EMEEQUIS.– En la carta e informe del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que también fue presentada a los padres, no se expone algo que rompa la inercia, sino que se repiten las mismas causales difundidas desde el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Elementos del Ejército coludidos con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, confusión de los estudiantes con el grupo rival Los Rojos por la disputa de la plaza y el tráfico de drogas de Iguala a Chicago, son las mismas causales que expone el gobierno de la Cuarta Transformación sobre la desaparición de los estudiantes, y que tiene similitudes con la versión del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, como afirmó el abogado de los padres, Vidulfo Rosales.
Este documento fue publicado ayer por el gobierno, de acuerdo con López Obrador, en respuesta a los reclamos de familiares de víctimas.
De acuerdo al “Informe de las actividades y apoyos proporcionados por la SEDENA en el Caso Ayotzinapa”, Guerreros Unidos tejió una red de complicidades y colaboración en los tres órdenes de gobierno, lo que fue un factor que “facilitó” la desaparición forzada de los jóvenes.
“A partir de diversas fuentes existen vínculos entre algunos elementos de la Policía Federal y el Ejército que operaban en la región de Iguala con Guerreros Unidos”, se expuso en el informe.
Se detallan algunas de las relaciones entre líderes de la organización criminal y altos mandos del ejército en Iguala.
“Derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vinculan con ‘Guerreros Unidos’ el entonces Coronel José Rodríguez Pérez, Comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, el Capitán José Martínez Crespo y el entonces Coronel Rafael Hernández Nieto, Comandante del 41 Batallón. Conforme a estas declaraciones, algunas brindadas en procesos judiciales en Estados Unidos, estos elementos recibían dinero de guerreros unidos, proveían armas y municiones, facilitaba en el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”, se precisa.
A diferencia del gobierno peñista, la administración del presidente López Obrador pone nombre y apellidos a los militares involucrados.
Se da cuenta que los elementos del 27 Batallón de Infantería y policías federales recibieron dinero de “Guerreros Unidos” para brindarles protección y facilitar el tráfico de droga, a cambio recibí un “apoyo económico” o “cuota” a autoridades estatales, de seguridad y ministeriales, para que los dejaran operar en el tráfico de drogas.
La “confusión” de Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de Los Rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa, se volvió a presentar como una causal de la desaparición de los normalistas.
Tras esta versión nueva pero vieja, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos coincidieron en que este era un tema superado por el gobierno de López Obrador, sin embargo, se vuelve a incluir y criminalizar a los jóvenes.
La 4T retomó la versión del presunto escarmiento del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a los estudiantes por irrumpir en el informe de su esposa María de los Ángeles Pineda. Así como por las manifestaciones en el Palacio Municipal.
“La intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por parte del alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos en el palacio municipal de Iguala, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera”, se detalla.
Y el llamado “quinto autobús” cargado con droga que recuperó la Policía Federal y entregó a Guerreros Unidos se vuelve a repetir en la narrativa oficial ahora con la 4T.
“El trasiego de droga y la eventual presencia de drogas, armas o dinero de alguno de los autobuses tomados”, se indica.
Seguirán las investigaciones “independientemente si nos creen o no”. Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com.
AMLO SOBRE CONSIGNAS EN LA MARCHA: “TODAVÍA ME QUEDA UN AÑO”
Sobre la marcha de ayer para conmemorar los 9 años de Ayotzinapa, en la que hubo consignas contra el actual gobierno, AMLO respondió en la mañanera de este miércoles que están en su derecho y que el gobierno seguirá investigando.
“Ya ayer se dio a conocer el informe. Tenemos el compromiso de seguir la investigación y vamos a continuar hasta conocer toda la verdad. Y lo más importante: saber dónde están los jóvenes. Todavía me queda un año y vamos a dedicarnos, no hemos abandonado el caso. Es por los padres, las madres, la justicia y por nuestras convicciones.
“Tenen todo el derecho, los padres, madres, a inconformarse. Lo comprendemos, son sus hijos, pero nosotros, independientemente si nos creen o no, nosotros vamos a seguir, porque es un asunto que tiene que ver también con nuestras convicciones y con nuestra conciencia”.
Este miércoles, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, presentará oficialmente el segundo informe de la Comisión Ayotzinapa, que ya había dado a conocer a los padres en una reunión privada el 19 de septiembre.
@Alatriaste_III
Powered by Froala Editor