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EMEEQUIS.- Jueces y magistrados federales lanzan comunicado para votar por un paro pacifico programado para el 21 de agosto, esto como respuesta a la reforma del Poder Judicial de la Federación. La votación se realizará este lunes.
Dentro del comunicado lanzado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se menciona que para justificar una medida correcta de trascendencia es necesario mantener el respaldo de la mayoría de los titulares de los órganos jurisdiccionales, con la intención de mantener legitimidad.
“La suspensión de labores dará inicio a las 00:00 horas del día miércoles 21 de agosto de 2024 y continuará hasta que se cumplan nuestras peticiones, y dicha suspensión se levantará con la aprobación de las Mesas Directivas Nacional y Regionales de la JUFED.”
Por lo tanto, la asociación decretó sus intenciones de irse a paro pero necesita mantener una votación mayoritaria de quienes conforman el grupo de magistrados y jueces, la votación se dará este lunes 19 de agosto:
“La suspensión de la actividad jurisdiccional es un acto jurídico que sólo puede decretar la mayoría de un colectivo que disfruta del mismo derecho, por lo que hay que satisfacer requisitos sustantivos y formales”.
En el comunicado se menciona que “Resulta indispensable acudir a los principios y normas contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el artículo 40 establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República, representativa, democrática, laica y federal”.
La votación se dará de manera personal, libre y secreta: “El presente documento tiene como finalidad convocar a votación para la suspensión temporal de las actividades jurisdiccionales derivada de la iniciativa de Reforma Judicial presentada por el Poder Ejecutivo, misma que será discutida por el Poder Legislativo”.
¿QUÉ BUSCAN CON PARO JUDICIAL?
Lo que se pretende con la suspensión anunciada, consiste en que “se respete el Estado de Derecho por medio de la garantía de la independencia judicial y no se ponga en riesgo la carrera judicial” por lo cual solicitaron al Congreso que detenga la Reforma al Poder Judicial:
“Al amparo de nuestro deber de defender la independencia judicial, las personas juzgadoras pedimos al Congreso que detenga el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada para enfrentar las causas estructurales que vienen debilitando sostenidamente la calidad de la justicia”.
La suspensión de actividades comprenderá “a todos los órganos del Poder Judicial de la Federación que ejerzan esa función, siendo estos los Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, Tribunales Colegiados de Apelación, Centros de Justicia Penal Federal, Juzgados de Distrito, Juzgados de Distrito Auxiliares, Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones y Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales y Colectivos”.
Aun con el paro que se dará, la asociación explica que “no se podrán restringir ni suspender el ejercicio de derechos, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de los mismos, incluyendo su tutela jurisdiccional, por lo que se mantendrá la atención de asuntos urgentes, que se realizará conforme al calendario de guardias regulares que establecido por el Consejo de la Judicatura Federal”.
LOS DIÁLOGOS SÓLO FUERON “SIMULACIÓN”
Dentro de su comunicado, la asociación hizo saber que considera los llamados “Diálogos Nacionales sobre la Reforma Judicial” como una “simulación” y no como un “parlamento abierto” y señaló el incidente donde uno de los juzgadores federales se le interrumpió el micrófono “sólo para mencionar algunos incidentes, pero en lo medular, ese ejercicio no cumplió con las características de una consulta parlamentaria para casos de reformas al Poder Judicial que requieren de un umbral de debate mayor que para otro tipo de proyectos; ello en función de los estándares de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura de Naciones Unidas”.
La asociación también explica que de aprobarse la iniciativa esta se puede traducir en la “destitución masiva y sin juicio previo de las personas juzgadoras que actualmente integran los Poderes Judiciales mexicanos”, el reemplazo de los juzgadores mediante un proceso de votación popular, reducción de remuneraciones de las personas juzgadoras, la imposición de un modelo disciplinario de única instancia, sin derecho a un recurso efectivo, así como otros cambios laborales, sociales y jubilatorios regresivos, además de afectar la división de Poderes así como la “carrera judicial que es fortaleza de la independencia judicial”.
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