EMEEQUIS.– Un sujeto rocía líquido inflamable en un local comercial y arroja un cerillo. La llamarada se intensifica y extiende. Una cámara de seguridad en la esquina de este sitio conocido como los arcos, ocupado por comerciantes, muestra a un hombre vestido de negro causar el incendio. Junto a la estela de fuego deja una cartulina con una amenaza y una firma: “La Empresa”.
Los hechos ocurrieron el lunes 21 de noviembre en el municipio de Tasquillo, en el centro de Hidalgo, en la región conocida como el Valle del Mezquital. “La Empresa” ha sido identificada por autoridades como una célula criminal que busca, a través de la amenaza, el dominio de esta demarcación de apenas unos 17 mil 500 habitantes, pero que es la puerta hacia Querétaro –uno de los nodos delictivos con el estado por la conexión de carreteras y por la incidencia de grupos que drenan los ductos de Pemex–, así como hacia la sierra hidalguense. En esa zona, según análisis delictivos, se traslada hidrocarburo robado y opera el cultivo de narcóticos y su comercialización.
En los días previos, dos sujetos se grabaron con armas largas y cartuchos útiles mientras circulaban en un vehículo por el centro de Tasquillo. El copiloto enfoca los fusiles –uno que porta él y otro el conductor; ambos filmados de medio cuerpo–, mientras cruzan con dirección al jardín principal, frente a la presidencia municipal. El clip no tiene sonido, pero se aprecia que los transeúntes observan el paso armado, aunque evitan el contacto visual.
El caso no es el único, en uno de los extremos del territorio estatal, en el Valle de Tulancingo, en los límites con la sierra norte poblana, policías han sido atacados y presuntos miembros de organizaciones delictivas asesinados. El mes pasado, la Guardia Nacional rescató a un jefe de una corporación de seguridad local que había sido privado de su libertad por un convoy, después de que decomisara un vehículo con combustible presuntamente robado.
De acuerdo con mandos de seguridad consultados por EMEEQUIS –tanto de la actual administración como de la que recién terminó–, estos hechos violentos muestran un reacomodo de organizaciones criminales con el cambio de gobierno del pasado 5 de septiembre; reacomodo que, refieren, ha generado nuevas disputas territoriales.
Cada hecho violento, como un asesinato o la quema del comercio en Tasquillo –zona de operación del cártel de Los Hades–, coinciden, es un intento de posicionarse, infundir temor en la sociedad y, de alguna forma, “retar” a rivales y a las corporaciones, sobre todos las municipales que, también reconocieron, se encuentran rebasadas por los grupos.
Ven, además de las que ya existían, amenazas por intentos de internamientos de células delictivas que operan en Querétaro, Puebla y el Estado de México.
LA SAÑA
La madrugada del 22 de noviembre, una camioneta incendiada, con dos cuerpos al interior completamente calcinados, fue localizada en el municipio de Cuautepec, en el Valle de Tulancingo. Las autoridades atribuyeron el atentado a la disputa entre grupos dedicados a la extracción ilegal de hidrocarburo.
La unidad tenía, además, más de 150 impactos de arma de fuego. Por las características del ataque, y el polígono en el que ocurrió, donde rivalizan células por el control de las válvulas de Petróleos Mexicanos (Pemex), las corporaciones de seguridad consideran que los dos homicidios están relacionados con la lucha entre huachicoleros por la plaza. Los cuerpos eran irreconocibles por el grado de calcinación.
“En virtud del daño eran necesario exámenes de carácter genético para poder identificar a las personas”, señaló en su oportunidad Santiago Nieto Castillo, encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH).
Cuautepec, según el informe de Seguridad Física de Pemex, es la localidad en el país con más tomas clandestinas para el hurto de combustibles.
Según el reporte de la policía municipal, que fue el primer respondiente, la camioneta fue encontrada en llamas sobre el camino de terracería que dirige a la comunidad de San José Vistahermosa, tras recibir reportes anónimos a los números de emergencia.
Aunado a los impactos en la carrocería que presentaba la Chevrolet Colorado, en el sitio se encontraron más de 200 casquillos percutidos.
Desde 2018, Hidalgo es el estado con más tomas clandestinas en el país. Este delito, señalan las autoridades, es el responsable de una “cadena de sangre”.
Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dan cuenta de la operación en la zona de Cuautepec de células del huachicol como Los Marinos; el grupo de “El Gabo”, a cuyo jefe identifica como Gabriel Rodríguez Hernández, y los liderados por Emilio Campillo Batalla, “La Marrana”, y Gerardo Olmedo Arista, “El Cochiloco”. Este último, exalcalde del municipio de Cuautepec de 2012 a 2016, postulado por el PRI y Nueva Alianza.
Estas organizaciones rivalizan con cárteles nacionales que inciden en el terreno local en Hidalgo y, por estar en la zona limítrofe con la sierra norte poblana, también con células de aquella entidad.
“Estos ataques actualizan el mapa delictivo. En Cuautepec, la base social de estos grupos siempre ha dificultado el ingreso de las policías. Además, hay antecedentes de homicidios a elementos de Seguridad Física de Pemex y agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado que intentaron ingresar a decomisar producto o a cumplir órdenes de aprehensión.
Medios locales difundieron las imágenes del negocio quemado en Tasquillo.
“Lo que ahora vemos es que en territorios en los que había un grupo dominante, o acuerdos entre organizaciones para distribuir las zonas de operación, se empiezan a generar más disputas”, expone un anterior mando de seguridad que pidió no ser identificado.
Desde su perspectiva, estos acontecimientos pueden reflejar distintos escenarios, desde el término de acuerdos de facto, no sólo entre grupos del crimen, sino también del poder –que, especifica, no necesariamente tienen que ser poder político, sino también corporaciones de seguridad que pudieran protegerlos y con las que llegan a tener rupturas o discrepancias–, hasta el ingreso de nuevos grupos o el fortalecimiento de otros precisamente por el cambio de gobierno.
En este sentido, explica que las relaciones delictivas no necesariamente deben ocurrir a los niveles más altos del poder, sino que también se tejen desde lo más elemental del término “local”, un entramado difícil de desarticular por la base social del crimen.
Operativo de rescate de Fausto Aparicio. Foto: El Sol de Hidalgo.
El pasado 16 de noviembre, Fausto Aparicio Herrera, director de Seguridad Pública del municipio de Metepec –que forma parte de esta misma zona de operación de grupos de ordeñadores en Cuautepec–, fue herido con un disparo de arma de fuego en la pierna, golpeado, y raptado por un grupo criminal tras detener una camioneta cargada con hidrocarburo; posteriormente fue rescatado en un operativo entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos de la División de Investigación de la Procuraduría, policía estatal y municipales de la región.
Un mes antes, el 23 de octubre, un agente de investigación de la PGJEH fue agredido cuando intentaba ejecutar una de orden de aprehensión contra el presunto líder de una célula dedicada al robo de hidrocarburo en la zona Tulancingo-Cuautepec, que es considerada por las autoridades como “foco rojo” por la incidencia de este delito.
El agente Sergio Torres Saavedra, de 37 años, adscrito a la División de Investigación del grupo Tulancingo, fue atacado por al menos seis sujetos, que fueron protegidos entre miembros de la comunidad de Santa María Asunción –un polígono identificado por el Ejército por la alta incidencias de extracción de crudo y su comercio ilegal–; además, azuzados por una presunta célula de huachicoleros.
La esposa del elemento, cuyo nombre se reserva por seguridad, relató que Torres iba acompañado de otro de sus compañeros que desempeña el cargo de jefe de Grupo, pero que al llegar al lugar para cumplir con el mandato judicial “mi esposo Sergio fue golpeado brutalmente por miembros de la comunidad, los cuales descendieron de una camioneta negra”. Su compañero, en tanto, logró escapar.
Sergio estuvo hospitalizado menos de 24 horas, en estado crítico, hasta que murió a causa de las heridas internas.
EL CAMBIO DE DISCURSO
El primero en hablar del tema fue el secretario de Seguridad Pública del estado, Salvador Cruz Neri. Apenas designado por el gobernador Julio Menchaca Salazar, el mando respondió ante cuestionamientos de la prensa: “En Hidalgo no hay cárteles”.
Su discurso se alineó con el de la administración anterior, de Omar Fayad Meneses, quien durante seis años negó reiteradamente la operación de estas organizaciones.
No obstante, el encargado del despacho de la Procuraduría, Santiago Nieto Castillo, cambió esa tesitura. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reconoció, a principio de gobierno, la existencia de estos grupos, y nombró a tres en el territorio: el Cártel de Hidalgo, Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación.
