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EMEEQUIS.– El informe “Voces contra la indiferencia” se pregunta “¿cuál es el verdadero compromiso de las elites partidistas con la democracia y sus valores?”. Y denuncia el poco acceso a la información, el asesinato de periodistas, así como diversas represalias creadas por el gobierno en turno para mantener centralizada la información.
Artículo 19 menciona: “había expectativa por el cambio profundo que se prometió”, se pensó que “era positivo que se señale desde el poder presidencial la corrupción, la desigualdad y la impunidad”, como problemas que provienen de la estructura y deben ser erradicados. Pese a ser un acto complicado se tenían esperanzas de un cambio positivo.
Pero lo ocurrido en el país es diferente al discurso presidencial. La violencia contra los medios que pretenden informar lo que ocurre en el territorio nacional continúa, al igual que la violencia informativa contra sectores vulnerables.
De acuerdo con el informe, las estrategias de ataque a la información son diversas. La discrecionalidad al momento de asignar publicidad oficial, la criminalización del internet y “la falta de cambios institucionales de fondo”. explica el texto, son reflejo de ello.
Durante la actual administración “se hizo más evidente la desinformación y la concentración y ocultamiento de la información”, señala Artículo 19.
La estrategia para anular voces críticas ya había sido denunciada, “actos como proceso de estancamiento o, en algunos casos, de franca degradación en el acceso a la información sigue vigente”, denuncia la organización.
Pese a que el discurso presidencial se mantiene en la postura de cambio y que “ahora la cosas no son iguales” de acuerdo con el informe, actualmente “se siguen violando derechos humanos”, contexto al que se suma una “endeble condición de libertad de expresión” para todas las voces que son disidentes al discurso presidencial.
En esta confrontación de discurso, Artículo 19 menciona que a quien se debe de escuchar es a “las voces que encarnan la lucha digna y la resiliencia contra la censura, el olvido y la indiferencia”. Ellas deben de prevalecer sobre el ruido, la polarización, incertidumbre, manipulación, anulación y desinformación.
“Son las personas que viven la situaciones sociales y económicas más adversas quienes padecen con mayor agudeza la falta de garantías para su derecho humano a la información”, declara el texto.
AÑO DEL TERROR
Para Artículo 19, una de las estrategias más utilizadas por el actual poder es el “imponer silencio a través del terror”. Y recuerda que el año con más violencia hacia la prensa del que se tenga registro es el 2022, que junto con el 2017, fue el que más vidas de periodistas cobró .
Los 12 periodistas asesinados debido a su labor en 2022 son: José Luis Arenas Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado López, Roberto Toledo, Heber López Vázquez, Jorge Luis Camero Zazueta, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares López, Luis Enrique Ramírez Ramos, Antonio de la Cruz, Alan González y Juan Arjón López. A los hechos ocurridos en 2022 se suman los intentos de asesinato que afortunadamente no fueron concluidos, el informe no especifica la cantidad.
Ante estos hechos de violencia, resalta la “dolorosa ausencia de respuesta institucional y la pertinaz insolencia del gobierno que se decanta en encubrimiento e impunidad”, no solo cobrando con la vida el derecho a la información sino colocando a sectores específicos en procesos de vulnerabilidad, resume el texto.
Artículo 19 agrega que de forma paralela a la “estrategia de ataque verbal”, el dinero público funciona como una “mordaza” y puntualiza que el año pasado “diez empresas de comunicación recibieron el 54.8% del total (de presupuesto). Esto significa que el restante 45.2% se repartió entre 399 compañías de medios”.
Los criterios para generar esta distribución, menciona el informe, es que “persiste la regla tácita de la perversa relación medios-poder político” ‘no pago para que me peguen’”.
La esfera digital no se libra de estos ataques. De acuerdo con la información de Voces contra la indiferencia, en 2022 uno de cada tres ataques contra la prensa fueron cometidos en la esfera digital, Artículo 19 documentó un total de 196 agresiones.
Alina Duarte vivió esa violencia: “La violencia misógina en el ámbito cibernético pretende paralizar y anular a las periodistas de la deliberación pública”, se lee en el informe Se trata de amenazas sin rostro lo que “siembra dudas sobre si seguir o no informando”, declara el informe.
En este contexto se agrega la impunidad que prevalece en un 97% de los casos de violencia contra la prensa y no presenta señas de disminuir.
La violencia del Estado se ve reflejada en la vigilancia por parte del ejército. Gracia a el grupo “hacktivista” Guacamaya se descubrió que grupos como Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), las familias de niños y niñas con cáncer, los colectivos feministas, entre otros son vigilados por SEDENA.
La respuesta del Estado mexicano ante un ejército espía fue decepcionante: “El presidente negó los hechos y dirigió sus acostumbrados ataques verbales”, menciona el texto y agrega “se destinaron recursos públicos para implementar una campaña desde sitios digitales oficiales, como Infodemia, con la finalidad de ‘desmentir’ lo que es evidente” SEDENA adquirió Pegasus y lo usó contra periodistas y activistas este sexenio, debilitando los derechos humanos.
El reflejo de lo importante para este gobierno se ve en su presupuesto. Las instituciones de justicia y seguridad tuvieron un presupuesto “271% menor al del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, con ello se reafirma el proceso en marcha para conferirle carácter castrense a la sociedad y al país”, expresa Artículo 19.
@emeequis
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