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López Obrador tiene prisa para “legalizar” la Guardia Nacional

¿Por qué AMLO quiere pasar la Guardia Nacional a la Sedena? Actualmente se encuentra vulnerable jurídicamente por múltiples violaciones a la Constitución y sus leyes secundarias están impugnadas ante la SCJN.

Por Concepción Peralta Silverio
26 jun 2021

AMLO y la Guardia Nacional.
López Obrador este viernes durante la inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional en Tecate, Baja California. Foto: Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– La intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de transferir a la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) parece obedecer más a un intento de salvarla jurídicamente, que cuidarla para que no caiga en corrupción, como aseguró el mandatario.

El presidente no necesita hacer lo que ya hizo en los hechos con su Acuerdo Administrativo de octubre de 2020 –con el que otorgó el mando de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena y desplazó a la Secretaría de Seguridad y a la Marina–, lo que sí le debe urgir es quitarla del escenario catastrófico en el cual puede ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como lo hizo el sexenio pasado con la Ley de Seguridad Interior (LSI), aprobada en el Congreso por el PRI y sus aliados. 

Y es que la Guardia Nacional se encuentra vulnerable jurídicamente por múltiples violaciones a la Constitución: Actualmente sus tres leyes secundarias –Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional sobre el Uso de Fuerza y Ley Nacional del Registro de Detenciones– están impugnadas ante la SCJN. Tres de sus artículos transitorios se contradicen con los artículos 26 y 29 constitucional. Y está en desacato de dos ordenamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), viola su propia Ley Nacional, pues sus mandos no tienen la licenciatura en Seguridad Pública. 

Por ejemplo, su segundo artículo transitorio permitió que la GN se integrara por la Policía Militar y Naval, pero el artículo 129 constitucional prohíbe a los militares ejercer funciones ajenas a la disciplina militar; el quinto transitorio permite al Ejecutivo seguir haciendo uso de las fuerzas armadas por cinco años, pero debe ser de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, lo que se incumple. El artículo 21 constitucional obliga a los integrantes de instituciones de seguridad pública a ser certificados en sus capacidades como policías y el 90% de los miembros de la GN no tiene el Certificado Único Policial (CUP) que los avala. No tenerlo implica baja de la corporación.

El error de poner militares a fungir como policías sigue teniendo costos en materia de derechos humanos, como revelan los datos de las propias fuerzas armadas. Este año creció nuevamente su índice de letalidad de las Fuerzas Armadas –que es el ratio entre el número de muertos y el número de heridos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad– y la GN ocupa el lugar seis entre las instituciones que más violan DDHH, incluso, está por arriba de Sedena respecto al número de quejas presentadas en contra de sus miembros por presuntas violaciones.

En cuanto a frenar la violencia, la Guardia Nacional tampoco ha dado los resultados esperados. En abril pasado el presidente salió a informar de un descenso del 4.6% en materia de homicidios dolosos –un efecto del aislamiento que provocó la pandemia en 2020–, pero la buena noticia se revirtió rápidamente y el mes siguiente fue el mes más mortífero del año. 

MILITARES COMO POLICÍAS, ERROR DE ORIGEN Y DE FONDO

Gasear a los soldados, insultarlos, dejarlos sin comer, someterlos a rutinas de ejercicio agotador es parte del entrenamiento profesional que recibe un soldado para fortalecer su resistencia física y mental, para que cuando enfrente situaciones de alto riesgo y estrés sepa controlar la presión, dominar su mente y no ser el primero en disparar. 

En teoría, este entrenamiento debe ser secreto, pero infinidad de soldados lo comparten en internet. En Pixeleados hasta la muerte es posible ver cómo justifican e incluso honran lo que a ojos de un civil podría ser considerado maltrato, humillación y vejaciones: “Muchos ven el Ejército como #Violencia…pero aquí se forjan grandes valores. Compañerismo, Honor, Lealtad, Patriotismo, Disciplina, Valor, Espíritu de Cuerpo”.


Publicación del foro Pixeleados hasta la muerte

Fuente: Pixeleados hasta la muerte, Facebook, 26 de noviembre de 2020.


Fotografía de militares en entrenamiento, rociados con gas lacrimógeno

Fuente: Pixeleados hasta la muerte, Facebook, 26 de noviembre de 2020.


En Facebook es posible acercarnos al pensamiento de los militares y sus familias a través de páginas como Foro Militar Mx y En Honor a mi País México –este último con un millón de seguidores–. Patria, Dios, sacrificio, héroes son símbolos recurrentes, pero cuando se trata de enfrentamientos o acciones en contra de presuntos miembros del crimen organizado, estos civiles son “traidores a la patria”, “sicarios”, “malandros”, “escoria”.

 

Fotografía de un militar portando un arma de alto calibre

Fuente: En Honor a mi País México Facebook, 5 de mayo de 2021 (Facebook).


