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Un año después, las víctimas de esta pifia de Sheinbaum y Harfuch siguen sin recibir justicia

Pasaron 189 días encerrados por un montaje del gobierno de la ciudad que afectó a 26 trabajadores y a sus familias. Aún no se reparan los daños que sufrieron en su honra y sus ingresos por estar encarcelados injustamente más de medio año.

Por Santiago Alamilla
7 ene 2022

SHEINBAUM, HARFUCH, CDMX
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina, dialogan durante un evento.

EMEEQUIS.- Hace poco más de un año, el 9 de diciembre de 2020, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció que, durante un operativo, había logrado detener a 26 personas del Sindicato Libertad que estaban extorsionando a los trabajadores de una empresa al servicio del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMex).

Una investigación realizada por EMEEQUIS, apoyada por cámaras de vigilancia en la zona,  demostró que nada de lo que la dependencia al mando de Omar García Harfuch sostenía en las declaraciones de los policías, en el expediente  CI-FIEC/CI/UI-1C/D/00392/12-2020, resultaba verídico.

Quienes realmente estaban amenazando y agrediendo a los trabajadores de los camiones cisterna —los “piperos”— eran los propios uniformados de la policía capitalina.

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Los 26 detenidos resultaron ser los trabajadores a quienes supuestamente estaban extorsionando los inexistentes miembros del Sindicato Libertad, sin embargo, estuvieron encarcelados hasta el 16 de junio de 2021, cuando el juez determinó el sobreseimiento del caso.

El sobreseimiento es una figura jurídica que da por terminado un juicio sin concluirlo, es decir, sin llegar al fondo del asunto. Entre las razones por las que un caso termina de esta manera, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, está el hecho de la inocencia del acusado y la falta de pruebas por parte del Ministerio Público.

ASÍ ESTUVO LA DETENCIÓN ARBITRARIA 

Aquel 9 de diciembre, los trabajadores esperaban la asignación de la “papeleta”, es decir, del volante que hace las veces de vale con que el representante del SACMex ordena el destino del líquido, para que con este documento puedan, posteriormente, recibir el pago por la prestación del servicio. 

Los camiones cisterna o pipas son contratados de manera indirecta por el gobierno de la Ciudad de México. A través del SACMex se contrata a diferentes empresas para la prestación del servicio de acarreo de agua y éstas, a su vez, suelen subcontratar los camiones que hagan falta para lograr el número de viajes que la ciudad necesita.

Poco después de las 9 de la mañana, en cuestión de minutos, el sitio donde se encuentra el Pozo 19 se llenó de policías. En los videos se observa a los operarios platicar en espera de su asignación cuando, de repente, todos emprenden la carrera mientras los agentes de la policía corren detrás de ellos, deteniendo a 26 personas.

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dijo ante los medios de comunicación que el Sindicato Libertad se dedicaba a hacer negocio con el traslado de cascajo. Y arremetió contra la supuesta responsabilidad de los detenidos: “No puede ser que a punta de pistola se exija una cuota, se exija un monto determinado”. 

DEMANDA POR DAÑO MORAL

La solicitud de que el juicio terminara de esta manera ya la habían realizado los abogados de la defensa desde la primera audiencia, pero tuvieron que pasar poco más de seis meses para que el juez del caso, el abogado Víctor Pacheco Patlán, considerara dar por bueno este recurso, ya que anteriormente no había permitido que se presentaran por parte de la defensa los elementos que probaban la inocencia de los acusados.

Además, desde el primer momento la supuesta víctima manifestó que lo que presentaba el ministerio público estaba lleno de falsedades.

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Debido a lo anterior, las víctimas interpusieron una demanda por daño moral y patrimonial contra el juez y los demás involucrados, por las fallas en el proceso, ya que el tratamiento que le dieron a la supuesta víctima fue en todo momento indebido, pues el proceso se llevó a pesar de las manifestaciones de los acusados y de la víctima, pero no fueron escuchados e incluso no se les permitió presentar las pruebas que demostraban que el caso presentado por el ministerio público era un montaje alejado de la realidad.

Además de la demanda contra los jueces, también los detenidos interpusieron denuncias ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ante la Comisión de Derechos Humanos, por los atropellos que sufrieron.

Sin embargo, después de seis meses de su liberación y su probada inocencia, aún siguen sin respuesta.


@salamillab

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