubernaturas. 

Una de las irresponsabilidades mayores es justamente la de impulsar este tipo de cambios en un horizonte de tiempo tan ajustado. También sería la primera vez que una reforma de semejante magnitud fuera aprobada en una contienda nada menos que presidencial, cuando la disputa por el poder político requiere de controles y certidumbre. 

Los peligros para el sistema democrático no han terminado. El presidente López Obrador quiere un Plan C y este tiene que provenir de las urnas, dotando a Morena y sus aliados de la fuerza suficiente para cambiar la Constitución. 

Su propuesta implicará cambios en la elección misma de ministros de la Suprema Corte y de magistrados del Tribunal Electoral, para que se definan por voto popular, además de reiterar un nuevo diseño, bastante desbarajustado para el INE.

Inclusive en ese contexto, el de contar con una mayoría parlamentaria apabullante, se tendrían que respetar los procedimientos legislativos y observar los diversos tratados internacionales en materia de libertades y derechos humanos, pero sobre advertencia no hay engaño. 

La protección de la democracia tendrá que provenir del voto ciudadano, de ahí que sea más que relevante que las oposiciones planteen con claridad lo que harán para que esto no ocurra.

En 2024 elegiremos titular del Ejecutivo, pero también será un pronunciamiento de la continuidad del sistema de partidos y sus alcances en la Constitución.

Sorteamos el abismo del Plan B, pero muy pronto podemos estar, de nueva cuenta en sus linderos, pero con derivaciones todavía más complejas. Para el deterioro nunca hay fondo.

@jandradej

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