Captura de pantalla de dos comentarios en un Foro Militar de Facebook

Fuente: En Honor a mi País México, Facebook, 5 de mayo de 2021.


Cuando estos hombres armados son enviados a hacer labores policiales y a perseguir civiles que cometen delitos, los militares no ven ciudadanos, sino enemigos a los que hay que “arrasar” y eso ha tenido enormes consecuencias para lo población, como ejecuciones extrajudiciales, más violencia en las comunidades donde son desplegados y un aumento en las violaciones a los derechos humanos.

Militares o policías no son mejores ni peores, son dos cuerpos de fuerza con funciones y actividades distintas. Uno realiza una función de seguridad nacional, defiende a la nación, ve enemigos que atacan al Estado y son ajenos al mismo. El otro, hace una función de seguridad pública, previene delitos, persigue a infractores, ciudadanos que quebrantan la ley.[1] Uno cumple objetivos y misiones, el otro vela por la seguridad y la protección de los ciudadanos.  

No es gratuito que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) se llame así, con en el nuevo paradigma de la seguridad, la función de la policía no sólo es velar por la seguridad, la protección del Estado y el cumplimiento de la ley, sino, ante todo, proteger a la población. Conceptos como protección, ciudadanía, derechos y libertades –propios de la policía– le son ajenos al ejército. 

Incluso, dentro de la misma Policía existen varios modelos que sirven para cosas distintas y son complementan a la vez. Está la Policía de Proximidad, Comunitaria, Policía Orientada a Problemas (POP), Compstat o Basada en Inteligencia. Cada una genera información que alimenta una central de inteligencia, que a su vez tomará decisiones para enfrentar a la delincuencia organizada, anteponiéndose a sus planes y no sólo ser reactivos al delito.[2]  

Hacer énfasis en la diferencia de ambos cuerpos de fuerza no es ocioso, porque el actual gobierno continuó con la estrategia de sexenios pasados, de mantener a los militares en funciones policiales, siendo éste su primer gran error en su intento por recuperar la seguridad.

Este gobierno creó la Guardia Nacional para enfrentar a los grupos criminales que rebasaron a las policías locales. Sería una policía federal, profesional, disciplinada, apoyada por los militares, en tanto se conformaba y lograba su independencia operativa y de gestión, sin embargo, en su implementación, se desvirtuó su esencia policial y quedó convertida en un cuerpo de fuerza militarizado, reducida en sus capacidades y especialidades policiales; meses después, de acuerdo con especialistas, se le relegó a un segundo plano cuando el presidente recurrió al llamado Acuerdo militarista para hacer uso directamente de la fuerza armada permanente.

Las llamadas “Operaciones para la construcción de la paz” –con más de 84 mil elementos desplegados por todo el país– están a cargo de la Semar y la Sedena, no de la Guardia Nacional, pero es a esta institución a la que exponen al hablar de seguridad. Más bien, parecería que ésta cumple con la función de ser la cara amable del ejército para no exponer a las fuerzas armadas. Conviene entonces preguntarnos ¿Qué nos dieron cómo Guardia Nacional? ¿A quién rinde cuentas? ¿Qué resultados está dando?

Para responder estas preguntas es propio hacerlo desde un enfoque de políticas públicas. Ver su diseño, implementación y evaluación, de manera cronológica, permitió integrar la aprobación de sus leyes, sus objetivos y contextos políticos, y entender cómo fue que quedamos atrapados nuevamente en el militarismo de la seguridad pública, con más preponderancia que sexenios atrás.

Una revisión a la Guardia Nacional como política pública en materia de Seguridad, con la ayuda de especialistas, los datos disponibles y el trabajo de reporteo, arrojó cinco problemas de diseño y nueve fallas de implementación que muestran como ésta es una policía civil en el papel y un ejército de militares en la vida diaria, operando con métodos, lógica, reglamentos y prácticas castrenses que le hace caer fuera de la ley constitucional y que la alejan del objetivo primordial que dio pie a su creación, como es la recuperación de la seguridad para todos los mexicanos.  

CINCO PROBLEMAS DE DISEÑO

1.– Artículos transitorios que contradicen el texto constitucional: Cuando se aprobaron los cambios a la Constitución para dar paso a la Guardia Nacional, los distintos grupos de la sociedad civil celebraron que ésta había quedado dentro del artículo 21, que especifica claramente que se trata de una policía civil que se haría cargo de labores de Seguridad Pública:

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional […] La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad […]”.

Sin embargo, en los artículos segundo, quinto y sexto transitorios de la ley se aprobaron medidas que contravienen este precepto. El segundo transitorio permite que la Guardia Nacional se conforme por la Policía Militar y Policía Naval, entrando en contradicción con el artículo 129 constitucional que prohíbe a los militares ejercer funciones ajenas a la disciplina militar, y lo que tenemos es que el ochenta por ciento del cuerpo de fuerza de la GN proviene de las fuerzas armadas; el quinto transitorio establece que el Ejecutivo podría seguir haciendo uso de las fuerzas armadas por cinco años más, en tanto se conformaba la Guardia Nacional –reconociendo de facto el uso de éstas en tareas de seguridad–, pero esto debía ser de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. 

