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EMEEQUIS.– El Covid-19 trajo una nueva oportunidad de negocio para una empresa de tecnología en Chihuahua. Cambió la venta de computadoras, que proveyó al gobierno del estado durante ocho años, por nuevos productos: cubrebocas de tres capas, mascarillas KN95 y overoles de polipropileno.
Se trata de CAPER Elaboración y Distribución, una empresa que a lo largo de su historia ha diversificado sus actividades: primero comercializó productos agrícolas, pero años después apostó por la venta de computadoras al estado que actualmente gobierna Javier Corral.
Ahora, en medio de una emergencia sanitaria, su giro está enfocado al campo médico: sus nuevos productos han abastecido al Instituto Chihuahuense de Salud y a los Servicios de Salud del estado.
En total, a esta empresa se le han adjudicado seis contratos por 21 millones 278 mil pesos por la venta de equipo de protección personal para médicos y enfermeras, que pelean en la primera línea contra el Covid-19.
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En seis días, con seis contratos, esta empresa superó su histórico de ganancias como proveedor del estado y de la federación.
En los últimos ocho años, apenas había sumado 16 millones de pesos en contratos con dependencias estatales y federales, como el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como el ISSSTE, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Salud, según los registros disponibles en Compranet y en la base de datos de PODER.
CAPER inició sus andanzas en 2012, durante la administración de César Duarte Jáquez, priísta que gobernó de 2010 a 2016 –actualmente prófugo de la justicia, acusado de peculado– y las conservó en la administración del panista Javier Corral.
Los 22 contratos consultables son por mobiliario y equipo de cómputo, refacciones, materiales e insumos de impresión, bienes informáticos, software, periféricos y equipo audiovisual. Hasta antes de la pandemia no había distribuido ningún tipo de insumo de protección personal o médico a las dependencias estatales ni federales.
Contrato de 6 millones de pesos por cubrebocas.
CAPER: EMPRESA DIVERSA
La empresa, que ha obtenido contratos por más de 21 millones de pesos en Chihuahua a raíz de que el Covid-19 llegó a México, se creó en abril de 2009, con la finalidad de “fabricar, transformar, industrializar, importar, exportar, vender adquirir y distribuir productos agrícolas, agropecuarios, agroindustriales, alimenticios, electrónicos, electromecánicos, mecánicos, maquinaria y otros”.
Fue propiedad de la familia Cano Chávez e hijos. El socio mayoritario era Luis Enrique Cano Chávez, quien después designó a su hijo –conserva el legado de su nombre– de apellidos Cano Pérez como gerente general.
Para junio de 2011, la empresa cambió de accionistas y Manuel Eduardo Cano Carrillo se quedó como el único de ellos, para cuatro años después sumar a Omar Meza Martínez.
Este movimiento fue avalado por Federico Basauri Ochoa, que aparece en el acta como representante legal, cercano al gobernador Javier Corral y quien fungía hasta el último registro de 2019 como director de Relaciones Interinstitucionales dentro de la Coordinación del Gabinete Ejecutivo del Estado.
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Así la empresa fue pasando de mano a mano hasta terminar, según los últimos registros de las actas, en las de Santiago Valerio Rivera –de quien no hay ningún registro en redes– y Omar Meza Martínez, quien detalla en LinkedIN que es socio de GlobTECH, el nombre comercial de CAPER, “una empresa joven fundada en 2009, siendo líder en la industria de equipo de cómputo y consumibles”, según detalla.
Este último movimiento fue avalado por otro representante legal, Jesús Joaquín Sotelo Mesta quien, de acuerdo con lo que reportó la reportera local de El Diario, Sandra Rodríguez, fue elegido consejero de la Judicatura por parte del Congreso del Estado en mayo de 2017, también en la administración de Corral.
De acuerdo con lo dicho por Sotelo Mesta a El Diario, trabajó como representante de la empresa hasta marzo de 2017 y, actualmente, como funcionario, ya no tiene relación con CAPER.
Esta revista solicitó entrevista con la empresa CAPER, que rehusó hacer comentarios respecto al cambio de giro en las contrataciones que le ha otorgado el gobierno estatal durante la pandemia.
También le vendieron overoles a Chihuahua.
LAS COMPRAS DEL GOBIERNO DE CORRAL
De acuerdo con la información disponible en el portal de transparencia exclusivo para Covid-19 de Chihuahua, no hay empresa que se haya beneficiado más con la pandemia en el estado que CAPER Elaboración y Distribución.
Los Servicios de Salud de Chihuahua le adjudicaron cuatro contratos por un total de 12 millones 636 mil pesos entre el 26 y el 31 de marzo.
El primer día, el 26 de marzo, llegó el primer contrato para comprar 300 mil cubrebocas de tres capas por un millón 566 mil pesos. Al otro día llegaron dos nuevos pedidos: 17 mil 700 overoles de polipropileno tallas L y XL por un total de 3 millones 182 mil pesos y 500 mil cubrebocas de tres capas por 2.6 millones.
Para rematar, los Servicios de Salud estatales compraron el 31 de marzo 70 mil mascarillas KN95 a 65 pesos cada una, con un total que incluye IVA de 5 millones 278 mil pesos.
Ese mismo día, el Instituto Chihuahuense de Salud también le otorgó dos contratos. El primero, con orden de compra 7681, era para adquirir 80 mil cubrebocas KN95 (mascarillas originarias de China similares a las N95) por un total de 6 millones 32 mil pesos IVA incluido.
El segundo contrato que otorgó el Instituto fue para adquirir 500 mil cubrebocas de tres capas a un precio unitario de 4.5 pesos, con un monto total de 2 millones 610 mil pesos.
Con estos seis contratos, CAPER se colocó en la cima de las empresas que han recibido mayores beneficios en medio de la pandemia, todos fueron por adjudicación directa.
Otro contrato de 5.2 millones por cubrebocas.
ADJUDICACIONES DIRECTAS EN CONTINGENCIA
Los contratos otorgados están justificados bajo el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua que dice que las adjudicaciones directas están permitidas cuando “peligre o se altere la vida de las personas, el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado”.
Sin embargo, esta misma ley marca que para dar adjudicaciones directas se debe contar con al menos tres cotizaciones en las mismas condiciones, además de que los proveedores deben ser contratados sólo si tienen capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos y financieros y “cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse”. Este último punto no se cumple en el caso de CAPER.
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@AleCrail
