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EMEEQUIS.– En el juicio contra Genaro García Luna por su presunta protección al Cártel de Sinaloa (CDS), la Fiscalía de Estados Unidos busca la confirmación del jurado a través de una estrategia testimonial en la que distintas fuentes refieren “hechos” que coinciden en una línea narrativa espacial y temporal.
Se trata, según la tesis que plantea al jurado, de la posible colusión de un funcionario de seguridad de primer nivel con un grupo de la delincuencia organizada para el trasiego de droga, a cambio de sobornos con los cuales se enriqueció, lo cual se vio materializado con el incremento de su patrimonio, improbable de conseguir con los recursos obtenidos por sus cargos públicos.
La fortaleza de la Fiscalía, desde la perspectiva jurídica, recae en la secuencia que logra, entrelazada por relatos de distintos testigos que tenían una participación en el negocio del narcotráfico o conocimiento de las presuntas alianzas entre gobierno y delincuencia.
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La probable debilidad del caso, mencionada por la defensa del exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y con la cual busca una decisión favorable del jurado –12 ciudadanos comunes elegidos de la ciudad–, es la menor cantidad de pruebas materiales en comparación con los testimonios. Los abogados del mexicano consideran que hay falta de evidencia.
Sin embargo, en el derecho procesal estadounidense, los testimonios se utilizan para reunir información como parte del proceso de descubrimiento y adquieren valor probatorio importante si quien los rinde participó directamente en alguna parte de la secuencia de los hechos.
Estos serían los casos de Jesús “El Rey” Zambada y Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, sentenciados por narcotráfico y testigos colaboradores. En contrapunto, la defensa se basa en la narrativa de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de García Luna, con sus dichos sobre la legitimidad de los bienes del exfuncionario.
El análisis del jurado, que debe llegar a un veredicto unánime, recae en si se probaron las acusaciones contra García Luna, “más allá de la duda razonable”.
Este martes reinicia las deliberaciones el jurado y se prevé que podría entregar veredicto.
Contra el exsecretario de Seguridad se presentaron tres cargos relacionados con su presunta protección al CDS (conspiración internacional para distribuir internacionalmente cocaína, conspiración para distribuir y poseer premeditadamente cocaína, conspiración para importar cocaína), más declaraciones falsas ante agentes del Servicio de Aduanas e Inmigración.
Para la parte acusadora, una fortaleza es que existen acontecimientos que embonan en la progresión narrativa, referidos, de distintos modos, por los testigos, que además de narcotraficantes incluye a mandos de seguridad de México y Estados Unidos.
La fiscal Saritha Komatireddy. Foto: Especial.
¿QUÉ DIJERON LOS TESTIGOS?
Jesús “El Rey” Zambada, hermano del “Mayo”, dijo que un abogado del Cártel entregó a García Luna una maleta deportiva y un portafolio grande “como los que usan los abogados” con un primer soborno de tres millones de dólares entregado en el segundo piso del restaurante Champs Elysées, cercano a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. El lugar fue definido porque la condición de Zambada fue que tuviera las características para que él, personalmente, pudiera verlo todo desde lejos.
Dos escoltas del entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), pero con quien el CDS había buscado el encuentro porque sabían que iba a ser el secretario de Seguridad con Calderón, siempre con base en los dichos del testigo cooperante, cargaron el supuesto soborno: uno la maleta, otro el portafolio.
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“Dijo (a un intermediario) que no iba a ver ningún problema con mi hermano (‘El Mayo’), que lo iban a dejar trabajar”, mencionó ante el jurado, además de referir que García Luna aseguró: “que ya tenía un compromiso con los hermanos Beltrán Leyva y que era todo lo que podía hacer por él (‘El Mayo’)”.
“El Rey”, sentenciado en EU –cumplió una pena de 12 años de prisión y quedó libre bajo supervisión–, declaró que él personalmente coordinaba el trasiego de droga en el aeropuerto internacional de la capital del país, con la protección del gobierno. Este episodio también lo relató en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera en 2018. Asimismo, es parte de las referencias proporcionadas por el gobierno mexicano tras la detención de este capo en octubre de 2008: “encargado de la actividad criminal del cártel en el Valle de México y de la importación de cocaína y precursores para producir metaanfetaminas llegadas de Sudamérica a través del aeropuerto del Distrito Federal.
