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EMEEQUIS.– Un amplio y profundo paquete de reformas a 23 leyes en materia administrativa fue enviado por el titular del Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión el 24 de marzo pasado, sin que, como en otras ocasiones, se publicitara o comentara en la mañanera o en redes sociales, sino más bien con bajo perfil y hasta discreción extrema, según comentan algunos analistas económicos.
El oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, el panista Santiago Creel Miranda, es firmado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y en él se establece que se acompaña de un dictamen de impacto presupuestario de la reforma propuesta.
Desde que se conoció el tema, analistas y despachos de abogados manifiestan preocupación por lo extenso y los puntos sensibles que toca la propuesta.
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De manera general, según establece MVS Noticias, el despacho de abogados Mijares Angoitia Cortes y Fuentes considera que la reforma administrativa de AMLO “busca fortalecer la rectoría de la economía por el Estado y el margen de actuación de dependencias de la Administración Pública Federal”.
Según el despacho, representa “un modelo con mayor intervención del Estado en la prestación de servicios públicos y la realización de obras de infraestructura”.
Y se busca modificar disposiciones relacionadas con los siguientes aspectos:
✔ Presupuesto federal
✔ Contratación de obras
✔ Revocaciones de permisos y concesiones
✔ Terminaciones de contratos
✔ Licitaciones
✔ Indemnizaciones por parte del Estado
Sin embargo, de manera específica, resaltan elementos como el flexibilizar la vía para que el Estado pueda anular o revocar contratos y concesiones, desvincularse de indemnizaciones o poner tope a éstas, o incluso expropiar.
Además, amplía las facultades para que, en proyectos de infraestructura, empresas del Estado puedan iniciar su construcción, sin perder el tiempo cumpliendo con regulaciones largas y engorrosas como son el impacto ambiental, la aprobación de ingenierías básicas o tarifas a cargo de reguladores.
El argumento central es que la regulación no puede aplicar igual al Estado que a particulares. Algo que ya hizo en obras como el Tren Maya, con el argumento de que son de “seguridad nacional”, y que ha sido objeto de amparo por parte de organizaciones ambientalistas.
Y, también, concentra en la Secretaría de la Función Pública (SFP) la facultad de realizar las compras y adquisiciones de forma consolidada, vía las Unidades de Administración y Finanzas a su cargo.
En 2018, ya con Morena como mayoría en el Congreso, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), desaparecieron las Oficialías Mayores y se dio a la SHCP la atribución de controlar el presupuesto de todo el gobierno federal.
Ahora se propone que esas atribuciones las concentre la SFP, incluido el gasto de las entidades paraestatales, sólo exceptuado el de las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina.
Pero se plantea concentrar en la SFP a los entes que ejercerán el presupuesto: las Unidades de Administración y Finanzas de la Administración Pública –antes en la esfera de Hacienda– y, al mismo tiempo, mantener bajo su adscripción a los Órganos Internos de Control (OIC), responsables de fiscalizar el gasto.
La primera página de los 23 cambios.
GENERARÁ INCERTIDUMBRE EN INVERSIONISTAS: EXPERTOS
Entrevistado por El Financiero, Bernardo Cortés, socio de la firma Cortés Quesada Abogados, consideró que la iniciativa es muy ambiciosa, ya que pretende modificar 23 leyes y muchas de las modificaciones se traducen en incertidumbre para inversionistas.
“Muchos de estos cambios podrían generar un desincentivo para poder anclar un proyecto de infraestructura, ya que la gran mayoría de los proyectos requieren permisos o cuentan con una carga regulatoria importante”, dijo.
Rosanety Barrios, columnista de Opinión 51, también hace un análisis extenso y pone énfasis en señalar la enorme profundidad de la reforma, pero también la gran discreción con la que fue presentada.
Establece que la iniciativa modifica conceptos fundamentales relacionados con el otorgamiento y la existencia de concesiones, permisos, licencias y contratos firmados entre particulares y las empresas del Estado mexicano, en todos los sectores económicos.
En resumen, faculta a la Administración Pública Federal (APF), a declarar nulos los actos administrativos que los originaron, por lo que aplica su revocación inmediata, lo que podría provocar su expropiación por causa de interés público.
Resulta por demás preocupante que un procedimiento de revocación, que ya existe en el marco jurídico vigente, pueda ser aplicado de manera inmediata y que se desvincule de criterios económicos, la indemnización que el Estado está obligado a otorgar al privado. , Habría casos en que la expropiación se realice sin indemnización, o bien, con topes máximos que no reflejan el valor del daño. Topes que aplican a los juicios y arbitrajes nacionales e internacionales que el Estado enfrenta con particulares, dice la columnista.
Explica que los argumentos centrales de la iniciativa descansan en la necesidad que tiene el Estado mexicano de retomar su rol rector, dejar de pagar indemnizaciones extremadamente onerosas para el erario y terminar, de una vez por todas, con diversos vicios que, en el pasado, involucraron el otorgamiento de esos permisos o concesiones.
AMLO con empresarios. Foto: Cuartoscuro.com.
SE SALTA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Según Rosanety Barrios, la iniciativa formaliza la posibilidad de que los proyectos de infraestructura que las empresas del Estado lleven a cabo, puedan iniciar su construcción sin perder el tiempo cumpliendo con regulaciones largas y engorrosas como son el impacto ambiental, la aprobación de ingenierías básicas o tarifas a cargo de reguladores.
El argumento central es que la regulación no puede aplicar igual al Estado que a particulares. Los proyectos del Estado, sí estratégicos, (no hay criterios para definir ese carácter, por lo que quedan a juicio del titular del Ejecutivo), deben cumplir con la regulación, pero no sujetar el inicio de su construcción a la misma.
En este sentido, los cambios facultan al jefe del Ejecutivo para reasignar recursos financieros y humanos de empresas paraestatales a cualquier otra dependencia, a efectos de que dichos recursos se orienten al desarrollo de proyectos estratégicos.
Por último, la iniciativa establece la prohibición para empleados públicos de contratarse con empresas en las que han sido reguladores y también impone, a los poderes Judicial y Legislativo, así como a todos los organismos autónomos constitucionales, la obligación de respetar el límite salarial impuesto por el presidente.
“Imposible estar en contra de acabar con la corrupción, pero también es imposible pensar que es conveniente concentrar el poder en la figura del Ejecutivo y permitir que la APF rija su operación con criterios opacos, desmantelando el ensamblaje que permitió que México fuera atractivo para muchos países, que confiaron en sus reglas y firmaron tratados de libre comercio, a la luz de los cuales se consiguió desarrollar, por poner un ejemplo, una industria de autopartes tan compleja, que hoy permite a Tesla participar de nuestra economía. El fin de la certeza jurídica afecta, fundamentalmente, a las inversiones de los empresarios mexicanos en nuestro país”, dice Rosanety Barrios.
EL PROCESO LEGISLATIVO
En caso de que la iniciativa sea aprobada por la Cámara de Diputados, tendría que ser aprobada también por el Senado para que el proyecto se convierta en ley.
La aprobación del proyecto de ley no requiere de una mayoría superior en ninguna de las Cámaras, ya que no introduce ninguna reforma o cambio a la Constitución Mexicana, por lo que Morena y sus aliados podrían aprobar el proyecto de ley sin ayuda de la oposición.
@emeequis
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