SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– El Servicio de Administración Tributaria (SAT) acusó a Inés Gómez Mont por defraudación fiscal de 13.5 millones de pesos en el 2016. Y pese a que la conductora había llegado a un acuerdo reparatorio de 10 millones 976 mil pesos, por concepto de contribuciones federales omitidas y accesorios, la orden de prisión preventiva en su contra fue aceptada, de acuerdo con Reforma.
La carpeta de investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada no era pública y corresponde a una aparente defraudación fiscal de 3 millones 631 mil 745.01 pesos, correspondientes al impuesto sobre la renta (ISR) del 2017. La orden de captura fue girada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
Gómez Mont solicitó un amparo en contra de esta última acusación, sin embargo, contrario a los tres anteriores, le fue denegado. De acuerdo con registros judiciales, la presentadora ya solicitó una revisión contra dicha negativa de amparo.
La PGR y Gómez Mont determinaron un acuerdo reparatorio con el que se cubría el daño al fisco en dos pagos. El primero, el 30 de noviembre del 2018, por un valor de 10 millones 967 mil 907 pesos, y el siguiente, el 7 de junio del 2019, por 2 millones 604 mil 537 pesos. Sin embargo, este acuerdo fue realizado en el último día del sexenio de Peña Nieto, y la nueva administración de la Fiscalía General de la República lo desconoció.
Uno de los alegatos de la FGR para desconocer el acuerdo fue que es ella y no el SAT, quien tenía la capacidad de negociar cualquier reparación de daño.
Víctor Manuel Álvarez Puga, pareja de Gómez Mont, es abogado y empresario. Él y su hermano Alejandro fueron acusados en 2021 por delitos de peculado, delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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De acuerdo con la información del reportero de EMEEQUIS, José Guaderrama, los hermanos Álvarez Puga se encontrarían ligados a una red de empresas fantasma, de las llamadas facturas, que fueron utilizadas para facilitar la evasión de impuestos de terceros, desvío de recursos públicos y lavado de dinero.
En el 2016 trató de una malversación de recursos públicos por 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación (Segob), bajo la conducción de Miguel Ángel Osorio Chong, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La documentación fue considerada fraudulenta por Hacienda, al descubrir que se había simulado la competencia entre varios proveedores en el proceso de licitación, manipulación de entregables y, aparente falsificación de firmas.
Los mensajes de Inés que dio a conocer EMEEQUIS (DALE CLICK).
En febrero de 2022, EMEEQUIS documentó mensajes de WhatsApp filtrados en los que la conductora explicó que la cifra inicial de aproximadamente 3 mil millones de pesos de procedencia ilícita se había reducido a 2 millones para su esposo y 14 millones para ella.
En estos mensajes, Gómez Mont culpa a Carlos Romero Aranda, exprocurador fiscal, quien fue removido por tener una carpeta de investigación en su contra en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por evasión fiscal.
La conductora, en esta conversación, aseguraba que las demandas en su contra y de su esposo, se debían a un lío de “faldas” entre Víctor Álvarez Puga, su esposo, y el exprocurador. También acusaba a su exesposo y padre de sus hijos, Javier Díaz Bravo, de amenazarla con prisión y quitarle la patria potestad de los menores, debido a que contaba con influencias en Palacio Nacional.
La última declaración de Gómez Mont, fue en su red social Instagram, donde se lee: “En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia”. A la fecha, Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga continúan prófugos.
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