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EMEEQUIS.― En las últimas sombras de la madrugada del viernes 11 de febrero, un grupo de hombres armados llegó en varias camionetas a Caborca, un municipio asentado en las sedientas arenas del noreste sonorense, de casi 11 mil kilómetros cuadrados de superficie ―una extensión semejante a la de Qatar― y habitado por alrededor de 90 mil personas.
Los vehículos de los sicarios se dirigieron a la calle Francisco Eusebio Kino del fraccionamiento San Javier, al sur de la cabecera municipal, rodearon la casa del comandante de Tránsito Municipal, Francisco Javier Celaya Ibarra, bajaron, abrieron la puerta por la fuerza, avanzaron al interior de la casa y se dirigieron al dormitorio, donde el policía, de 39 años, se hallaba con su esposa, de unos pocos años menos, Carolina Espinoza, la guapa exconductora de La Voz Caborca.
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La pareja no pudo siquiera terminar de recobrar la vigilia cuando una tormenta de plomo cayó sobre ellos. Apenas fueron unos segundos en los que las ráfagas iluminaron la habitación. Afuera amanecía. El comando salió de la casa y se marchó de Caborca.
En el dormitorio quedaron los cadáveres, en la orilla de la cama, las sábanas salpicadas de sangre, un teléfono sin el auricular en el buró, lleno de residuos de concreto por las decenas de impactos de bala en las paredes.
EL PRELUDIO DE UN ATAQUE MAYOR
Aquellos homicidios habían sido el preludio de un ataque generalizado a la población de Caborca, cinco días después, cuando, también en las sombras de la madrugada, un comando de pistoleros aún mayor, presuntamente perteneciente a la organización criminal conocido como Cártel de Sinaloa, llegó a la cabecera municipal y atacó los domicilios de los pobladores, indiscriminadamente, forzando cerraduras, embistiendo zaguanes, rafagueando fachadas y ventanas.
Los pobladores se refugiaron en los rincones mejor guarnecidos de sus viviendas y en muchos casos los refrigeradores fueron la trinchera más efectiva, aunque amanecieron llenos de boquetes causados por los repetidos disparos. El ataque dejó decenas y decenas de casas con los vidrios rotos de las ventanas, las puertas de los zaguanes haciendo gestos por las embestidas, como mostraron videograbaciones y fotografías tomadas por los periodistas.
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Además, fueron secuestrados cinco personas, entre ellas dos jóvenes de veintitantos años, hijos del periodista Marco Antonio Manríquez, quienes corrieron con suerte, pues horas después aparecieron tocando a la puerta de su casa, aunque todavía conmocionados y si poder articular palabra, como lo describió a los medios el comunicador.
No fueron tan afortunadas otras dos personas, cuyos cadáveres formaron parte del saldo de aquella noche de terror.
Pero historias como estas ya no podrán leerse en los diarios o conocerse en medios de cualquier tipo en Sonora, mucho menos verse imágenes o grabaciones, porque desde principios de mes, el periodista al que se le ocurra reportar historias o material informativo relacionado con hechos semejantes, pagará su delito con una década tras las rejas, por decreto del gobernador morenista de la entidad, Alfonso Durazo Montaño.
DECRETO 40: EL MUNDO BONITO DE DURAZO
Para el gobierno del morenista Alfonso Durazo en Sonora, el crimen ha dejado de ser un problema. Al menos en términos mediáticos. El gobernador decidió que en su estado la publicación de información, imágenes y videos relacionadas con asesinatos es un delito que merece 10 años de prisión.
Fue el seis de junio cuando el Boletín Oficial del Estado, publicó el Decreto Número 40, por el que el gobernador Durazo Montaño, por su propia inspiración, adicionó el artículo 167 Quater del Código Penal del Estado de Sonora.
La histórica puntada del mandatario reza:
“Al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita i videograbe imágenes, audios, videos, o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que estos presentan, sea en el lugar de los hechos o del hallazgo o en sus cualquier domicilio público o privado, se le impondrá de diez años de prisión y multa por un importe equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
“Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad.
“Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte”.
DURAZO CRIMINALIZA EL PERIODISMO: ONG’S
Además de la mayor parte de la prensa sonorense, distintas organizaciones defensoras de la libertad de expresión manifestaron su rechazo al decreto de Alfonso Durazo, pues consideraron que criminaliza el periodismo.
Las organizaciones Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), y Artículo 19, expresaron su rechazo al decreto de Durazo.
Consideraron que “las conductas que castiga este decreto son tantas que podría generar interpretaciones subjetivas y restrictivas, así como una aplicación discrecional y arbitraria” del mismo, “en detrimento del ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a informar”.
En un comunicado común, las organizaciones referidas también señalaron que el decreto lesionan derechos que van más allá de los que son necesarios para el ejercicio periodístico, e invade otros ámbitos]: “los conceptos que utiliza son tan abierto como ‘compartir’, ‘enviar’, o ‘difundir’ que ponen no sólo a los integrantes de la prensa en riesgo de ser injustamente procesados y penalizados, sino incluso por cualquier persona que utilice redes sociales y comparta las noticias e imágenes que reciban”.
También llamaron la atención sobre la imprecisa redacción del decreto de Durazo, pues indicaron que la “tipificación de igual forma señala que aplica a cadáveres o ‘parte de ellos’, ‘de las circunstancias de la muerte’, ya sea ‘en el lugar de los hechos o del hallazgo o en cualquier otro domicilio’, por lo tanto, este decreto criminaliza las actividades enmarcadas dentro del derecho a informar y el acceso a la información”.
Por ello, tras citar jurisprudencia relacionada, llamaron al Congreso de Sonora a derogar el decreto “por contravenir estándares internacionales y su impacto negativo en la libertad de expresión, particularmente el ejercicio periodístico”.
También exigieron al gobernador a no emitir más leyes que lesionen los derechos expuestos, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, a impulsar la acción de inconstitucionalidad correspondiente.
LA PARTE A OCULTAR
Lo que al parecer urge al gobernador Alfonso Durazo son los estridentes registros que el crimen ha alcanzado en Sonora bajo su administración.
La agencia EFE reseñó en el mes de febrero que Sonora es “un campo de batalla en el desierto entre México y Estados Unidos”. Y apuntó que las autoridades estatales “han recibido señalamientos de tolerancia al crimen organizado”.
De hecho, un video que difundió Televisa sobre el ataque del 16 de febrero a Caborca, muestra a los pistoleros cargando combustible a sus vehículos y se escucha a uno de ellos gritando, con su Ak-47 al ristre: “¡Puro Durazo!”.
De acuerdo con un informe de la organización México Unido Contra la Delincuencia, Zacatecas, Sonora y Colima registraron “casos de inseguridad que preocupan, el desarrollo de fenómenos delictivos incesantes y descontrol por parte de las autoridades” durante el inicio de 2022. Sonora se posicionó en quinto lugar en asesinatos.
En diciembre de 2021, el propio Durazo admitió que Sonora tenía en segundo lugar nacional en feminicidios.
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reportó que la entidad gobernada por Durazo pasó en 2022 del lugar 12 al 24 en el rubro de estado de derecho. Sonora perdió 12 lugares respecto del año previo, siendo la entidad que más peldaños bajó.
@emeequis
