EMEEQUIS.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador vuelve a entrar en conflicto con los mecanismos de búsqueda de personas y del caso de Ayotzinapa. El humo del incendio apareció a través de dos comunicados institucionales.
El primero lo emitió la Presidencia de la República. En él se puede leer: “Hoy (el jueves 11 de enero) se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ) de 2024, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).”
El texto señala que dentro del orden del día “estaba comunicar a los padres que, como parte de su solicitud, el presidente de México instruyó ampliar un mes el plazo contemplado para el acceso a los archivos oficiales, entre los cuales se encuentran todos los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quedando del 4 de enero al 4 de abril de 2024.”
El gobierno reconoció que esto causó un conflicto con los padres de los desaparecidos el 2014 en Iguala: “Lamentamos que hoy se haya suspendido el diálogo con algunos padres y madres de los 43 normalistas por cuestiones ajenas al trabajo de la CoVAJ. A pesar de que en la reunión algunos padres y madres se retiraron de la mesa, el encuentro siguió su curso con aquellos que decidieron permanecer para recibir el último informe de la CoVAJ.”
Adicionalmente, los familiares de los normalistas señalaron que el gobierno busca dividirlos, ya que a la reunión se convocaron a familiares que nunca han sido cercanos a la mayoría de las familias, ya que han marchado por la liberación de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa. Estos dos personajes han sido señalados por el propio gobierno como implicados en la desaparición de los estudiantes.
CONFLICTOS CON COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE LA GUERRA SUCIA
Por otro lado, el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 expresó que “Javier Yankelevich, quien encabezara desde marzo de 2019 el Equipo Especializado en la búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada durante la Guerra Sucia (…) dio a conocer que como parte de una profunda reestructura, se prescinde de sus servicios y de los de tres cuartas partes del equipo.”
El comunicado señala que “Las Personas comisionadas del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de las violaciones graves a los Derechos Humanos en México durante 1965-1990, vemos con suma preocupación esta reestructura, pues ponen en riesgo los avances que el EEGS ha logrado hasta ahora”.
Se detalla que esta reducción “que deja sólo a dos personas a cargo de todas las tareas de búsqueda del periodo, difícilmente permitirá dar seguimiento a las decenas de líneas de búsqueda que se tenían identificadas, a las excavaciones, al trabajo con las fiscalías, a la entrevista de testigos.”
Para el equipo de búsqueda, se tratan de labores complejas y de largo desarrollo que no se corresponden con las capacidades del personal con las que se deja al equipo. Y es que, de acuerdo a la CNB, entre 1964 y 1985 el saldo de personas desaparecidas de manera forzada en México por acciones emprendidas por el Estado en contra de opositores, comunidades y organizaciones político-militares, fue de al menos 899 personas (815 hombres y 84 mujeres).
“Esperamos que las instituciones y autoridades competentes tomen conciencia de la enorme importancia de los puntos aquí expresados y garanticen que la CNB cuente con las condiciones institucionales óptimas para continuar cumpliendo con su mandato.”
El ahora reducido equipo de búsqueda señala que esta reestructura trunca “una de las apuestas más contundentes y serias que el Estado mexicano” había emprendido para localizar a personas desaparecidas durante uno de los periodos más oscuros de la historia nacional.
@emeequis
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