En el artículo sexto transitorio se aprobó la participación de Sedena y Semar en la conformación de la Guardia Nacional, homologada a las disposiciones de las fuerzas armadas, lo que terminó por convertir al nuevo cuerpo de fuerza en una copia de sus leyes y de su actuación militar, subordinada a éstas. 

“Para la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional […] Defensa Nacional y Marina participarán, conforme a la ley, con la del ramo de seguridad, para el  establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas, y de servicios, así como para la instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones, que podrán estar homologados en lo conducente, a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente”.

2.– Mando a los militares: En las leyes secundarias de la Guardia Nacional –Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional sobre el Uso de Fuerza y Ley Nacional del Registro de Detenciones, impugnadas en la SCJN– el legislativo permitió la supremacía de los militares. El artículo tercero de su ley nacional les concedió el mando al establecer como requisitos una antigüedad de 20 y 30 años, que ningún civil podía cumplir.

“Para ocupar la titularidad de las Coordinaciones Territoriales, haber servido en su fuerza de procedencia por lo menos treinta años, contar con título de licenciatura en materias afines a la seguridad pública y al menos cincuenta años de edad. Para ocupar la titularidad de las Coordinaciones Estatales, haber servido en su fuerza de procedencia por lo menos veinte años, contar con título de licenciatura en materias afines a la seguridad pública y al menos cuarenta años de edad”. 

Las 32 coordinaciones regionales quedaron en manos militares. Además del general comandante, hay 12 generales, 11 coroneles, dos contraalmirantes, tres capitanes y tres tenientes.[3] En una solicitud de información hecha a la Guardia Nacional para conocer los currículums y los estudios académicos de sus 32 coordinadores regionales, la dependencia respondió que “estos servidores públicos pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Los mandos incumplen la Ley de la Guardia Nacional, ya que no tienen la licenciatura ni la especialidad en Seguridad Pública, de reciente creación en las escuelas de las Fuerzas Armadas,[4] aunque cuenten con una especialidad en Seguridad Nacional, que no es el mismo campo de conocimiento. El problema de fondo es que estos oficiales, tomadores de decisiones, obedecen a su formación castrense, de combate al enemigo, uso de fuerza letal y métodos de intervención bélicos, lo que no se resuelve causando baja de las Fuerzas Armadas.

3.– Objetivos ambiguos: Daira Arana, directora de Global Thought Mx y especialista en militarismo y fuerzas armadas, señala que es urgente desprendernos de la creencia de que el gran problema de seguridad del país es el crimen organizado, porque ello centraliza las estrategias de seguridad y le da mucho peso a las instituciones federales, cuando el tema de seguridad está muy regionalizado. 

“Por eso la gente tenía una alta expectativa en la Guardia Nacional, (pensaban) que de la federación iban a venir a solucionarnos esto, y la Guardia no va a solucionarlo porque responde a una visión general de los problemas”,[5] explica la especialista.

El 90% de los delitos que aquejan a los mexicanos son del fuero común y corresponde a las policías estatales y municipales su atención, que necesitan recursos para lograr su profesionalización.  Eso se abordó en la reforma constitucional sólo a través del artículo séptimo transitorio, en el que se especificó: 

“Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales”. 

Dicho programa para el fortalecimiento de las policías locales no muestra avances, ni tiene recursos de la federación, por el contrario, les han quitado presupuesto. El subsidio al Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg) –con el que se capacitaban a las policías de 286 municipios, que concentran el 90% de la incidencia delictiva– fue de 0 pesos este año, sólo se mantuvieron los recursos para las policías estatales a través del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP); mientras que a la Sedena le otorgaron el mayor Presupuesto de su historia: más de 112 mil millones de pesos.[6]

“Aunque no es fácil defender a las policías locales –dice Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)–[7] toda la literatura muestra que necesitas algún tipo de fuerza de seguridad local, comunitaria, de proximidad, porque no todas las violencias son de la delincuencia organizada y no puedes prescindir de ese eslabón”.  

A la Guardia Nacional se le asignó en el Plan Nacional de Seguridad y Paz ser el instrumento primordial para la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país. En la Ley de la Guardia Nacional se establecen 43 artículos con sus obligaciones, que van desde garantizar la seguridad y la vida, prevenir la comisión de delitos, salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, realizar operaciones de ciberseguridad, migración, inteligencia, aduanas, prisiones, protección civil, prevención, detención y denuncia, atención a víctimas, realizar investigación y hasta la intervención en materia de telecomunicaciones.  

