SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS. Dos jueces federales otorgaron suspensiones a trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la aplicación de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se incluye en el Plan B propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un primer caso, Raquel Mondragón Correa, jefa de Departamento de Programación y Proyectos en la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE fue informada de la suspensión otorgada por la justicia federal.
La resolución emitida por el juez establece que Raquel Mondragón permanezca en su cargo, con las prestaciones salariales que obtenía hasta antes de la entrada en vigor del Plan B.
Una suspensión definitiva más fue concedida a Melissa Nicole Preiss Landgrave, asesora de Consejero Electoral, quien también debe seguir percibiendo el mismo salario hasta que se resuelva si se concede o niega el amparo.
“Se concede a Melissa Nicole Preiss Landgrave, por propio derecho, la suspensión definitiva solicitada, respecto de los actos y autoridades señaladas en el considerando segundo de la presente resolución y para los efectos precisados en el tercer considerando de la misma. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa”.
LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ A FONDO
Una suspensión provisional también fue otorgada a Marisol Duarte Martínez, jefa de Departamento de Convenios y Contenidos Normativos de la Unidad Técnica de Vinculación, y en ella el juez abunda sobre los argumentos del Gobierno Federal para llevar a cabo reformas en materia electoral.
El juez estableció que “una de las pretendidas justificaciones para modificar el órgano electoral, y reestructurar al Instituto Nacional Electoral, acotando sus áreas de operación, lo es el abaratamiento de operación del Instituto, así como la disminución de la burocratización y mala administración del mismo, pues se afirma que el Instituto tiene duplicidad de funciones, áreas sin trabajo durante varios meses del año, así como el despilfarro de recursos públicos en su costo de operación, así como la deficiente operación de los procesos electorales.
“No obstante, de un análisis superficial que se efectúa a la norma controvertida, no se advierte que se realice un análisis que justifique objetivamente en específico la supresión de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, con sus respectivas áreas que la conforman, estos es, que se trate de una área sin trabajo o con duplicidad de funciones, o que a través de su eliminación se cumplan con los objetivos que persigue la reforma, y que en su caso abone al fortalecimiento del sistema electoral
El juez especificó que la suspensión otorgada a Marisol Duarte, debe extender al resto de los empleados del Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.
“Con la concesión de la medida cautelar a la quejosa, se llegue a beneficiar a los servidores públicos de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, y se permita la subsistencia de dicha área, con el fin de que la quejosa pueda desempeñar sus funciones conforme a como las venía realizando anteriormente a la reforma legal controvertida, y a su vez, garantizar el adecuado funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, en aras de que cumpla con su objetivo constitucional, en beneficio de la sociedad. Máxime que, a juicio de este juzgador, el principio de relatividad de las sentencias no podría justificar en modo alguno que las normas reclamadas, escapen de control”.
Otras resoluciones judiciales previas también han favorecido a empleados del INE, tal como la que permitió el regreso de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del organismo, pero quien renunció en aras de permitir la libre operación de la nueva consejera presidenta Guadalupe Taddei.
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