SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– Para Jeysol Amaya, sobreviviente de feminicidio, los procesos de justicia en Campeche son como estar en una nevera “es como si se hubiera congelado”, relata. Desde 2015 espera una tranquilidad que no ha llegado, tras sobrevivir a un ataque de 37 puñaladas a manos de Rodrigo “N”, su expareja.
Al recordar su vida antes de la violencia feminicida, y todo lo que le quitó, ella no puede contener las lágrimas. Su temor más grande es que el agresor pueda afectar la vida de sus hijos, pues ha recibido amenazas y desde hace meses ya no cuenta con la protección del Estado.
“Para mí ha sido un retraso en mis tratamientos y sobre todo en las secuelas; aunque tenga un tratamiento adecuado, hay secuelas que son irreversibles. Para mis hijos negarles mejores oportunidades de vida.
“Mi hijo truncó completamente sus estudios por apoyarme, la salud visual de mi hija se ha deteriorado muy fuerte y estoy a punto de perder la otra mitad de mi casa con las deudas”, cuenta la sobreviviente a EMEEQUIS desde Campeche.
Su salud, condición económica, capacidad para trabajar, el cuidado y futuro de sus hijos, pero sobre todo la certeza de no estar a salvo cada que sale a la calle, son las deudas que tiene la justicia mexicana en el caso de Jeysol Amaya.
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Pese a que carpeta de investigación 1482/2015 abierta por las agresiones que sufrió la noche del 30 de enero de 2015, ya tienen una sentencia de 30 años en contra del agresor, él sigue en libertad, ya que tampoco se ha ejecutado la orden de aprehensión.
Hace dos meses acudió a una cita en juzgados federales de Campeche, donde le negaron acceso a las copias de su expediente, pero con la afirmativa de que ya había una resolución a su favor con una sentencia ratificada; sin embargo, se dio cuenta que la defensa de su agresor duplicó los expedientes para retrasar aún más el proceso.
“Lo siguen protegiendo aquí, está amparado y no sé de qué. No hay abogado que se anime a llevar mi caso en Campeche por la misma protección que tiene”, cuenta Jeysol, quien señala que la impunidad está relacionada con los puestos políticos que ostentan los familiares de su agresor en el sistema de justicia del Estado.
El documental que acompañó el reportaje.
Espera que con el cambio de gobierno en su estado se pueda retomar el caso y darle solución efectiva, para que su agresor cumpla su condena y ella obtenga la reparación integral del daño que le corresponde ya que, referente a la falta de acceso a la justicia, afirma “ya me cansé de tocar puertas cerradas”.
El 24 de mayo de 2021, EMEEQUIS junto a Proceso, Animal Político, La Lista, Ruido en la Red, con el apoyo de Connectas y el ICFJ publicaron la investigación “Las Sobrevivientes, Olvidadas por la Justicia”.
En ella se relata la historia de Jeysol Amaya, sobreviviente de feminicidio, y de otras mujeres en la misma situación; donde los casos de extrema violencia no son llevados a la justicia como tentativas o intentos de femicidio; sino que se reclasifican a delitos menores.
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La investigación revela que de 1.7 millones de ataques registrados durante los últimos 8 años en el país, sólo 0.04% se clasificaron por este delito; el resto como lesiones dolosas o violencia familiar.
A un año de la publicación del reportaje, que también propició cambios legislativos en torno al delito de tentativa de feminicidio para que fuera incluído en el Código Penal Federal, las sobrevivientes aún exigen justicia.
La publicación fue distinguida con el Premio Breach / Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2022, en una ceremonia llevada a cabo el pasado 12 de mayo en el Museo Franz Mayer.
CASOS SIN RESOLVER, MUJERES EN RIESGO
Yuliana López sigue en la lucha por acreditar la tentativa de feminicidio contra su expareja. Foto: Marco Gutiérrez.
En Veracruz, Yuliana López ha tenido que aprender a vivir sin miedo, porque tras un año de denunciar a su agresor, la Fiscalía estatal mantiene su proceso sin avances.
Fue a inicios de 2020 cuando ella denunció que Juan Carlos “N” intentó asesinarla, y que posterior a terminar su relación; él la mantenía vigilada y rondaba por sus espacios familiares y de trabajo. Incluso eso quedó grabado y lo entregó de prueba a las autoridades.
Sin embargo, a dos años de que la Fiscalía de Veracruz se opusiera a abrir la indagatoria por el delito de tentativa de feminicidio y lo clasificará sólo como acoso y hostigamiento; el caso no avanza y las pruebas que entregó “no aparecen” para las autoridades periciales.
“Ni para atrás ni para adelante, yo estoy muy desilusionada porque realmente ni siquiera se ha podido cambiar la tipificación a tentativa de feminicidio, sigue como hostigamiento”, cuenta Yuliana a EMEEQUIS.
Relata que a dos años de lo sucedido aún tiene episodios emocionales severos de angustia, desesperación y de ansiedad, porque su agresor sigue en libertad, y ella teme volver a ser agredida; ya que por la clasificación del delito en la investigación, tampoco cuenta con medidas de protección.
El único apoyo que ha recibido del estado de Veracruz, en el Centro Estatal para Atención a Víctimas del Delito, donde recibe asesoría legal de un abogado que busca reclasificar el caso a tentativa de feminicidio, y también se le brinda seguimiento psicológico para ella y su hijo.
La seguridad, por volver a salir a la calle sin ser agredidas y la reparación integral del daño, son las necesidades más grandes de las sobrevivientes de feminicidio, tras sufrir un episodio de violencia extrema.
CAMBIOS EN LAS LEYES: FALTA ACTUACIÓN JURÍDICA
Sobrevivientes en la Cámara de Diputados. Foto: Especial.
Con el aval de la Cámara de Diputados, con 453 votos a favor, los legisladores enviaron al Senado una propuesta para incluir en el Código Penal Federal, como parte del delito de feminicidio, un apartado referente a la tentativa. En el cual se contemplan penas de 20 a 45 años de prisión.
Hasta ahora sólo cuatro estados contemplan la literalidad de la tentativa de feminicidio en sus leyes: Campeche, Nuevo León, Durango y Puebla. Para el resto del país puede aplicarse mediante la figura punible de la tentativa hacia el delito de feminicidio, sin embargo, lo más frecuente es que no se juzgue con perspectiva de género y estos casos sean reclasificados.
De acuerdo con Carolina Ramírez, superviviente y fundadora de la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio, con la integración de este delito, se marca una pauta para que el sistema de justicia utilice la figura penal, se investigue y sancione a los agresores bajo la misma. No obstante, el mayor pendiente está en reformas que avalan su cumplimiento por parte de Ministerios Públicos, abogados del Estado, Jueces y Magistrados.
“Necesitamos reformas para el Poder Judicial, porque sigue siendo este lugar donde el proceso se detiene, en casos donde ya está la carpeta de investigación pero todavía nos topamos con pared y todo ese trabajo de que sea tipificado como tentativa nos lo cambian”, explica Ramírez.
El proyecto de decreto que ahora está en cancha de la Cámara de Senadores, enlista que las modificaciones se hicieron al Artículo 167, 137, 141 y 144 del Código de Procedimientos Penales y al 63 y 85 del Código Penal Federal. Se busca que las sanciones por el delito de tentativa de feminicidio sean de 20 a 45 años de prisión.
Además, para evitar que las mujeres vuelvan a ser agredidas, se establece la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en casos de feminicidio consumado y en grado de tentativa; para que los sentenciados bajo esta causa no puedan gozar de libertad condicional, anticipada ni de sustitución de la pena por este delito.
@GloriaPE_
