SOBRE EL AUTOR
Por Maricarmen Gutiérrez Romero y Miguel Ángel Teposteco Rodríguez
EMEEQUIS.– Al filo de la frontera, en una estación del Instituto Nacional de Migración de México (INM) en Ciudad Juárez, una protesta de migrantes terminó en un incendio. Las puertas no se abrieron, el humo y el fuego avanzaron, y en apenas unos instantes, 38 personas murieron (otro murió en hospital y suman 39 ya).
En las siguientes horas, entre intercambios de culpas entre políticos (Marcelo Ebrard, como Adán Augusto, López Obrador…), se hizo cada vez más popular una conclusión: que la tragedia se pudo haber evitado.
Así lo piensa el abogado José Alberto Vera Pantoja, quien el día del incendio estaba en Ciudad Juárez, precisamente para ayudar a migrantes a salir de lo que ha definido como “privación ilegal de la libertad” por parte del INM.
“Yo vine a sacar a unos migrantes de aquí de la estación migratoria”, explica en entrevista para EMEEQUIS: “Con la novedad de que no me permiten el acceso porque ni siquiera saben los nombres de los que tuvieron el accidente”.
“(Las personas) están exigiendo que les den la libertad (a los migrantes)”, remarca, sobre todo porque hay niños que estaban detrás de los muros del edificio que se incendió.
¿Hay posibilidad de que haya víctimas menores de edad? “Sí, sí, sí, hay posibilidad”. Sin embargo, “no dan información, a tal grado que ahora salieron las personas de Migración en convoy y protegidas por la Guardia Nacional”.
Hermetismo en las instalaciones.
Recalca que no han dado razones sobre lo que sucedió: “Tampoco han explicado cómo es que se han llevado a cabo estos hechos en la estación. No, no, no han explicado nada, absolutamente nada, está toda la gente aquí, están los migrantes, exigiendo que les informen qué personas son las que están heridas”.
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Cuestiona también que el gobierno no ha informado qué personas están en el hospital: “Pues está hecho un complot aquí. Se está exigiendo principalmente que les den respuesta (a las familias de los migrantes), pero absolutamente no hay nada”.
Narra que la Guardia Nacional, desde el accidente, está protegiendo las instalaciones de la estación del Instituto Nacional de Migración. “Ellos manifiestan (las autoridades), (los migrantes de la estación) se encuentran alojados”, pero argumenta que “eso es completamente falso”. “(Los migrantes) se encuentran privados de su libertad”.
Para ejemplificar que los migrantes no pueden salir de la estación, describe que en el edificio “tienen candados en las entradas” y que hay restricciones para salir libremente fuera de la estación migratoria.
El abogado reflexiona que bajo estas condiciones son “violados completamente todos los derechos humanos; para los migrantes, no existen los derechos humanos. Así de simple, Dios mío. No, no existen. No hay un debido proceso”.
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Verá Pantoja denuncia que todas las estaciones migratorias del país están en estas condiciones, las que provocaron el incendio. En el caso de la estación que sufrió la tragedia: “No nos permiten la información, no nos dicen quiénes fueron lo que están (vivos), los que perecieron, no nos dicen quiénes están en el hospital todavía con vida”.
Él desmiente que los demás migrantes fueran trasladados a otra estación: “Eso es mentira porque la estación de migración más cercana está como a 40 kilómetros. Y no vieron salir a ninguna (persona) por las salidas”.
Concluye que esta tragedia se pudo haber evitado: “Porque se pudieron haber abierto las puertas, que salieran de ahí: tienen un patio muy grande y también está protegido”. Y también tenían a la Guardia Nacional para protegerlos.
Esta tragedia, en medio del fuego y el humo, pudo haber tenido otro final, reitera el abogado, por eso repite: “Se pudo haber evitado”. Las muertes, los heridos y el dolor de las familias en una mancha negra más en el tránsito de migrantes por territorio mexicano.
“No fueron capaces de abrir una reja”.
ROSA ICELA PIENSA LO MISMO
“No fueron capaces de abrir una reja. Es algo que estará en las investigaciones, como dijo la fiscal. ¿Quién no permitió la salida de estas personas? Claro que, evidentemente, hay un delito grave”, dijo este miércoles la titular de SSC, Rosa Icela Rodríguez.
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