El presunto control del Cártel de Sinaloa del puerto aéreo se refuerza, en las pruebas testimoniales presentadas por la Fiscalía, con la declaración del expolicía Federal Raúl Arellano Aguilar, quien aseguró que los elementos de seguridad recibieron una orden que se calificó de misteriosa para no realizar revisiones a vuelos que provenían de Sudamérica y otros con destino a Estados Unidos; además, añadió que agentes especiales usaban códigos numéricos para identificar supuestos cargamentos: 79 hacía referencia a cocaína, mientras que 40 a dinero.
“El Rey” mencionó un segundo encuentro, en el mismo restaurante, en el que, mientras esperaban la llegada del funcionario, subió al lugar pactado entre García Luna y el abogado Óscar Paredes, intermediario del cártel y quien también presidió la primera reunión, y ahí, relató Zambada, él mismo le estrechó la mano al mando de seguridad “me dijo: ‘mucho gusto, mucho gusto’”, pero él se levantó y se fue porque “a mí no me interesaba que me conociera ni que supiera quien era”. Supuestamente para mantener un perfil bajo.
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Otra conexión es que el lugar en el que se sitúan estas dos reuniones y entrega de soborno, el restaurante Champs Elysées, es donde un exagente de la DEA aseguró que había sido identificado por la propia agencia antinarcóticos porque ahí se reunían funcionarios con narcotraficantes mexicanos.
“El Rey” también testificó que cuando supuestamente sobornó a García Luna, éste le dijo a Paredes que tenía un acuerdo similar con Arturo Beltrán Leyva. En el hilo conductor del caso que la fiscalía presenta al jurado, los presuntos hechos de corrupción que sitúa el hermano del “Mayo” Zambada se ligan con la declaración del “Grande” sobre la protección a los Beltrán vía el acusado, rotos hasta la fractura interna en el Cártel de Sinaloa, lo cual derivó en una guerra interna en la que, según se desprende de las referencias de este último narcotraficante, las corporaciones a cargo de García Luna pelearon al lado del “Chapo”.
El objetivo de estas versiones, desde la perspectiva jurídica nuevamente, es la consistencia que la Fiscalía busca mostrar con otras como la de Óscar Nava Valencia, “El Lobo”, del Cártel del Milenio o Los Valencia.
Cuando los Beltrán eran aliados, contó “El Grande” no sólo traficaron droga con la protección del gobierno, sino que en una ocasión recuperaron un cargamento de 20 toneladas de cocaína que les habían incautado en Manzanillo, al cambiarlas por “ladrillos” que habían preparado con azúcar y harina.
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En esta coincidencia pretendida por la parte acusadora, Óscar Orlando Nava Valencia, “El Lobo”, líder de la organización delictiva “Los Valencia”, igualmente declaró que Luis Cárdenas Palomino, incondicional de García Luna y quien ocupó cargos como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, recibió un adelanto de 500 mil dólares en 2018 para que pactara una reunión con su jefe.
Según “El Lobo” Valencia, la reunión con García Luna pactada por Cárdenas Palomino se llevó a cabo en las oficinas de un centro de lavado de autos en Guadalajara, que pertenecía a un “compadre” del capo, identificado con el alias de “Pilo”.
“El Rey” Zambada. Foto: Cuartoscuro.com.
En ese encuentro, aseguró Nava Valencia en la Corte, entregó al exsecretario de Seguridad Pública otros dos millones y medio de dólares. En total, este exlíder criminal aseguró haber dado 10 millones de dólares del tráfico de drogas a Genaro García Luna a cambio de protección.
A su vez, la referencia sobre el presunto acuerdo con el cártel de Los Beltrán es reafirmado por “El Grande”: Sergio Villarreal Barragán, exjefe de sicarios de este grupo, aseguró que los cárteles que anteriormente formaban la Federación tenían un acuerdo con García Luna, el cual se vio afectado con la detención de Alfredo Beltrán, “El Mochomo”, el 21 de enero de 2008.
Los hermanos acusaron al “Chapo” de proporcionar datos precisamente a García Luna, por lo que la supuesta traición fue consumada por ambos, quienes, a partir de entonces, pasaron de aliados a enemigos.
