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Los engaños de Gertz Manero. Inventaron cateos y arrestos para hacer despidos en la Fiscalía

Más de mil 800 personas dentro de la Fiscalía General de la República perdieron sus empleos este fin de año. A la mayoría los hicieron firmar finiquitos con engaños, incluso algunos privados de la libertad, haciéndoles creer que iban a rescatar a personas secuestradas.

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EMEEQUIS.- Una casa de seguridad. Al personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) les dijeron que iban a “reventar” una casa de seguridad que pertenecía a una banda de traficantes de migrantes indocumentados. Además, les contaron que irrumpirían en una bodega contigua a la casa que servía de armería para el crimen organizado en Chiapas.

Era una misión riesgosa y secreta, mintieron altos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo cual era necesario que todos los involucrados guardaran absoluta secrecía. De la discreción de los agentes y peritos de la AIC, les insistieron, dependendía el éxito del operativo.

Por eso, a ninguno de los 200 peritos y policías de investigación de la FGR que llegaron vía aérea a Tuxlta Gutiérrez se les hizo raro que apenas tocando suelo chiapaneco les enviaran sin escalas a un auditorio dentro de la delegación estatal de la institución para informarles sobre la misión, les informaron, se llevaría a cabo esa tarde del 28 de diciembre del año pasado.

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Así suele llevarse a cabo el informe de un operativo secreto: poca información, mucha adrenalina. En la FGR es usual que, antes de un gran operativo, los detalles se les revelen horas antes para evitar alguna filtración que ponga en alerta a los criminales.

Tampoco les extrañó que, ya en el auditorio, el coordinador regional en Tuxtla Gutiérrez de la FGR les pidiera a los 200 peritos y policías que dejaran sus armas y teléfonos celulares en la entrada.

La única alerta posible de que algo iría mal para esos trabajadores de la FGR es que, desde afuera, alguien cerró con llave la puerta del auditorio y se escuchó un ‘clic’ que pareció el de un candado. Entonces, la junta dio un giro inesperado.

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“ESTÁS DESPEDIDO”

Enseguida, les avisaron a los 200 que ahí se encontraban que no habría ningún cateo ni rescate alguno de migrantes. Tampoco casa de seguridad ni bodega con armas. Nadie podría abandonar el auditorio a partir de entonces, salvo con la autorización de los superiores. Menos hacer llamadas ni enviar mensajes.

“En ese momento nos dijeron ‘les notificamos a todos ustedes que van a causar baja de la institución el 1 de enero y aquí están sus renuncias’.

“Aquí está su cheque, su finiquito y firmen rápido y no la hagan de pedo, porque si no les retenemos hasta la quincena”, recuerda el perito A. G. —quien ha pedido que su nombre se mantenga bajo reserva por temor a la venganza de sus superiores. “Nadie sale hasta que no firmen”.

Desde el mediodía hasta las 2:30 de la tarde, unos 200 trabajadores de la FGR estuvieron privados de la libertad a cuatro días del Año Nuevo. No se les permitió asesorarse con abogados, menos alertar a familiares y colegas. Tampoco tenían acceso a agua, comida o sanitarios. Para ir al baño, aliviar la sed o el hambre había que firmar un finiquito que borraba la antigüedad de algunos de hasta 40 años en la institución, antes Procuraduría General de la República.

“Nos engañaron como pinches animales que van al matadero”, reclama A.G., quien vencido por el hambre firmó el documento que lo echaba del único trabajo que conoce desde hace 22 años. “Así nos pagan años de lealtad a la institución, años de haber pasado un chingo de exámenes de control y confianza.

“Lo que pasó en diciembre fue una traición a la procuración de justicia al más alto nivel. Y la gente tiene que saberlo: el fiscal (Alejandro) Gertz Manero nos mintió en la cara y echó a la calle a la gente que sí está haciendo algo contra el crimen organizado”.

MENTIRAS CON AVAL OFICIAL

Desde el 28 de diciembre pasado hasta el 8 de enero, EMEEQUIS conversó con decenas de fiscales, policías, agentes, peritos y administrativos de la FGR que fueron despedidos súbitamente en los últimos días del 2021.

Su salida de la institución es del tamaño de unos 800 trabajadores despedidos en aras de la austeridad republicana. Según les han dicho, los recortes masivos son la consecuencia de un ajuste financiero, aunque el presupuesto anual de la FGR es similar entre 2021 y 2022.