Injustamente, se esperaba todo de la Guardia Nacional, cuando a ésta sólo le corresponde la atención de los delitos federales; mientras que a las policías locales no se les quiere voltear a ver.

4.– Deslinde de responsabilidades institucionales: Daira Arana ha capacitado a las Fuerzas Armadas de México y Centroamérica en las cuestiones de Derechos Humanos y uso de la fuerza, observa en la Guardia Nacional un problema poco explorado, como es el manejo de recursos humanos y conflictos identitarios entre soldados y policías. 

Un gran grupo de la Policía Federal no quería estar comandado por los militares y muchos militares que fueron transferidos a la Guardia Nacional tampoco querían ser policías, explica Arana, y eso ha repercutido en problemas de implementación, como que los militares no quieran hacer labores de Primer Respondiente, que implica cumplir con el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, el llenado del Informe Policial Homologado, la Cadena de Custodia y demás atribuciones policiales. 

“Ese personal militar decía ‘no, eso a mí no me toca porque yo no soy policía’. Y los policías respondían, ‘tal vez no eres policía, pero eres guardia y la Guardia está dentro del art. 21 constitucional y por lo tanto te corresponde’, relata Arana.

“Y ese es otro problema de diseño de las instituciones de seguridad: mucho se le imputa al individuo y nada a las instituciones, es decir, la responsabilidad es del primer respondiente, pero la institución no le da capacitación, equipo adecuado, ni seguimiento a su carrera policial… las instituciones se deslindan de su responsabilidad laboral y todo recae en el individuo”, agrega la investigadora.

¿Por qué no quieren ser el Primer Respondiente? Le pregunto a un amigo, oficial de las Fuerzas Armadas. “Porque implica moverte a declarar a los juzgados en otras entidades, ir con tus propios recursos, pagar tus pasajes, comida, hotel; te arriesgas a que en el camino te bajen del camión, y al llegar a la ciudad eres ‘halconeado’ hasta en los propios juzgados. Corres el riesgo de ser ‘levantado’porque al final eres un testigo de cargo”, relata según su experiencia. 

Otro gran problema en la Guardia Nacional, continúa Arana, es la toma de decisiones y el criterio para valorar situaciones delicadas: “El militar viene de una institución jerárquica, va a recibir órdenes, pero también debe tener el criterio y la capacidad de entender en qué momento sí es muy importante hacer cumplir la ley y cuándo se debe privilegiar la protección de las personas”.  

En mayo de 2015, en Chilapa, Guerrero, un grupo criminal al servicio de Los Ardillos estuvo deteniendo a jóvenes durante tres días consecutivos, enfrente de los elementos de la Gendarmería, militares y Policía Federal, y a pesar de que las madres corrían a pedirles su ayuda, ninguno intervino porque, dijeron, nunca les llegó la orden de actuar.  

5.– Demandas de fuerza intermedia: En ningún apartado o documento legal se establece que la Guardia Nacional es una Fuerza de Seguridad Intermedia (FSI) o una fuerza mixta, sin embargo, periodistas,[8] analistas y académicos[9] dan por hecho que es una fuerza mixta, al estar conformada por policías y militares; le demandan combatir al crimen organizado y entregar resultados similares a otras guardias exitosas en el mundo, cuando no tiene las herramientas para ello. 

La promesa del presidente López Obrador, de que la Guardia Nacional sería como la Guardia Civil española o la francesa, abona a la confusión, ya que éstas sí son FSI, de acuerdo con el especialista Édgar José Vicente Urbano, quien asegura que existen 47 fuerzas mixtas en el mundo, conocidas como “gendarmerías, guardias nacionales, guardias civiles, policías nacionales, tropas del interior o carabineros”.[10]

Marco Pablo Moloeznik, en su artículo Seguridad Interior un Concepto Ambiguo, de julio de 2019explica que de acuerdo a nuestra Constitución, los mexicanos tenemos tres categorías de seguridad: La seguridad nacional y la seguridad interior, facultadas en el artículo 89 constitucional, y la seguridad pública, consagrada en los artículos 21 y 115 Constitucional.  “Sus respectivos instrumentos coercitivos son las fuerzas armadas para atender a la seguridad nacional y a la seguridad interior (ante la ausencia de las fuerzas intermedias) y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad pública”.[11] Sin embargo, Catalina Pérez Correa establece que “previo a la intentona de la LSI, no existe nada que explique qué es la seguridad interior… lo revivieron para darse atribuciones que fueran de seguridad pública y decirles de otra forma”. 

Para Daira Arana, la Guardia Nacional es una fuerza militar para atender cuestiones de alto impacto, pero no tiene los componentes civiles que le permitirían atender las labores policiales a nivel nacional, como es la proximidad social. “La Guardia Nacional tendría que ser una figura intermedia entre el Ejército y la Policía Federal, pero al desaparecer ésta última, el ámbito federal quedó cojo respecto a la seguridad civil”. 




