En el ocaso de su administración, Francisco Vega de Lamadrid, el último panista al frente de Baja California, gastó 324 millones de pesos en realizar obras públicas en la entidad. Entre diciembre de 2018 y el primer semestre de este año, el panista cedió sus últimos 48 contratos como mandatario de la entidad.
Los contratos se otorgaron para la rehabilitación de calles, parques, áreas deportivas y edificios, así como para remodelar áreas de cuatro hospitales, construir redes de agua potable y concluir obras pendientes: el Centro de Justicia para la Mujer en Tijuana, uno de los principales pendientes del gobierno estatal, y el edificio del Nuevo Sistema de Justicia Alternativa de Ensenada.
A días de que “Kiko” Vega de Lamadrid entregue el estado que durante 30 años fue el bastión del Partido Acción Nacional, estos contratos se consolidan como los últimos que un panista habrá otorgado, pues el 1 de noviembre próximo tomará posesión Jaime Bonilla, de Morena, quien el 2 de junio terminó con la era panista en Baja California. Los contratos más jugosos recaen en las empresas más favorecidas durante la administración del panista.
Y 30 AÑOS DEL PAN CIERRAN CON EMPRESARIOS FAVORITOS
De acuerdo con un análisis de las licitaciones, invitaciones y adjudicaciones directas que otorgó el ejecutivo estatal en su último año de gobierno, la empresa Constructora Cadena, S.A. de C.V. fundada en los años 70 por los hermanos Cadena Payán, fue la que obtuvo el contrato más jugoso: 38 millones de pesos para la rehabilitación de la Calzada Presidentes en Mexicali.
Uno de los accionistas, Efrén Cadena, fue presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, mientras que Mario Cadena, otro de los hermanos, fue uno de los empresarios que apoyó abiertamente al candidato del PRI a la gubernatura en 2010, Jesús Vizcarra Calderón, empresario, presidente y director de Grupo Sukarne.
Aún con la relación entre uno de los hermanos y el PRI, esta empresa constructora recibió de la administración de Vega de Lamadrid al menos 271 millones de pesos más para la rehabilitación y desarrollo de vialidades en todo el estado, según los contratos registrados en Compranet.
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El maestro de obra, como se identifica en diversas páginas de internet, Juan José González Ramírez, obtuvo su último contrato con la administración panista por 29 millones de pesos para construir el edificio del Nuevo Sistema de Justicia Alternativa de Ensenada, que se inauguró en agosto pasado.
Este hombre obtuvo otros 75 millones de pesos para desarrollar otras obras como la Unidad de Especialidades Médicas de Cirugía Ambulatoria de Tijuana, una escuela de música, el anfiteatro de la casa de cultura de Playas de Tijuana, entre otros.
El tercer contrato más grande del cierre de administración de “Kiko” Vega lo obtuvo Urbanizadora Roma, S.A. de C.V. para la rehabilitación del Colector Poniente de Tijuana y fue por 28 millones de pesos. A su vez, obtuvo 617 millones del gobierno estatal y de municipios. De acuerdo con reportes del Semanario Zeta, esta empresa está ligada a Fernando Beltrán, concesionario del gobierno local y promotor de box.
En total 42 empresas se beneficiaron con la realización de obras públicas en el cierre del gobierno de Francisco Vega, con montos que van desde los 321 mil pesos hasta los 38 millones de pesos.
“KIKO” VEGA CULMINA, ADEMÁS, CON INVESTIGACIONES EN CONTRA
Mientras Vega de Lamadrid preparaba su salida del gobierno estatal, el rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Daniel Valdez Delgadillo, presentaba una solicitud de juicio político en su contra, además de haber interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el adeudo de mil 597 millones de pesos que no llegaron a la universidad.
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Las denuncias, que deberá investigar la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero, son por los delitos de peculado, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y lo que resulte. “Kiko” Vega no es el único señalado, la denuncia también enmarca al secretario de Planeación y Finanzas, Vladimiro Hernández, al secretario de Educación, Miguel Ángel Mendoza González, y al secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez.
Sobre el tema, según reportaron medios locales, el todavía gobernador señaló que las denuncias tienen “fines político-partidistas” e “intereses ocultos”. Su declaración se dio entre la marcha de 35 mil estudiantes que exigían el pago inmediato de la deuda del Gobierno del Estado a la Universidad.
@ACrail