De las firmas que han aparecido en distintos hechos violentos, reafirmó recientemente: “hay un modus operandi en el que los grupos delictivos se autoadscriben un determinado acto ilícito”; no obstante, dijo que es necesario corroborar la responsabilidad e identidad de los perpetradores, pues de puede generar confusión sobre quiénes son los actores delictivos.
Julio Menchaca en su toma de protesta. Foto: Cuartoscuro.com.
LA HERENCIA CRIMINAL
Cuando Omar Fayad tomó posesión como gobernador de la entidad en septiembre de 2016, en las radiografías delictivas y análisis de riesgos por seguridad se reconocía la operación de Los Pepes, un grupo de narcomenudistas en Pachuca; Los Michoacanos –cártel que liberó en diciembre de 2021 a sus líderes de la cárcel de Tula con autos explosivos–, en Tepetitlán; el grupo de Carlos Bárcenas Jiménez, “El Pelón”, que controlaba el robo de hidrocarburo en la región de Tula, y lo que las autoridades en el periodo de Fayad, con el paso de los años y el conocimiento sobre escisiones de cárteles, denominaron “la génesis” de Los Hades, que en ese momento estaban dedicados a la venta de cristal e incursionaban en el robo de combustible para financiarse, hasta ser considerados un cártel por su capacidad de fuego, giros delictivos y recursos.
Las autoridades también identificaban a otra organización longeva en Tulancingo: Los Parrazales, dedicados a la venta de droga y después también a la ordeña de ductos.
Al término de esa administración, el crimen había proliferado: los mismos informes, sumados a archivos de inteligencia federal, de la Sedena y el gobierno de la República, mostraban el escenario delictivo que heredó el morenista Julio Menchaca Salazar:
Los Hades o Cártel de Palmillas tuvieron una fisura que acabó en enfrentamiento entre los últimos líderes: Orlando Medina Velázquez, “El Fénix”, y Salvador Reséndiz Hernández, “El Rex”; este último detenido el 13 de octubre del año pasado.
“El Rex” se asoció con Los Germanos, grupo formado por exmiembros del Cártel del Golfo y de Los Zetas, y se enfrentan con el CJNG en el lado de San Luis Potosí, desde arriba de Jacala hasta Huejutla, Hidalgo.
Con “El Rex” detenido, su organización es liderada por su hermana Monserrat Reséndiz y se enfrenta a Los Fénix, que es la célula principal de Los Hades.
Del análisis de crecimiento de grupos al término del gobierno de Fayad internamente se reconocieron dos grandes amenazas criminales: Los Pepes y Los Hades “segunda generación”.
El riesgo era por las disputas que éstos enfrentaban, los ataques directos y colaerales posibles: Los Pepes, que se enpoderó en la zona metropolitana de la capital, contra el Cártel de Hidalgo, y Los Hades contra las organizaciones rivales en el Valle del Mezquital: Los Americanos, en Tezontepec; “El Chita”, en Mixquiahuala, Actopan y Tetepango; y “El Geisha”, en el Cerro de la Cruz y en Tlahuelilpan, están también en la región conocida como Valle del Mezquital, en la que igualmente se encuentra El Cártel de Pueblos Unidos o Los Michoacanos, otro actor en la pelea por las plazas.
Inteligencia federal sitúa en territorio hidalguense al CJNG, Los Zetas Vieja Escuela –ambos dedicados al huachicoleo– y al Cártel del Golfo; asimismo la Unidad de Inteligencia Financiera (cuando Santiago Nieto la dirigía) también los identifica por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Familia Michoacana, en Tula e Ixmiquilpan, es otra amenaza, como también La Unión Tepito en la zona metropolitana de Pachuca.
A este escenario existente de suman las nuevas células que pretenden entrar en disputa territorial, más las que emergen cuando grupos más grandes se dinamitan. Otro mando de seguridad, cuya identidad igualmente se resguarda, explica que estas células suelen mostrar mayor violencia al incursionar en el terreno delictivo, porque es su forma de visibilizarse. Es, dice, un tipo de lenguaje en el que la brutalidad y la saña con la que actúan es la manera de “pasar lista y decir presente”. El riesgo, advierte, es que la violencia suele tener como respuesta mayor violencia, y en medio está la sociedad civil.
@axelchl
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