El perfil de los despedidos tiene preocupados hasta a quienes lograron conservar su empleo en esta primera ola de renuncias a la fuerza: se trata de veteranos en la investigación del crimen organizado, personal con una larga experiencia en los casos más importantes de la dependencia, como las investigaciones contra el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y mafias extranjeras.

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Y todos los despedidos tienen historias similares: para dejarlos indefensos ante la decisión de quitarles el trabajo, la máxima institución de procuración de justicia en el país repartió mentiras por todo el país avaladas por el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Por ejemplo, en Morelos, a agentes de la AIC se les llevó a un auditorio donde los mantuvieron incomunicados hasta que firmaran su renuncia; horas antes les dijeron que el sigilo era requerido porque asistirían a un megaoperativo contra una poderosa banda de secuestradores en el sur del estado.

En Tabasco, la mentira fue que irían tras una célula de ladrones de combustible que amenazaba la viabilidad de la refinería en construcción Dos Bocas. Para evitar una fuga de información nadie podía llevar teléfonos, radios o hablar con otros compañeros de la institución.

En la Ciudad de México, el engaño fue aún más humillante: personal de la FGR dijo a sus compañeros que había problemas con los resultados de sus exámenes de control y confianza, es decir, que existían sospechas sobre su lealtad a la institución. A todos se les pidió concentrarse en un auditorio en la alcaldía Cuauhtémoc para una revisión a la cual —”por obvias razones”— debían llegar desarmados.

“Nos dieron una hoja membretada en la que supuestamente aceptábamos nuestra baja. Algunos compañeros, los más grandes, aceptaron indemnizaciones de hasta 350 mil pesos, pero hubo otros que les querían quitar pensión, antigüedad, prestaciones, todo, por un pago único de 20 mil pesos”, denuncia el agente R. F., uno de los cesados. “No alcanza ni para un carrito de hamburguesas”.

OLEADA DE AMPAROS

El escándalo de lo que en la FGR ya llaman “las mentiras de Gertz” provocó tal molestia que los mandos que operaron el recorte masivo cambiaron de estrategia y, para evitar una revuelta en la dependencia, dejaron de embaucar a sus compañeros y comenzaron a notificar los despidos a través del correo institucional.

Por ejemplo, desde el 29 de diciembre, Édgar Gerardo Aguilar, jefe regional de la Unidad Administrativa de la Policía Federal Ministerial en Ciudad de México, ordenó que todos los avisos de despidos se hagan a través de una cuenta de correo con dominio web del gobierno mexicano, según un oficio al que tuvo acceso esta revista.

Sin embargo, la huella de los engaños luce difícil de borrar en la FGR. Y las mentiras ya tienen consecuencias: Pedro Ayala, abogado de agentes despedidos, aseguró a EMEEQUIS que un juez de distrito ya otorgó el primer amparo para dejar sin efecto el despido de un suboficial de la Fiscalía General de la República, cesado desde el 28 de diciembre.

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Según Pedro Ayala, el suboficial podrá permanecer en su puesto —con salario intacto y mismas condiciones de trabajo— hasta que un juez determine si su despido estuvo ajustado a las leyes laborales mexicanas; si no fue así, se trataría de una decisión ilegítima y el afectado podría conservar su cargo y antigüedad.

Esa es la ruta de cientos de despedidos en la FGR: ampararse hasta que un juez revise en qué condiciones fueron forzados a firmar sus renuncias y que se ordene su reinstalación por irregularidades en el proceso, como negarles el uso del sanitario hasta que aceptaran perder su empleo.

En caso de lograrlo, la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero enfrentaría tres problemas provocados por las mentiras de sus altos mandos: cientos de empleados despedidos que conservarían sus cargos, altos costos en largos litigios contra el propio personal de la dependencia y la desconfianza en sus filas porque cualquier aviso para unirse a un operativo podría desembocar en el próximo recorte masivo de personal.

“Se le viene una ‘broncota’ a la institución”, dice O. S. perito despedido que confía en ganar su amparo en la segunda semana de enero. “Pero si ellos no vieron por uno, ¿por qué uno va a ver por ellos?”

@oscarbalmen

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Oscar Balderas

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