SOBRE EL AUTOR
Julián Andrade
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.- Marzo puede ser un mes letal en lo que respecta a la violencia política. Es el arranque de las campañas y cuando el crimen organizado suele elevar sus ataques.
En el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, que coordina Sergio Aguayo, elaboraron un estudio, “Urnas y tumbas: análisis de los 32 homicidios de candidatos en el proceso electoral 2021” en el que establecieron premisas que puede ayudar a las autoridades, partidos y a la ciudadanía para tomar las providencias necesarias.
Del estudio de los homicidios se desprendieron hallazgos interesantes: la violencia política es eminentemente local. 8 de cada 10 casos así lo muestran. Es un problema transversal y que atañe a todas las formaciones políticas, porque los bandidos no tienen preferencia en sus ataques. En la mayoría de los casos no existieron amenazas previas. Es todo el sistema político el que se encuentra en riesgo.
También detectaron que en marzo suelen arreciar las presiones y, por desgracia, las muertes. Esto se debe, con alta probabilidad, a que es el periodo en que ya se esbozan con claridad las apuestas de los partidos políticos y es donde las organizaciones criminales tratan de incidir y en no pocas ocasiones, sacando de la jugada a quienes estorban a sus planes.
Hay una suerte de punto ciego, ya que en la Estrategia de Protección en Contexto Electoral de la Secretaría de Seguridad Publica Ciudadana se contempla a la amenaza como un factor, casi indispensable, para activar los sistemas de protección a candidatos.
La realidad, sin embargo, está mostrando que esto puede no ser suficiente, justamente porque los ataques llegan a ser sorpresivos.
Es importante, por ello, el enfatizar el análisis preventivo y particular de las campañas en zonas de mayor riesgo por las actividades y presencia criminal.
Para comentar el estudio, Aguayo convocó a Manuel Pérez Aguirre, también del Colegio de México, al consejero del INE, Martín Faz, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez, y a la vocera de Data Cívica, Itxaro Arteta.
Pérez Aguirre, que es autor del documento con el propio Aguayo y con Roberto Roldán Vargas, expuso la metodología con la que trabajaron y le dio relieve especial al acompañamiento de investigadores locales y de periodistas, que son los que conocen el terreno y tienen mayor oportunidad de obtener información de calidad para el análisis.
El consejero Faz señaló en el conversatorio, que llevaría las conclusiones del estudio al INE para que se atienda con la pertinacia debida, inclusive bajo la instrucción del Tribunal Electoral de realizar foros sobre el tema.
Arteta recordó que en Data Cívica están haciendo un análisis desde el 2018 a lo que va del 2024 y tienen detectados mil 675 episodios entre los que se contemplan ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ambiente político, gubernamental o en contra de instalaciones de gobierno o partidos.
Puso en la mesa un asunto con rasgos tenebrosos: en muchos de los asesinatos de aspirantes o candidatos, era evidente que no tenían posibilidades de triunfo las víctimas, pero los perpetradores quisieron mandar el mensaje de su poder.
Ramírez titular de la CDHCM dejó en claro que el asesinato de personas que pretenden participar en una elección impacta en la calidad de la democracia ya que “esas muertes nos afectan a todos”.
Esfuerzos como los que se vienen realizando en la academia son de un alto valor, porque pueden funcionar como herramientas para la generación de políticas y estrategias de anticipación.
Lo que está en risego es la seguridad y la vida de ciudadanos que decidieron participar en política, pero lo hacen en regiones donde el crimen tiene una gran influencia. Basta observar lo que ocurre en Guerrero, Michoacán, Estado de México y Zacatecas, como para tomar conciencia del tamaño del desafío en que se encuentra nuestra democracia y su futuro.
LAS VÍSPERAS DEL 2024
A la gobernadora campechana Layda Sansores, tampoco le gusta que los periodistas hagan su trabajo y por ello denunció a Carlos Marín por una supuesta violencia política en razón de género. Se quedó con las ganas, porque la Sala Superior del TEPJF revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Campeche de modo simple y llano. Una acción coherente con los criterios de protección a la libertad de expresión que han imperado en las resoluciones de las magistradas y magistrados.
@emeequis
