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Zaldívar y la 4T pierden terreno en el Poder Judicial

El Tribunal Electoral da doble revés a AMLO: primero contra sus mañaneras y después contra sus siervos. Y jueces conceden más de 100 amparos contra Reforma Eléctrica. Para colmo, Zaldívar enfrenta una corriente adversa entre juzgadores.

Por Redacción EMEEQUIS
2 abr 2021

doble revés para AMLO
Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, y el mandatario López Obrador. Fotos: Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– El doble revés que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recetado a AMLO y los más de 114 amparos concedidos contra la reforma eléctrica parecen mostrar un viraje en el Poder Judicial. Pero sobre todo exhiben aversión al cuatroteísmo en las entrañas de la comunidad judicial.

El Tribunal falló en una misma jornada, la del miércoles 31 de marzo, contra la utilización electorera de las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador y mandó investigar al mismo presidente, a la plana mayor de la Secretaría del Bienestar, a los superdelegados y a los Siervos de la Nación, por operar electoralmente y promocionar vincular la imagen presidencial a programas sociales. 

A ese revés de la justicia electoral, hay que sumar la emisión de 114 amparos en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que según Beatriz Marcelino, directora de Grupo Ciita, han concedido los jueces (Milenio, 23/03/ 2021).

Esta suma de decisiones del ámbito judicial han sido tomadas en distintos sectores como una señal de que la autonomía aún late dentro del Poder Judicial.

Pero también como el agrupamiento de una corriente que rechaza la supuesta sincronía del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, con los intereses de la 4T.

De hecho, la persecución presidencial y del propio Zaldívar contra el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó la suspensión definitiva contra las reformas a dicho ordenamiento, han propiciado supuestamente un reagrupamiento en torno a este en la comunidad judicial.

La filtración de que Gómez Fierro mandó a volar de manera más que contundente a los emisarios de Zaldívar que le exigían explicaciones por su fallo, le habrían granjeado amplias corrientes de simpatía al primero y condena al segundo, en la comunidad judicial. 

TRIBUNAL ORDENA INVESTIGAR PRÁCTICAS SUCIAS DE SIERVOS DE AMLO 

El Tribunal ordenó a la Sala Especializada investigar la responsabilidad de AMLO, y de casi toda la estructura de la Secretaría del Bienestar, en la promoción de la imagen personal del tabasqueño, con recursos públicos, ejecutada por los Siervos de la Nación durante el levantamiento del Censo del Bienestar.

La secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González; la subsecretaria Ariadna Montiel y Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo del gobierno federal y de los 19 mil siervos, así como gran parte de los superdelegados del gobierno federal en los estados.

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El caso derivó de una queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en agosto de 2019, que denunció a esa red de funcionarios por operar como una estructura electoral. Hay que recordar que, al efectuar su censo, portaban chalecos con la imagen de AMLO y recitaban un discurso para dejar en claro que los programas y recursos eran enviados por López Obrador.

El 27 de diciembre de 2019, la Sala Regional Especializada determinó que 14 de 32 superdelegados, 21 subdelegados regionales y ocho siervos eran propiamente delincuentes electorales.

En la sentencia del TEPJF se resolvió igualmente que los funcionarios públicos desacataron las medidas cautelares que el 16 de agosto de 2019 dictó el Instituto Nacional Electoral (INE) para retirar publicaciones, fotos y videos de redes sociales que incurrieron en promoción personalizada de servidores públicos, léase, de AMLO.

CERO PROPAGANDA EN MAÑANERAS, ORDENAN MAGISTRADOS

El miércoles 31 de marzo, el Tribunal dictaminó que AMLO ya no podrá usar sus conferencias mañaneras para difundir logros de su gobierno, presumir programas sociales, elogiar o atacar gobiernos locales ni hacer comentarios sobre los comicios.

Deberá manejar su discurso dentro de los límites de información neutral sobre educación, salud y protección civil y nada más. La Sala Superior advirtió que, en caso de no hacerlo, tanto el mandatario como las concesionarias de radio y TV que difundan mensajes fuera de esos parámetros se encontrarán en clara violación del artículo 41 de la Constitución.

Lo que más incomodó en Palacio Nacional, según manifestaciones, es que la sentencia fue votada por unanimidad.

PROMOCIÓN PERSONALIZADA

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Sala Especializada analizar la probable responsabilidad de funcionarios de alto nivel, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la promoción personalizada con recursos públicos que realizaron a su favor los servidores de la nación durante el levantamiento del Censo del Bienestar. 

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En sesión, los magistrados revocaron la sentencia emitida por esa Sala en 2019, en la que se había determinado que no eran responsables de esas violaciones legales el presidente, la titular de la secretaría del Bienestar, María Luisa Albores González, la subsecretaria, y Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo del gobierno federal.

El caso derivó de una queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el 8 de agosto de 2019, en la que denunció la operación de una estructura electoral integrada por servidores de la nación y superdelegados, pues para levantar el censo de programas sociales se desplegaron en el país con chalecos con la imagen del presidente y un discurso para dejar en claro que los programas y recursos eran enviados por López Obrador.

El 27 de diciembre de 2019 la Sala Regional Especializada determinó que 14 de 32 superdelegados, 21 subdelegados Regionales y ocho servidores de la nación sí violaron la Constitución, porque emplearon recursos públicos para promover indebidamente al presidente López Obrador.

La decisión de investigar a altos funcionarios, incluido el presidente, fue respaldada por cinco magistrados, pero votaron en contra dos: José Luis Vargas, presidente, y Mónica Soto.

 

@emeequis

 

 

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