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Mar de impunidad. Además del feminicidio: revictimización e indolencia

En las historias de Ana Itzel, Diana, Dulce, Marilú, Nicole, hay una constante: la falta de apoyo de las autoridades ante la desaparición de una mujer. “Deberían capacitar mejor a quienes son ministerios públicos, porque les falta muchísima empatía”, dice la activista Miriam Yoselin Chávez.

3 / 09 / 22

EMEEQUIS.– El primer acercamiento de Sairani con el feminicidio ocurrió cuando tenía 15 años: Ana Itzel Escamilla, que había sido su compañera en la telesecundaria 701 y entonces tenía 14 años, desapareció. Era el 19 de mayo de 2014. 

A partir de ahí, fue un camino tortuoso para familiares, amigxs y compañerxs que no terminó el primero de junio, cuando un cuerpo, presuntamente de la menor, fue localizado en una construcción del ejido de Tilcuautla, en el municipio San Agustín Tlaxiaca, a 19 kilómetros de Pachuca. Era apenas el comienzo de una historia que mostró los rasgos más nítidos de la impunidad.

“Yo no procesaba esa realidad”, la desaparición, muerte y sepultura clandestina de Ana, su excompañera, “pero para mí fue muy duro”, cuenta Sairani Sánchez a EMEEQUIS. El caso de Ana Itzel, sin pensarlo, la llevó al activismo por la justicia para quienes no la tienen. Por ello, en cada marcha, como la del 8 de marzo, aun pasados los años, lleva siempre el nombre de la exestudiante de secundaria a la que le arrebataron la vida.

“A partir de ello (vivía) con mucho miedo, incluso temía salir de casa sola, sentía que todas podíamos ser asesinadas. Creo que fue algo importante para que yo me acerara al activismo y, desde luego, al feminismo, tratando de entender por qué le habían hecho algo así a una niña como Ana Itzel”, recuerda. 

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Sairani iba en tercer grado en la Telesecundaria 701; Ana Itzel, en primero. Era una escuela de tiempo completo: entraban a las 8 de la mañana y salían a las 5 de la tarde, con dos recesos. La mamá de Ana Itzel trabajaba en el comedor de la telesecundaria y el papá de Sairani era el presidente de la Sociedad de Padres de Familia, por eso la interacción fue mayor. 

“Yo a veces me quedaba con ella porque a veces mi papá estaba ocupado en otras cosas y no siempre podía estar conmigo”. Iban en el mismo taller; tenían así más coincidencias.

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Como el programa de Escuelas de Tiempo Completo fue piloto y sólo duró un año, Ana Itzel fue cambiada a la Técnica 40, porque su familia ya no se hizo cargo del comedor y la distancia era muy larga desde su domicilio. Fue en ese tiempo, cuando la menor cursaba el segundo grado, que ocurrió su desaparición.   

“Quiero crecer sin miedo” y “abuelita vine a gritar lo que a ti te hicieron callar” se escucha en la marcha del 8M en CDMX. Video: Nantzin Saldaña. 

El caso de Ana Itzel también sacó los vicios más longevos de los sistemas de justicias, y con ello prácticas revictimizantes e impunidad.

Para intentar convencer que el cuerpo hallado correspondía a Ana Itzel –puesto en duda por familiares– fueron filtradas imágenes que comparaban la mitad del rostro de la menor con el del cadáver localizado. Los rasgos de descomposición eran visibles. También, filtraron imágenes del hallazgo y las condiciones en que supuestamente ocurrió. Los medios de nota roja también los replicaron.

Como responsable del feminicidio fue detenido el padre de la menor, pero fue liberado 720 días después por falta de pruebas e irregularidades en el procedimiento. 

La detención ocurrió el 25 de junio de 2014, poco más de un mes después de que Ana Itzel desapareciera. Además, el cargo inicial fue “ultrajes a la autoridad”, que después la procuraduría reconfiguró para imputar el asesinato de la menor.

La teoría del caso, determinó un juez federal, era inverosímil: desde que en la narrativa oficial se decía que el supuesto feminicida condujo una motocicleta un kilómetro con el cuerpo atrás, sin que nadie lo notara, sin atar, y en las dimensiones reducidas de la unidad.

El padre, Juan Carlos E., había asistido a una de las primeras marchas masivas en Hidalgo para exigir justicia por una víctima, su hija. Debido a que no hubo otra línea de investigación, cuando el presunto responsable fue liberado, no hubo más avances: el crimen quedó impune.

Hubo más inconsistencias: la hermana de Ana Itzel, también una menor de entonces 15 años, fue presionada por agentes de investigación para declarar que su papá tenía conductas indebidas con ella y su hermana. La familia vivió amenazada por los agentes que habían sido asignados a resolver su caso. Tuvieron que cambiar de domicilio y vivir con temor constante. Los encargados de hacerles justicia, ahora los perseguían.

