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Ayotzinapa: se encubrió, pero a criminales

Se puede castigar a los torturadores, pero sin despojar a las víctimas de sus derechos. No se trata de cambiar una impunidad por otra, que es lo que está pasando en el Caso Ayotzinapa: las presiones para Alejandro Encinas aumentan.

Por Emequis
9 / 29 / 22

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Alejandro Encinas cometió un grave error al aceptar que el fiscal del caso Ayotzinapa fuera Omar Gómez Trejo. Se puso en manos de una narrativa que por necesidad tenía que concluir en el Ejército, porque ello ya lo habían determinado, sin las pruebas pertinentes, los jefes reales del exfiscal, los integrantes del GIEI, quienes se dedicaron a sabotear los trabajos ministeriales desde 2014.

Las consecuencias están a la vista, porque la deriva de la indagatoria es ya inevitable. 

Los avances del Informe de la Comisión de la Verdad, que no son pocos, quedarán oscurecidos por las múltiples fallas procesales de los fiscales. Para Encinas, quien es subsecretario de Gobernación, las presiones irán en aumento, porque lo van a querer responsabilizar de una dinámica que estaba clara desde el sexenio anterior, pero que en Palacio Nacional no quisieron ver o creyeron que podrían detener esa inercia.  

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Quizá el escollo más complejo sea que muchos de los responsables directos de las desapariciones alcanzaron su libertad porque, en la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa, no hicieron su trabajo. Gómez Trejo pudo subsanar los errores de las consignaciones, obteniendo pruebas para evitar que los procesados salieran de prisión. 

También estaba, dentro de sus posibilidades, el proceder contra los asesinos por otros delitos, ya que la mayoría eran integrantes de los Guerreros Unidos y de las policías municipales de Iguala y Cocula. Contra ellos existen señalamientos por homicidio, secuestro y extorsiones. 

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Pero en lugar de hacer esto, permitió que un delincuente, Gildardo López Astudillo, “El Gil”, uno de los líderes de los Guerreros Unidos, se convirtiera en el testigo estrella que en teoría llevaría al banquillo de los acusados al Estado mismo. 

No es la primera vez que en la FGR y en la entonces PGR caen en esa clase de patrañas. Lo increíble es que la experiencia previa no enseñe nada. 

“El Gil” es responsable de todas las teorías absurdas que ahora se pregonan y entre ellas que los cadáveres de los jóvenes normalistas fueron llevados a las instalaciones del 23 Batallón de Infantería, cuando no hay un solo testimonio de algún soldado que haya participado o sido testigo de semejante operación de encubrimiento.  

Tampoco conocemos los nombres de los soldados que habrían ejecutado a seis normalistas, no hay pruebas al respecto, todo son dichos, oídas, llamadas anónimas, pero de ello se acusa a un general del Ejército, José Luis Rodríguez Pérez, quien se encuentra en la prisión del Campo Militar 1. 

Otro soldado, el capitán José Martínez Crespo, está acusado de delincuencia organizada, porque no pudieron probar que haya lastimado a algún estudiante, por el contrario, se topó con 25 normalistas en el Hospital Cristina, y ninguno de ellos desapareció. 

Este es uno de los despropósitos más delicados y por ello en las Fuerzas Armadas han mandado señales, por demás claras, que van a defender a sus mandos. 

Sí existía una ruta distinta que habría alejado el desastre en el que ahora se encuentra la indagatoria, en medio de polémicas y de una disputa en el interior de la 4T. 

Se puede castigar a los torturadores, pero sin despojar a las víctimas de los derechos que les asisten. No se trata de cambiar una impunidad por otra y es lo que por desgracia está ocurriendo. 

La FGR, la Unidad responsable del caso Ayotzinapa, se alejó de su responsabilidad de proteger a las víctimas y a sus familiares, para enredarse en un debate político que les redituó hasta que el asunto llegó a los tribunales, donde se requieren pruebas, no arengas. 

Las faltas de Gómez Trejo, son omisiones graves, que significan que la verdad se aleje y la impunidad permanezca. Hay responsabilidades más que evidentes en ello, y más que provienen de la fobia que le tienen a Jesús Murillo Karam, cuando lo que debió imperar es el deber de hacer valer la legalidad. 

El costo de todo esto es incuantificable, pero se notará en el desaliento de quienes creyeron que se iba a actuar del modo correcto, cayera quien cayera, pero entre ellos los integrantes del crimen organizado, los que sometieron a Iguala y Guerrero, a una de las salas más inquietantes del mismo infierno. 

@jandradej

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