“La Guardia Nacional tendría que ser una figura intermedia entre el Ejército y la Policía Federal", dice Daira Arana.  Fotos: Cuartoscuro.com.


NUEVE FALLAS DE IMPLEMENTACIÓN

1.– Un general a cargo: La Guardia Nacional tiene cinco niveles de mando, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), el comandante –mando operativo– y los coordinadores regionales, estatales y de Unidad. El presidente López Obrador cumplió con el requisito constitucional de poner a un civil en la Secretaría, pero el resto de los mandos los otorgó a los militares.

Como comandante puso al general de Brigada EMP, Luis Rodríguez Bucio, un experto en seguridad nacional, con amplio prestigio en los círculos militares internacionales, fue presidente de la Junta Interamericana de Defensa en Washington, pero nula experiencia en seguridad pública. Tiene licenciatura y maestría en Administración Militar y un doctorado en Defensa y Seguridad Nacional. Fue coordinador de grupos interinstitucionales del CISEN (1994-1999), director de Operaciones Especiales de la PFP (1999-2000) y director del área de investigación sobre narcotráfico del Estado Mayor de la Sedena.

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Tras el nombramiento del general comenzó la impronta de los militares, se apropiaron de los mandos, el presupuesto, los reclutas y la malla curricular. “Un mes después (del nombramiento) aparecieron las leyes secundarias en las que ya se pudo observar y advertir una propensión a favor de las exigencias del ejército, como los requisitos que aseguraron que los mandos provinieran del ejército y la Marina, no de los cuerpos civiles”, asegura Santiago Aguirre.

2.– Reclutamiento y formación de soldados, no policías: Desde 2019, cuanto inició el reclutamiento de los jóvenes interesados en formar parte de la Guardia Nacional, se supo que estos daban de alta como policía militar o naval con grado de cabo.  Entonces la GN no contaba con Presupuesto ni plazas laborales, pero pasó lo mismo en el año 2020 y 2021. Los recursos para las contrataciones fueron asignados a las Fuerzas Armadas y no a la Secretaría de Seguridad. 

Los nuevos reclutas debían aprobar tres cursos de capacitación y adiestramiento que daban en total 20 semanas (5 meses). Quienes ya pertenecían a las Fuerzas Armadas y fueron transferidas a la GN deberían tomar el Curso de Formación Inicial, con una malla curricular de 31 unidades de aprendizaje.

 

—Curso de Adiestramiento de Combate Individual (ocho semanas)

—Curso Básico de Policía Militar (cuatro semanas) 

—Curso de Formación Inicial (ocho semanas).[12]

 

Por su parte, los ex policías federales que fueron transferidos a la Guardia Nacional tomaron una capacitación de seis meses, tres de conocimientos básicos y tres de educación física y ejercicios de supervivencia en el Colegio Militar, la academia de San Luis Potosí y las instalaciones de la GN en Iztapalapa. 

  

La Guardia Nacional quedó constituida por cinco tipos de elementos


Sobre el número real de nuevos reclutas de la Guardia Nacional hay inconsistencias, pues en su Informe mensual de abril, ésta aseguró contar con 50 mil elementos, pero en la solicitud de información 2800100029021 señaló que de noviembre de 2019 a enero de 2021 habían concluido siete cursos de Formación Inicial, con 24 mil 177 elementos, requisito indispensable para ingresar a la corporación. 

Aldo contaba con maestría, pero tuvo que tomar todos los cursos de capacitación y adiestramiento con Sergio, egresado de Bachilleres en Ciudad de México, y con Manuel, con estudios de secundaria en su natal Oaxaca. El nivel académico y las capacidades cognitivas no importan en el ingreso. La fortaleza de los nuevos reclutas es su capacidad física, la disciplina militar y la seguridad de contar con una plaza de servidor público bien remunerada: 19 mil pesos al mes, más seguros de vida y seguridad social para su familia, lo que los coloca por arriba del 55 por ciento de los trabajadores del país, subempleados. O en la informalidad laboral. 

3.– Acuerdo militarista: El Acuerdo presidencial del 11 mayo de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación –que tiene su sustento jurídico en el quinto transitorio constitucional– dice en el título que dispondrá de las fuerzas armadas de manera subordinada, complementaria, fiscalizada y regulada, pero en el contenido del acuerdo no abordó estas especificaciones.

“El presidente pudo decir ‘voy a disponer de la fuerza armada permanente en lo que está la Guardia Nacional para tales regiones, respecto de tales delitos y con este esquema de monitoreo, agravado y adicional, por parte de instancias de control externo’; (eso) habría sido cumplir el Acuerdo de la Corte Interamericana y no el escueto Acuerdo que dice despliéguese el ejército por todo el país”, explica el director del Centro Prodh, Santiago Aguirre. Afirma que la reforma constitucional de 2019 (que dio pie a la creación de la GN) no permitía prever un Acuerdo presidencial como éste, “no la hacía una consecuencia necesaria e inevitable”.

