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Los peligros ocultos de los jueces sin rostro. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– La ocurrencia más reciente en torno a la Reforma de Justicia es la instauración de jueces sin rostro. Es una de las aristas más delicadas de lo que podemos inscribir en el derecho penal del enemigo.
Diputados de Morena incluyeron en la legislación, que aprobarán los primeros días de septiembre, que “tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer de las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras.”
¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo es que la propuesta de reforma, que era mala desde el principio, sea cada día peor? Porque no existe un diagnóstico de los temas, se van lanzando ideas al vuelo y luego se instruye para que se legislen.
Es probable que los diputados que aprobaron gustosos el añadido a la iniciativa presidencial no tengan ni la más remota idea de la consecuencia que puede tener una figura, como los jueces sin rostro, que contradice el debido proceso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIHD) se ha pronunciado contra el anonimato de los juzgadores y sus objeciones se basan en experiencias desastrosas en Guatemala, Colombia y Perú.
Para la CoIDH “la implementación de un mecanismo que tiende a encubrir la identidad de un juez debilita el sistema de administración de justicia al privar al imputado del goce de sus derechos fundamentales” y entre ellos, el debido proceso.
Las legislaciones especiales nunca son una buena idea, pero suelen utilizarse en situaciones de emergencia o por gobiernos de corte autoritario, como fueron los del guatemalteco Efraín Ríos Montt y el peruano Alberto Fujimori, pero también de situaciones de muy alta violencia como la que le tocó enfrentar a Belisario Betancur, cuando surgió el grupo de los extraditables, ligados a Pablo Escobar Gaviria.
Lo de Fujimori tiene aristas aún más macabras, porque si bien combatió a la organización terrorista de Sendero Luminoso y logró apresar a Abimael Guzmán, lo hizo en el contexto de un auto golpe que tuvo el respaldo de las fuerzas armadas, disolvió el Congreso Nacional e inició un proceso para reorganizar el Poder Judicial.
En Colombia, la disposición surgió a raíz del ataque del M-19 a la Suprema Corte de Justicia, con un saldo de 93 muertos. Los guerrilleros estaban patrocinados por el narcotráfico.
Con el paso del tiempo las medidas excepcionales tienen que se ser corregidas porque producen más daños que beneficios, si se observan desde una perspectiva democrática.
Lo que los diputados de Morena piensan aprobar el próximo mes, ni siquiera es excepcional, sino que lo quieren establecer como permanente para los casos que determine el Tribunal de Disciplina Judicial.
Se dirá que los jueces sin rostro serán utilizados contra los grupos más peligrosos, pero los datos indican, en lo que respecta al gobierno que termina, que eso nunca fue una prioridad.
Una de las herramientas de protección, que es la readscripción de los jueces, estará prohibida y, además, habrán hecho campaña electoral, los que luego entrarán en el anonimato. Un absurdo y de alto riesgo.
Hay que recordar que en la FGR pusieron más empeño en tratar de meter a la cárcel a científicos acusados de crimen organizado que a los capos de las drogas.
En el esquema de debilidad institucional, de jueces poco preparados, que son los que provendrán de la elección popular, el anonimato es un llamado a la arbitrariedad y contra cualquiera.
Si en realidad quisieran proteger a los jueces, no se les denostaría todas las mañanas desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional y no se estaría en la ruta de terminar con carreras de décadas.
La impunidad que padece México empieza porque las fiscalías no hacen su trabajo, ya que ni el 5% de los asuntos que indagan llega a ser consignado ante un tribunal.
@jandradej