“El Grande”, incluso, testificó que Arturo Beltrán en una ocasión inhabilitó a la escolta de García Luna y lo “levantó” durante un trayecto en carretera para llevarlo a una casa de seguridad y exigirle que se definiera en cuanto a la guerra ya en curso entre los Beltrán Leyva y la facción que quedó en manos del “Chapo” Guzmán e Ismael Zambada García, “El Mayo”, porque tenían un pacto. El funcionario, añadió, les dijo que estaría del lado de Los Beltrán, pero los hermanos acusaron que siguió con el “Chapo”.
El grupo en manos de éste y “El Mayo” se consolidaría como la principal organización criminal en México y disminuiría, por las bajas, a los Beltrán
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Además de su argumento de falta de evidencia material, los abogados de García Luna fundamentan la defensa de la “riqueza” de su cliente, como la llamó en su acusación la fiscalía, en su habilidad para la compra venta de inmuebles…
“El Lobo”. Foto: Cuartoscuro.com.
EL AGENTE QUE SABÍA HACER NEGOCIOS INMOBILIARIOS
La única testigo que llamó su abogado fue Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exfuncionario en el gobierno de Calderón. Con la intención de mostrar la supuesta licitud del patrimonio del otrora llamado “superpolicía”, Pereyra relató desde el momento en que ambos se conocieron cuando eran trabajadores del Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen), hasta la detención de García Luna en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, acusado de conspiración para el tráfico de cocaína, mediante presuntas alianzas y protección gubernamental al Cártel de Sinaloa.
El enriquecimiento, aseguró, se dio de manera legal a través de préstamos y reventas de bienes. Esa fue la manera en la que un exagente de seguridad –a decir de su pareja– pasó de vivir en un departamento en Xochimilco adquirido a crédito en 1994 –en ese entonces la testigo aseguró que dejó el Cisen y pasó a dirigir un pequeño negocio de papelería, que era su único ingreso adicional a los cargos públicos de ambos–, a Miami.
Amante de los autos deportivos, García Luna incluyó en sus declaraciones patrimoniales de 2002 a 2008 (entre los gobiernos de Fox y Calderón, aunque clasificó como reservadas las últimas cuatro anuales como secretario de Seguridad, parte del periodo en el que Estados Unidos lo acusa de proteger al Cártel de Sinaloa) un Mustang clásico y una motocicleta Harley Davidson, entre otros.
Durante el juicio, la fiscalía mostró al jurado fotografías de una mansión de García Luna, un deportivo y dos Harley Davidson. La afinidad del expolicía por estas motocicletas fue mencionada también por “El Grande”, quien aseguró que su jefe Arturo Beltrán le regaló una de éstas, edición especial que mandó comprar a la Ciudad de México.
Para el Departamento de Justicia de EU, la riqueza del imputado proviene de sobornos del narcotráfico, que sustenta con declaraciones como la de “El Grande”, pues recuenta –en la acusación oficial– que al menos en dos ocasiones el Cártel de Sinaloa entregó personalmente a Genaro García Luna entre tres y cinco millones de dólares en maletines, por lo tanto en la orden de captura esta instancia asentó: “se beneficia de sus crímenes y ha mentidos sobre ellos en su intento por asegurar la ciudadanía estadunidense”.
No obstante, Cristina Pereyra aseguró que el patrimonio lo hicieron de la siguiente manera: en 1997, ya casados y cuando García Luna ascendió como subdirector del Cisen, compraron un terreno frente al departamento en el que vivían, el cual vendieron, y ahí construyeron una casa.
“El Grande”. Foto: Cuartoscuro.com.
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En 2000 compraron entre 350 mil y 400 mil pesos una casa pequeña en Jiutepec, Morelos, con supuestos ahorros. Esta propiedad, siempre en voz de la esposa del exfuncionario, les representaría uno de sus grandes negocios patrimoniales, pues en 2004 la venderían por un millón, 150% más del valor inicial en cuatro años.
En ese mismo municipio, dijo, adquirieron en 2002 por 450 mil pesos dos lotes de un terreno en el que comenzaron a construir una casa de descanso y, como otro de sus supuestos negocios lícitos a la par de la función pública, rentaban para fiestas infantiles.
La relatoría siguió entre ventas y compras inmobiliarias hasta, según la versión de Pereyra, llegar al patrimonio que tenían antes de la detención, con residencia en Miami.
@axelchl
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