A partir de la publicación de este Acuerdo, Aguirre considera que “la Guardia Nacional pasó a segundo plano y quién ejerce la función de seguridad pública es el ejército; y ahí no tenemos ningún esquema de rendición de cuentas, no sé de ningún intento serio en el Congreso, de llamar a que comparezcan el secretario de la Defensa y de la Marina a hablar de qué han hecho a partir del acuerdo de mayo”.

Al 21 de abril de 2021, la Guardia Nacional dio a conocer que en el país había 190 mil 830 efectivos desplegados, de los cuales 78 mil 071 corresponden a Sedena, 28 mil 093 a Semar y 84 mil 666 a la GN, esto significa que hay más elementos desplegados de la Fuerza Armada Permanente (106 mil 164) que de la GN.

 4.– Acuerdo administrativo que da jerarquía a Sedena: Con una decisión administrativa, el presidente oficializó lo que ya se hacía en la práctica: puso a la Sedena por arriba de la Marina y de la Secretaría de Seguridad. En el oficio firmado el 8 de octubre de 2020, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, pidió a su homólogo de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, informar a sus coordinadores estatales y regionales que la Sedena tomaba el control operativo de la Guardia Nacional, por disposición del presidente. 

En el oficio 91636, la Sedena le informa a Semar que a partir de entonces las coordinaciones estatales de la Guardia Nacional responderían operativamente a la Sedena a través de los comandantes de la región militar, y los cuadros de mando de las 29 coordinaciones regionales a cargo de la Marina quedan bajo el mando de la GN.  Y para homologar el adiestramiento básico inicial, el reclutamiento del personal de nuevo ingreso de la Guardia Nacional lo realizará únicamente la Sedena.

“Con la decisión administrativa de octubre de 2020, en la cual se adscribió el control operativo de la Guardia Nacional a la Sedena, ya queda un universo más nítido de lo que habrá de aquí al 2024, que es el ejército a cargo de la seguridad pública, en lo que se consolida la Guardia Nacional”, menciona Aguirre.

5.– Sin patrimonio propio: La Guardia Nacional podría desaparecer mañana y la estrategia de seguridad nacional poco cambiaría porque, fuera de los expolicías federales, no le pertenece el cuerpo de fuerza, ni los cuarteles, ni los terrenos, ni el armamento. Los terrenos para los cuarteles fueron donados por los alcaldes y los gobernadores a la Defensa Nacional, no a la Guardia Nacional, ni a la SSyPC. 

Igualmente, Sedena recibió el presupuesto para el armamento, los uniformes, la construcción y el equipamiento de los cuarteles, de transmisiones, materiales de guerra, sanidad hasta informática. La Secretaría de la Defensa Nacional se encargó de hacer las compras para la Guardia Nacional. En su Segundo Informe de Labores detalló, entre otras cosas, la compra de 2 mil 234 camionetas Pick-up 4X4 doble cabina; 124 camionetas de redilas de 3.5 toneladas; 50 mil pistolas Cal. 9 mm; 45 fusiles Cal. 0.50; 30 mil chalecos antibalas (nivel III y IV); más de dos millones de artículos de vestuario y el blindaje de 90 camionetas.[13]   

La Guardia Nacional indicó en su primer informe de labores de la conciliación de los inventarios de Sedena, Semar y Policía Federal, siendo Defensa la que mayor número de bienes aporta: 22 millones 819, 971, por un monto de $2,763 millones 588,073.16. 

En su pasado análisis de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que la GN no tiene patrimonio propio y recomendó al gobierno dotarla de equipo para que cuente con infraestructura propia. 

6.– Militarización de la seguridad pública: Cada mes, la Guardia Nacional presenta un Informe de Seguridad en el que da cuenta del despliegue de las fuerzas armadas para labores de seguridad y en Apoyo a las Operaciones –que consisten en las actividades propias de Sedena y la seguridad nacional–. Entre otras cosas, detalla el número total de elementos de las tres corporaciones, dividido en efectivo real y efectivo desplegado, siendo estos últimos los que obedecen a labores de seguridad pública. Al mes de abril de 2021, sumaban 190 mil 830 efectivos reales desplegados por el país.

 

Efectivos Desplegados


A las Operaciones para la Construcción de la Paz —que es el patrullaje disuasivo— le han destinado 84 mil 396 elementos; seguidos por la atención a la emergencia sanitaria por el Covid-19, con 55 mil 991 efectivos. Como su tercera actividad coloca a las operaciones en Golfo y Pacífico, con 8 mil 170 elementos, sin embargo, la suma de tropas desplegadas en Oaxaca, Chiapas y Baja California –sin mucha incidencia delictiva, pero alta presión migratoria– es de 10 mil 653, siendo ésta la tercera actividad de atención en las labores de seguridad.

