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Rosario lo denunció y los datos lo confirman: fabricantes de pruebas andan sueltos

Agentes del Ministerio Público lideran quejas contra funcionarios de la FGR. Asuntos Internos recibe 4 quejas diarias contra estos servidores públicos, especializados en fabricar pruebas, suprimir informes y obstaculizar trámites.

Por Alejandra Crail
30 abr 2021

agentes del ministerio público sus fallas y omisiones
Rosario Robles también presentó una queja contra el Ministerio Público de la Federación: considera que le fabricaron pruebas. Fotos: Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.–  Si algo caracteriza a los Agentes del Ministerio Público de la Federación son sus omisiones al investigar. Al menos es lo que indican las propias estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR) que comanda Alejandro Gertz Manero.

No hay funcionarios con mayor número de quejas entre 2019 y enero de 2021 dentro de este órgano autónomo: el 89% de las denuncias por la comisión de conductas irregulares en ese periodo se ingresó contra ellos. 

De las 3 mil 566 denuncias que acumula el área de Asuntos Internos, 3 mil 174 corresponden a estos servidores públicos, una cifra superior al número de agentes y fiscales que atienden los delitos del fuero federal, pues según el INEGI hay apenas 2 mil 940.

Esto quiere decir que, en promedio, Asuntos Internos recibe cuatro denuncias diarias contra Agentes del Ministerio Público.

Se les señala, principalmente, de ser omisos, sobre todo de desentenderse de la realización de acciones, trámites y gestiones necesarias para resolver los casos que llegan a sus manos y así garantizar el acceso a la justicia. 

Así, la base de datos consultada por EMEEQUIS muestra que hay 2,465 investigaciones en curso contra agentes del MP por omitir la práctica de diligencias necesarias en una investigación. 

 

 Principales tipos de denuncias contra agentes del MP. 


Pero no sólo eso, en el resto de las quejas en su contra se les acusa de pasar tiempos prolongados sin actuar durante las investigaciones, omitir la acreditación del cuerpo del delito –es decir, demostrar que ocurrió por medio de elementos físicos que permitan su comprobación– y la probable responsabilidad de los imputados a través de todos aquellos elementos que acrediten su participación en el ilícito.  

Los agentes del MP de la Federación también tienen fama de evitar la petición del dictamen pericial –aquellos medios de prueba que por medio de elementos científicos, artísticos, técnicos o prácticos ayudan a los jueces a determinar el futuro de un caso–. Suprimir información en la integración de la carpeta de investigación y una larga serie de arbitrariedades que incluyen realizar cateos indebidos, retenciones y aseguramientos sin sustento, así como de obstaculizar investigaciones y acordar la libertad de inculpados.

 

Una agente del MP realiza los análisis en la escena de un homicidio en la Ciudad de México. Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com.


LEJOS DE GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

Los Ministerios Públicos son considerados “los defensores de los intereses de la sociedad”, son piezas indispensables para garantizar que los ciudadanos puedan tener un adecuado acceso a la justicia, sin importar si son víctimas o responsables. Desde ahí se investiga, se coordina a los policías ministeriales, se resuelve si se ejerce acción penal y se ordenan todas las diligencias para demostrar si existe un delito y quién es el responsable, según marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

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Pese a la responsabilidad, los datos señalan que están lejos de cumplir con el objetivo. La organización Causa En Común ha señalado que la actualización de las leyes no es suficiente, que requiere de un compromiso gubernamental para delinear perfiles profesionales y para capacitarlos y así “llevar a cabo verdaderas transformaciones que permitan a nuestras instituciones de seguridad y procuración de justicia operar con base en la planeación, análisis y la generación de inteligencia”.

Así, los datos propios de la FGR terminan por confirmar la falta de preparación del personal, incluyendo a los Policías Ministeriales federales, que ocupan el segundo puesto en el número de quejas ingresadas a asuntos internos, con 264. 

 

 Los agentes del MP son los más denunciados. 


ROSARIO ROBLES, ENTRE LAS QUEJOSAS

En diciembre de 2019, Rosario Robles, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), presentó una queja contra el Ministerio Público de la Federación. 

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La exsecretaria de Estado, presa de forma preventiva en el penal femenil de Santa Martha y acusada de dos cargos de ejercicio ilícito del servicio público en la modalidad de omisión, ingresó la queja por considerar que las autoridades fabricaron pruebas en su contra.  

Por medio de su cuenta de Twitter, dijo que había una constante violación a sus derechos humanos porque el MP federal, “de manera sistemática”, han mentido sobre su caso para manetenerla en prisión, pese a que el delito del que se le acusa no amerita prisión oficiosa.

"La llamada 'Estafa Maestra', hasta ahora no probada, involucra a otros exservidores públicos que laboraron en varias dependencias. Sin embargo, la única persona que ha sido llevada a prisión (preventiva) soy yo, una mujer, lo que parece probar el ánimo discriminatorio en mi perjuicio", destacó en la carta dirigida a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

QUEJAS CONTRA AGENTES SON HISTÓRICAS

Las denuncias contra los agentes de Gertz no son exclusivas de esta administración. La CNDH ha señalado constantemente las malas prácticas de los servidores públicos de la FGR (antes Procuraduría General de la República, PGR). 

El Sistema Nacional de Alerta a Violaciones a los Derechos Humanos de la Comisión ha incluido a la FGR en su top 10 de las dependencias con mayor número de quejas por violaciones a derechos humanos desde 2014. 

En poco más de siete años, la Fiscalía ha acumulado 3 mil 372 quejas, mismas que incluyen señalamientos contra agentes del Ministerio Público que han terminado en recomendaciones formales. 

En la Recomendación 19VG/2019, por ejemplo, la CNDH determinó que las autoridades habían violentado el derecho humano de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, con motivo de hechos ocurridos en 2015 en Iguala, Guerrero.

La víctima fue detenida, torturada y violentada sexualmente por elementos de la Policía Federal, después llegó ante el Ministerio Público de la entonces PGR y, pese a los rastros de violencia física y a que la víctima narró al agente del MP las torturas que padeció, éste omitió remitir este apartado de la averiguación previa al área correspondiente de la institución.

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En otro caso, relativo a un enfrentamiento armado entre personal militar y civiles –mismos que fueron asesinados– en el Cerro el Ocotillo en Luvianos, Estado de México, en octubre de 2014, se registraron omisiones de un agente del ministerio público de la federación. 

El informe recoge que ante las violaciones al derecho a la vida de dos mujeres adolescentes de 14 y 16 años, así como de cuatro adultos, el MP federal tardó ocho horas en llegar al lugar de los hechos, lo cual impidió el adecuado procesamiento de los indicios. Además, se comprobó que a más de cuatro años del asesinato de estos seis civiles, el MP no había agotado todas las líneas de investigación, impidiendo el acceso a la justicia, el esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades por las muertes de las víctimas.

Apenas en julio de 2019, la CNDH también se pronunció respecto al caso de una mujer de origen peruano a la que un agente federal no le informó sobre sus derechos. Con ello, el agente transgredió el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, pues se le negó la notificación, contacto y asistencia consular, impidiendo que fuera asistida por la representación de su país en México.

A finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, el periodista Arturo Ángel documentó que en México se resuelven menos de la sexta parte de las denuncias por violaciones a derechos humanos que la CNDH presenta ante las agencias del MP federal y de los estados. De las 324 denuncias penales que la Comisión presentó contra servidores o exservidores públicos, apenas 46 se cerraron con alguna resolución.

 

@alecrail 

 

 


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