SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– Mónica Garza, en su columna para Opinión 51, describe parte del engranaje existente para que Juan Antonio Vera Carrizal, acusado del ataque con ácido en contra la saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos, esté ante la posibilidad de salir de la cárcel y dirigirse a su casa.
Ella explica que las decisiones tomadas esta semana en los tribunales de Oaxaca sobre el caso de María Elena Ríos, dejan en arraigo domiciliario a su presunto agresor, Juan Antonio Vera Carrizal. Ríos fue víctima de un ataque con ácido el 9 de septiembre del 2019, el 90% de su cuerpo resultó con quemaduras.
“Todos sabemos cómo es México en términos de justicia y en especial el estado de Oaxaca, y sabemos perfectamente que en un caso relevante y tan mediático como el de María Elena Ríos, NINGÚN juez se manda solo”.
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Para Garza, Eduardo Pinacho Sánchez, actual magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, es el verdadero responsable de que Vera Carrizal tenga la posibilidad tangible de mudarse de la cárcel a casa de su familia.
“No hay manera de que él no supiera la magnitud del caso de la saxofonista, porque fue electo presidente del Tribunal Superior de Justicia el 4 de enero de 2020, tres meses antes de que Juan Vera Carrizal fuera detenido y vinculado a proceso (abril de 2020)”.
Mónica Garza está convencida de que el presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca era consciente del tipo de ataque, el sufrimiento físico y emocional de la víctima y la involucración de los medios, así como de quienes son los aliados políticos del agresor.
Garza explica cómo, en realidad, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat solo hizo lo estrictamente necesario por el caso de Malena, como también se le conoce a María Elena Ríos. Pero nunca hizo nada más para apoyarla.
“No fue especialmente empático o deferente con la víctima. Sí la apoyó, sí asignó presupuesto para su atención médica, pero esa es justamente una obligación del Estado. No era ningún favor.”
Familiares de María Elena Ríos le narraron a Mónica Garza que el juez amenazó con seguir la audiencia sin la víctima. Foto: Opinión 51
Desde el ataque contra Elena han pasado 3 años y 5 meses. La víctima ha tenido que enfrentar procedimientos dolorosos tanto física como emocionalmente, y, aun así, no se ha detenido en su camino por obtener justicia. Por el ataque con ácido del que fue víctima se vio obligada a construir una vida muy diferente a la que llevaba, explica Mónica Garza.
La columnista también denuncia la revictimización dentro del proceso legal que ha caído sobre María Elena. Afirma que el proceso no ha sido una cuestión neutra por parte de los jueces, sino que se inclina en favor del acusado. La saxofonista y su defensa han denunciado que en la audiencia generada para el onceavo amparo solicitado por la defensa del presunto agresor, el juez Teódulo Pacheco actuó “más como parte defensora del acusado, que como impartidor de justicia”.
“Yo estuve ahí durante dos días, de sol a sol, detrás de la puerta de la habitación donde María Elena Ríos se encerraba para seguir la audiencia virtual en la que, en cada receso se iban diluyendo sus esperanzas de justicia, cuando su defensa dialogaba con la ministerio público que no salía del asombro al advertir a un juez claramente inclinado del lado de la parte acusada”.
La autora menciona que desde octubre del año pasado se muestran pruebas parciales y fabricadas “para dejar salir al acusado de feminicidio en grado de tentativa” y que estas solo se le dieron a conocer a la víctima hasta el día de la audiencia.
“Se habla de un juez que se limitó a repetir como mantra que ‘se tiene que atender a la teoría del caso de la defensa (del acusado)’, sin apegarse a la legalidad y licitud del sistema penal mexicano”.
Mónica Garza, también explica que el juez tan solo “dio más de una hora a la defensa de María Elena Ríos para conocer las pruebas descritas en un documento de 100 páginas”. Tiempo que no es suficiente para exponer todas las pruebas reunidas por la defensa.
“Se trató de una audiencia de cinco días, en jornadas de hasta 20 horas en las que se permitió a la defensa del presunto agresor ‘incorporar pruebas a modo, violentando los derechos de la víctima’”.
En los recesos Garza se dedicó a recoger testimonios de los familiares de la víctima y de su defensa “quienes me narraron el momento en el que el juez Teódulo Pacheco amenazó con continuar la audiencia sin ella (María Elena) y dejarla sin su asesora jurídica, a quien, por cierto, silenció durante las sesiones una y otra vez, en flagrante desacato a un amparo”.
Todas las pruebas que Garza expone en su columna fueron combatidas por la fiscalía del estado “en voz de una aguerrida ministerio público”, la cual le señaló al juez Teódulo Pacheco, en constantes ocasiones, que estaba cometiendo desacatos a la legalidad.
Gaza califica el caso de María Elena como uno de los más relevantes que ha enfrentado el Tribunal de Justicia de Oaxaca. Así como el único que ha ocupado la atención continua de los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. Por lo que, para ella, resulta muy complicado creer que Eduardo Pinacho no estuviera al corriente de lo que ocurría.
“Hoy, Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del feminicidio en grado de tentativa contra María Elena Ríos, goza de un privilegio que pone la seguridad de ella y la de su familia en un nuevo riesgo, y coloca al estado de Oaxaca en el terreno más oscuro de la impunidad, cuando ni siquiera cuenta con un fiscal nombrado”.
Garza concluye su columna recordando que el actual gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se mostró sumamente indignado en sus redes sociales por la decisión de juez Pacheco y que “si está tan comprometido como dice, para este momento en el que ustedes leen estas líneas, ya tendría que haber mantenido una larga conversación con el presidente del Tribunal, Eduardo Pinacho Sánchez, con motivo de la impugnación que su ministerio público debe de presentar”.
A la vez, también recuerda la promesa que se le dio a Oaxaca de separar el poder político de la impartición de justicia. Para ella, el desenlace del caso de María Elena Ríos “reflejará la realidad de ese cambio y sus alcances…”.
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