Daira Arana explica que este despliegue masivo de tropas equivale a la llegada de un ejército de ocupación que necesita abarcar el mayor número de territorio posible y es una estrategia que obedece más a los conflictos armados regulados por el Derecho Internacional Humanitario, que a una lógica policial que busque la planeación y la prevención del delito.

“Si hacemos un poco de análisis del discurso del presidente y de quien fuera secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo –dice Daira Arana– vemos que ambos tienen una noción de que con la Guardia Nacional llega el Estado a las comunidades  y ocupa el territorio para que no lo tengan los grupos criminales;  pero el que hombres armados del Estado estén presentes en una comunidad, llámese Ejército o Guardia Nacional, sin una noción de proximidad social, no logrará que se entiendan los problemas, que lleguen los otros entes del Estado que pueden generar la infraestructura necesaria para el desarrollo de las comunidades en un ambiente de paz, como son educación, escuelas, salud y clínicas”.

Por sí sola, la Guardia Nacional cuenta con una fuerza operativa de 101 mil elementos, de los cuales 84 mil 666 están desplegados en 200 coordinaciones regionales.

 

Los doce estados con más elementos:                            

CDMX (12, 224)                                             Edomex (10, 480) 

Guanajuato (6,613)                                          Jalisco (6, 264) 

Michoacán (5, 999)                                          Oaxaca (5,135)

Veracruz (4, 336)                                             Sinaloa (4,146) 

Tamaulipas (3, 956)                                         Guerrero (3, 434)

Chiapas (3,404)                                    Puebla (3, 398)

Los doce estados con menos elementos: 

Q. Roo (1,710)                                     Tabasco (1, 657) 

BCS (1,421)                                                    SLP (1,337)

Morelos (1,219)                                               Nayarit (1,219)

Querétaro (1,081)                                            Colima (979)

Campeche (916)                                              Yucatán (869)

Tlaxcala (568)                                                 Aguascalientes (364)

 

Elementos de la GN desplegados a nivel nacional


Fuente: Informe mensual de la GN de abril de 2021 y solicitud de información 2800100004521.


El despliegue coincide con el número de coordinaciones regionales que se establecerán en el país, de acuerdo con la solicitud de información 2800100004521: Edomex (32); Jalisco (12); Michoacán (11); Guanajuato (10); Oaxaca y Sinaloa (9); Chiapas, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz (8); Puebla (7) y CDMX (6).

Llama la atención que, a excepción de Tamaulipas, los estados del norte del país no destaquen en número de efectivos ni de coordinaciones regionales. Esto podría deberse, en parte, a que en esos estados se encuentran las policías estatales más fuertes y mejor pagadas.[14]  

En su pasado informe, la ASF señaló que el despliegue de elementos de la Guardia Nacional no obedece a una lógica por incidencia delictiva, como sería deseable en una planeación de mediano plazo. Desconocemos por qué a Colima, con un alto índice de homicidios, le bajaron elementos a 979, mientras que a Durango, sin tantos delitos de alto impacto, le subieron de 680 a mil 317 guardias.

Las especialidades de la desaparecida Policía Federal (PF) quedaron reducidas a la Unidad de Órganos Especializados por Competencia y su fortaleza está dedicada a la vigilancia, según la distribución de su personal detallada en la solicitud de información 2800100028821.

 

Dirección General de Inteligencia 1691 elementos

Dirección General Científica 661

Dirección General de Investigación 978

Dirección General de Antidrogas 540

Dir. Gral. de Seguridad en Carreteras e Instalaciones 9, 417

Dirección general de Transportes Aéreos 250

Dirección General de Seguridad procesal 606.

 

 

Competencias que conforman la Unidad de Órganos Especializados


Fuente: Solicitud de información (2800100028821).


Las áreas de Inteligencia e Investigación han disminuido su personal, comparado con lo que tenían en febrero pasado, cuando la ASF reportó que 1,988 ex policías federales fueron transferidos a la Dirección General de Inteligencia y 1,121 a la Dirección General de Investigación.

La investigación, la inteligencia y el abordaje científico no son disciplinas que la Guardia Nacional esté aprovechando para la mejora de la seguridad, pese a que constitucionalmente está obligada a la prevención, investigación y persecución de los delitos. Su método de intervención y despliegue militar se repite en la Ciudad de México:

 

Antidrogas:  23

Científica: 0

Inteligencia: 0

Investigación: 154

Seguridad en Carreteras e Instalaciones 854.[15] 

 

“Todo indica que la apuesta del actual gobierno es que el despliegue territorial del ejército disminuya la violencia y en 2024 transitemos a un esquema en donde continúe esa labor la Guardia Nacional; pero nada indica que vaya a ser algo exitoso, es más militarización y eso ya sabemos cómo acaba”, afirma el director del Centro Prodh.