“Nunca es justo, le puede pasar a cualquier mujer que nos rodea, en cualquier momento, y al no tener el respaldo de las autoridades y menos justicia, tuvimos que generar redes para protegernos. Lamento mucho que no haya podido entenderlo antes de que le ocurriera algo así a Ana Itzel, pero por eso mismo salgo a gritar su nombre”, afirma Sairani.    

HASTA QUE PASEN 72 HORAS

Diana Velázquez Florencio tenía 24 años cuando desapareció, el 2 de julio de 2017. Vendía dulces en las avenidas transitadas de la ciudad donde vivía. Ahorraba para comprarse una computadora y estudiar en línea. Era lo que más anhelaba, ha contado su madre, en su travesía en busca de justicia. 

El día que desapareció, a su familia le negaron la activación de una alerta, porque no habían pasado 72 horas. Los ministerios públicos sugirieron que se había ido “con el novio” y que, seguramente, después regresaría. 

Diana Velázquez Florencio salió de su casa sólo para realizar una llamada telefónica. Jamás regresó. Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro.com.

La familia empezó a buscarla en las calles.

“¿Bueno?,¿sí, quién habla?”, respondió una mujer al teléfono de Diana; dijo que recién lo había comprado en un tianguis de San Vicente. Hasta ese momento se inició la investigación.

El cuerpo lo halló la familia en el Servicio Médico Forense (Semefo); coincidían tanto la ropa como el cabello, pero se encontraba en un estado de descomposición avanzado. Les dijeron que había sido hallado el mismo 2 de julio en la calle Francisco I. Madero, en Chimalhuacán. Diana había salido para hacer una llamada. 

El pasado 15 de enero Jesús Alejandro N. fue condenado a 93 años de prisión por el feminicidio de Diana, después de cuatro años de proceso, pero aún sigue prófugo su cómplice, un mototaxista. 

“ES MI NUMERO DE CASA DE MIS PAPÁS”

El 8 de julio de 2019, la familia de Dulce Esmeralda Covarrubias Hilario supo de ella por última vez. Era la víspera de la audiencia en la que un juez del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Jacala, en la sierra hidalguense, determinaría si ella o Antonio, a quien había denunciado por violencia, se quedarían con la custodia de su hijo, entonces de siete años.  

“La desaparición de mi hermana nos afectó mucho, mis papás incluso se enfermaron. Desde el día que mi hermana desapareció no hemos visto a mi sobrino. No es porque no lo queramos ver, sino para no ocasionar problemas”, cuenta a EMEEQUIS Neltzin Covarrubias, quien espera que su hermana esté con vida, aunque conoce las posibilidades de que algo grave le haya pasado.

El último mensaje del celular de Dulce decía: “Ya voy a dejar los tamales voy con don Mario este es mi numero decasa Demis papas (sic)”. Se lo envió a una amiga en Jacala, donde vivía con su pareja. 

Ella vendía tamales para reunir dinero. En ese entonces ya había decidido dejar a Antonio y le había confesado a su mamá, Cornelia, que él la había agredido más de una vez. Le prometió que ella se iba a regresar con el niño –estaba confiada que ganaría la custodia– a donde estaba su familia, en Tepehuacán de Guerrero, un pueblo serrano enclavado en la montaña.

Don Mario era tío de Antonio. Minas Viejas, a donde se dirigía, es llamado por los habitantes de Jacala “el corredor de los asaltos”, que llega hasta Puerto la Piedra, en el municipio vecino de La Misión. Él, la última persona que estuvo con Dulce, declaró ante el ministerio público que no la conocía, según consta en la carpeta de investigación 08-2019-0102. 

Don Mario murió el 10 de julio de 2020, dos días después de que se cumplió un año desde que Dulce Esmeralda no era localizada. Esta parentela, dicen en el pueblo, tiene poder político y controla el transporte de materiales. El letargo de las autoridades en esclarecer el caso les beneficia, denuncia la familia de Dulce. 

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A dos años y ocho meses de la desaparición, no existen avances, reclaman también.

“La verdad hemos ido sobrellevándolo con esta situación del Covid. También como que en esta temporada yo vi que dejaron pasar mucho tiempo sin hacer nada. Desde el 9 de septiembre (de 2021) que tuve una audiencia en Zacualtipán –a tres horas de distancia de Tepehuacán–, en la que sólo volvieron a corroborar datos y cómo sucedió (la desaparición), ya no supe nada”, añade Neltzin. 

Ir a Pachuca, además, es un gasto significativo para una familia de escasos recursos. “Ya dimos vuelta tras vuelta y no nos han hecho justicia, porque el principal sospechoso, que es el marido de mi hermana, anda como si nada, pero a nosotros no se nos ha olvidado y seguiremos exigiendo justicia”, insistió.

