4 / 8 / 24
EMEEQUIS.– En unos días, el 3 de mayo, se cumplirá un año de una de las tragedias más estremecedoras en la Ciudad de México: el derrumbe de la Línea 12 del Metro donde murieron 26 personas.
Para la jefa de Gobierno fue un golpe inmenso que inclusive se reflejó en las elecciones que se celebraron un mes después.
Claudia Sheinbaum perdió parte de su capital político esa noche y es poco probable que pueda recuperarlo y menos aún ante una indagatoria en la que privan las zonas oscuras y donde no hay culpabilidades claras.
TE RECOMENDAMOS: EL SUSPENSO DE LA LÍNEA 12: LAS MIRADAS VOLTEAN HACIA EBRARD ¿Y LOS DEMÁS?
La 4T quedó atrapada entre las responsabilidades que pudieran corresponder a los constructores o, por el contrario, al mantenimiento, lo que significa elegir entre las dos cartas más fuertes para 2024, Marcelo Ebrard y la propia Sheinbaum.
El caso tiene tintes internacionales, porque las familias de las víctimas han presentado denuncias en Estados Unidos contra ICA, Alstom y CAF.
PEMEX CAMINANDO A UNA CRISIS LABORAL
Una de las aristas más delicadas para el funcionamiento de Pemex son sus trabajadores. Por eso gobiernos de ideologías diversas, buscaron mantener una buena relación con los líderes sindicales.
Desde tiempos de Joaquín Hernández Galicia “La Quina” no había acontecido una movilización como la que está iniciando y, por lo que se ve, con perspectivas de escalar.
El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, ya logró lo inaudito: las 36 secciones del STPRM están evaluando inclusive un paro de actividades.
Los trabajadores se quejan de falta de mantenimiento, condiciones de inseguridad y violaciones a su contrato colectivo.
Minimizar el conflicto señalando que lo que pasa se debe a que Ricardo Aldana, el líder sindical, está enojado porque se le acabó el negocio, es, además de reduccionista, todo un riesgo para Pemex.
TE RECOMENDAMOS: EL EDÉN DE OCTAVIO ROMERO: PEMEX IBA PARA CAMPECHE, PERO ÉL SE LA VIVE EN TABASCO
Las próximas semanas se requerirá de todo el talento de Adán López Hernández y de Luisa María Alcalde, titulares de las secretarías de Gobernación y Trabajo, respectivamente, para tratar de contener lo que se puede convertir en un verdadero tsunami.
La alternativa es dejar el problema en manos de Romero Oropeza, pero eso sería como resignarse al desastre.
SI LOS 223 DIPUTADOS SE QUEDARAN SIN FUERO
Es difícil establecer si es por ignorancia o por mala fe, pero la determinación de acusar a 223 diputados que votaron contra la Reforma Eléctrica, contraviene cualquier sentido lógico en términos jurídicos.
Imaginemos que la denuncia de Mario Delgado y de su paje, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, prosperara en la FGR. Los fiscales tendrían que solicitar el desafuero de cada uno de los legisladores para que una mayoría, en San Lázaro, decida si las acusaciones son procedentes.
Los 223 perderían el fuero y el cargo. En términos concretos esto significaría tener a toda la oposición tras las rejas, algo que ni en Venezuela ha ocurrido.
Pero más allá de las pulsiones autoritarias, es imposible que las ideas de Delgado prosperen porque hasta un estudiante de recién ingreso en la carrera de Derecho sabe que los diputados son inviolables en sus opiniones y en las determinaciones que tomen dentro de su trabajo en las cámaras.
Por fortuna, es imposible que ocurra un disparate de semejantes dimensiones, inclusive en un momento en que los límites de lo que puede o no puede ocurrir son difusos.
FUNCIÓN PÚBLICA Y PENSAMIENTO MÁGICO
El pensamiento mágico en la 4T estaría por escalar otro peldaño si prospera la iniciativa de concentrar las compras de gobierno en la Secretaría de la Función Pública.
La idea es que Roberto Salcedo Aquino se encargue de una de las cuestiones más problemáticas, ya que gastar el presupuesto no es sencillo y es una tarea que está cargada de riesgos.
El detalle es que la SFP está obligada, por la ley, para supervisar precisamente la utilización de los recursos y que esto se desarrolle conforme a la normatividad.
Salcedo Aquino y sus colaboradores, serían juez y parte de las compras de gobierno, con todo lo que ello implica.
Por lo pronto, la vigilancia en el uso del gasto entraría en una zona de opacidad no vista desde hace décadas.
En el fondo, es tratar de arreglar el tema de la corrupción, evitando que se indague, porque en la SFP no se van a poner la lupa sobre sí mismos.
@emeequis
