CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Como en la investigación del caso Ayotzinapa ya no habrá más avance del que se conoció desde hace años, y que en gran medida es el de la verdad histórica establecida por el procurador Jesús Murillo Karam, el presidente López Obrador decidió cargarle la culpa al Centro Pro de Derechos Humanos.
El titular del Ejecutivo sostiene que los activistas actuaron con doble moral y que, mientras acompañaban a los familiares de los desaparecidos, también buscaban que los responsables de los hechos delictivos alcanzaran su libertad.
La esencia del litigio es por los integrantes de la banda de los Guerreros Unidos que fueron liberados porque alegaron tortura y la FGR no hizo lo conducente para refutar las afirmaciones o para buscar que quedaran detenidos por otras de sus fechorías, las que eran múltiples.
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El Centro Pro en realidad no es responsable del desastre en que se convirtió la indagatoria, ya que ellos lo que han hecho es un trabajo apegado a la protección de los derechos humanos y bajo los estándares internacionales del caso. Condenaron la tortura, por supuesto, pero nunca intentaron favorecer a los implicados en el caso Ayotzinapa.
La negligencia mayor la cometió el fiscal Omar Gómez Trejo, quien no hizo nada para que se practicara el Protocolo de Estambul a los quejosos de malos tratos, como lo ordenó el juez del caso.
En el fondo, ni en Palacio Nacional ni en la FGR tenían mucho interés en los responsables directos del crimen, porque querían configurar una historia de colusión de quienes investigaron el caso y de las fuerzas federales desplegadas en Iguala.
Los ataques a defensores de derechos humanos no son nuevos. Desde que inició la actual administración se hizo blanco de ellos, porque no se soporta que se cuestione la labor de la autoridad.
Pero el enredo por Ayotzinapa es mayor, porque no hay forma de que se desvanezca una acción que se impulsó desde el propio poder para castigar a los que investigaron y no necesariamente a los que delinquieron.
Mientras estaban embelesados con aquello de que “fue el Estado”, dejaron pasar términos procesales importantes, pactaron con criminales que se convirtieron en sus respaldos argumentativos y que les dotaban de los relatos que querían escuchar.
Una de las zonas de conflicto es la que se desprende de la presunta participación militar en los hechos. Hay ocho mandos detenidos en el Campo Militar 1-A, pero es poco factible que se vaya mucho más allá de eso, pero no por las supuestas objeciones de la Secretaría de la Defensa, sino por la realidad misma, que no camina por esa senda en el terrible asunto de Ayotzinapa.
De ahí que culpar a los integrantes del Centro Pro sea injusto y absurdo, cuando se tendrían que enfilar baterías contra los que no hicieron bien el trabajo ministerial respectivo.
Lo complejo será llegar a una explicación adecuada, más aún cuando se haga cada día más evidente, el profundo daño que causó el tomar a Ayotzinapa como bandera política, pero, peor aún, como un instrumento del gobierno para desprestigiar al pasado.
Las consecuencias están ya a la vista. Los familiares de los normalistas no obtendrán justicia y, en gran medida, porque quienes tenían la responsabilidad de la indagatoria permitieron que los asesinos salieran de prisión, mientras se alimentaba el cuento de que tenían otros elementos que aclararían el asunto.
El presidente López Obrador puede acusar a quien guste, lo viene haciendo desde que accedió al poder, pero ello no borrará la responsabilidad que sus subordinados en esta terrible historia.
El Centro Pro, en cambio, tiene que hacer lo que ha hecho en los últimos 30 años, defender los derechos humanos, más allá de las tempestades que esto despierte.
LAS VÍSPERAS DEL 2024
Eruviel Ávila, Jorge Carlos Ramírez Marín, Alejandro Murat, Nuvia Mayorga y Adrián Rubalcava anunciaron la creación de Alianza Progresista para respaldar a Claudia Sheinbaum. En general, lo que los impulsa es el resentimiento, porque no encontraron cobijo a sus proyectos personales en el PRI.
No le van a sumar mucho a la abanderada de Morena, ya que, con excepción de Ávila, quien sí cuenta con estructura en el Estado de México y rindió buenas cuentas políticas, las que permitieron que Alfredo del Mazo llegara al poder y en una elección complicada, los otros estaban buscando saltar del barco opositor para subirse a una embarcación que consideran más redituable.
@jandradej
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