Cada traslado representa un gasto de mil pesos, más de diez días de jornal en el campo. 

EL LETARGO CONSTANTE

Marilú Camacho Zaragoza, de 50 años, fue encontrada sin vida, sepultada en el jardín de su propia casa en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, el 3 de octubre de 2020. Juan Manuel N, su pareja sentimental, fue detenido como principal sospechoso del feminicidio. 

Las investigaciones avanzaron por el esfuerzo de la familia, que asumió la responsabilidad que competía al ministerio público; el factor pandemia sumó a la lentitud de las autoridades.

Nicole, de siete años, jugaba afuera de su casa ubicada en el fraccionamiento Rancho Don Antonio, en Tizayuca, en los límites entre Hidalgo y el Estado de México, cuando se la llevaron. Era el 2 de marzo de 2021. 

“Miro al cielo, te extraño; el que durmieras conmigo, el abrazarte y todas tus locuras que traías a mi casa. Siempre vivirás en mi corazón”.

Este mensaje fue compartido en redes sociales por Natalia, hermana de Nicole, quien también reclamó que a un año no exista sentencia contra el probable responsable, Miguel Ángel N., detenido el 13 de marzo del año anterior. El proceso se encuentra en fase de juicio oral. 

Fátima Cecilia, de siete años, desapareció el 11 de febrero. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com.

El feminicidio ha trastocado más de una vez a la infancia:

Fátima Cecilia, de siete años, desapareció el 11 de febrero cuando esperaba a su mamá, al salir de clases. Fue asesinada en Lerma. Su cuerpo sin vida apareció con huellas de violencia y de tortura, a menos de cinco kilómetros de la escuela. Su familia estuvo desplazada. A los pocos años murió Dani, el hermano de Fátima, como una víctima lateral de la situación en la que ellos vivían y porque no se le quiso atender de forma inmediata en un hospital de Nuevo León.  

Y las historias siguen… 

IMPUNIDAD, TERRENO FÉRTIL: REVICTIMIZACIÓN, LA CONSTANTE

Para la activista Miriam Yoselin Chávez, quien ha acompañado casos de desapariciones y muertes violentas de mujeres, el feminicidio y sus índices de impunidad tienen varios factores.

En esta travesía en busca de justicia, asegura, las familias enfrentan siempre revictimización, “la incredulidad (de que exista un delito qué perseguir) y tiene mucho que ver con la falta de perspectiva de género de las y los servidores públicos. Falta muchísima capacidad. Por lo general, en las primeras horas que son vitales para la localización de una persona, se les sigue diciendo en los ministerios públicos que tienen que pasar 72 horas para denunciar, cuando sabemos que esto no es cierto”. 

De igual manera, añade en entrevista, “a través de pocos recursos legales, con una mal información o un mal manejo, muchas veces en estas intenciones de querer ayudar muchas veces se empieza a publicar en redes, empezamos a poner nuestros números de teléfono –esto derivado de la falta de credibilidad que dan las autoridades a las víctimas–, en este sentido son víctimas de extorsión”. 

La activista asegura que las herramientas legales para combatir el feminicidio existen, pero se mantiene la falta de capacitación en el personal de procuración de justicia. 

“Deberían capacitar mejor a quienes son ministerios públicos, porque les falta muchísima empatía. No hablemos sólo del enfoque de género, sino de derechos humanos; cosifican a las víctimas; tienen intereses que defender y no hay acceso a la justicia”. 

Miriam acompañó el caso de Mariana Zavala, una joven de 18 años que desapareció el 2 de agosto de 2020 en Tlahuelilpan, Hidalgo. Hasta dos días después se inició una carpeta de investigación; el cuerpo fue hallado el 10 de agosto sobre una carretera. Cuando fue asesinada tenía 12 semanas de embarazo. 

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El 19 de enero pasado concluyó su juicio, después de 13 meses de lucha. La sentencia fue cinco años de prisión al responsable, Felipe, el novio de Mariana, quien al momento de la vinculación a proceso tenía 17 años y por tal motivo fue juzgado como menor. 

“El caso de Mariana siempre será para mí una sensación ambivalente: por una parte, satisfacción de que logramos justicia con base en lo que dicen los mecanismos legales que teníamos. Hay muchas cosas que de la misma carpeta podrían desprenderse, investigaciones en contra de más personas involucradas, estoy segura, pero respeto la decisión de la mamá de Mariana de ‘hasta aquí’.

“Hicimos todo, luchamos. Fue un proceso larguísimo, revictimizante. La pandemia no ayudó”.

La sensación es contra es que la punibilidad fue muy baja, porque así lo estipulaba la Ley de Justicia para Adolescentes, las cual, consideró, se debe revisar. 

@axelchl

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SOBRE EL AUTOR

Áxel Chávez



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