En cuanto al combate al narcotráfico, parece ser que éste no es un objetivo prioritario para el actual gobierno, según el número de los efectivos asignados, 7 mil 519 elementos –4% del total desplegado– y los resultados entregados, vistos a través de decomisos de droga y aseguramientos de armas y dinero.[16]  

7.– Sin doctrina e identidad: La Guardia Nacional ha tenido más muertos por contagio del Covid-19 que por enfrentamientos con los grupos delincuenciales. Hasta el 19 de enero de 2021 contabilizaba 164 integrantes fallecidos, de los cuales 94 fueron a causa del coronavirus, la mayoría entre oficiales (15) y suboficiales (20) adscritos al área de Seguridad en Instalaciones (36).[17]  

El virus también alcanzó a cabos, sargentos, un tercer maestre y a funcionarios, como un inspector general y un subdirector de área. Irónicamente, la pandemia ha unido a estos militares y expolicías que no tenían algo en común para compartir, ni un espíritu de cuerpo. 

Daira Arana cuestiona al respecto: “¿Cuál es la doctrina de la Guardia Nacional? ¿Es la misma de la Policía Federal? ¿Es la doctrina de las fuerzas armadas? Si es una fuerza intermedia ¿Porqué no han generado una doctrina propia?… No la tienen ni con los uniformes, ya que son los mismos que usan los militares, sólo que de otro color”. 

“Nos dirán ‘claro que tenemos doctrina y se han estipulado estos valores’, pero la doctrina va más allá ¿Cuáles son sus protocolos de actuación? ¿Cuál va a ser el seguimiento que le den a la carrera de todas estas personas? Lo que tenemos es una mescolanza de la Policía Federal, más lo que le han adherido de las Fuerzas Armadas”.

La doctrina establecida en la Ley de la Guardia Nacional es una generalidad copiada del texto constitucional y de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que aplica para cualquier Policía local o municipal, como se puede apreciar en sus leyes.[18]

“Desafortunadamente la función de seguridad está muy encasillada en nociones abstractas como heroísmo, amor a la patria o arriesgar la vida para salvaguardar la de otras personas…  se necesita sentido de pertenencia e identidad para lograr estas funciones complejas y en la Guardia Nacional esto es difícil porque no hay elementos de identidad, ni doctrina propia”, asegura Arana.

8.– Certificado Único Policial (CUP): Este mayo venció el plazo para que los integrantes de la Guardia Nacional cuenten con el Certificado Único Policial (CUP) que, en teoría, certifica que los elementos cumplen con el perfil, conocimientos, experiencia y habilidades para la función policial. Los diputados dispensaron a la GN del requisito por dos años, pero al 31 de mayo pasado la vocería de la Guardia Nacional indicó que de 101 mil 746 elementos en activo, sólo 10 mil 396 contaban con el CUP, esto es 9.9% del total del cuerpo de fuerza.[19]

La GN ha caído en una nueva violación a la Ley, pues la Constitución contempla en su artículo 21 que “ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema”. No tenerlo implica la separación del cargo, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El CUP tiene vigencia de tres años y se obtiene sólo al aprobar cuatro evaluaciones: competencias, formación inicial, desempeño y control de confianza (polígrafo); aunque especialistas como Catalina Pérez Correa cuestionan la funcionalidad de este certificado y que realmente cumpla con estos objetivos.

En 2016 se estableció un plazo de tres años para que todas las policías del país fueran certificadas a través del CUP. Para 2019 sólo el 33 por ciento había cumplido con el requisito, por lo que el Consejo Nacional de Seguridad Pública dio una prórroga de dieciocho meses, la cual venció en marzo pasado. El organismo informó que de 305 mil 231 policías que hay en el país —133 mil 335 policías estatales, 131 mil 606 policías municipales, y 40 mil 290 adscritos a las Fiscalías— sólo 164 mil 534 contaban con el CUP, esto es 54% del total en el país.[20]

A estas alturas, es evidente que la Guardia Nacional no se compone de policías civiles, ni obedece a una lógica policial, pero el CUP representa una nueva oportunidad para someter a sus elementos a controles civiles que puedan encaminarlos a una mínima profesionalización policial; ello indudablemente repercutirá en la baja de muchos elementos que con su capacitación exprés, difícilmente podrán aprobar los exámenes con estándares internacionales.

9.– Violación a los Derechos Humanos: En materia de Derechos Humanos, la Guardia Nacional ya presenta problemas. En las pasadas administraciones, la Policía Federal cometía violaciones a Derechos Humanos tan graves como el caso Tanhuato o Apatzingán, pero no llegaban al gran número de violaciones que acumularon los militares;[21] sin embargo, para este sexenio, la GN se colocó rápidamente en el top de las 10 instituciones que más denuncias tienen por posibles violaciones a Derechos Humanos, incluso está por arriba de la Sedena. Al primer trimestre de 2021, el Sistema Nacional de Alertas de Violaciones Derechos Humanos la coloca en el lugar seis, con 132 denuncias, en 24 estados, mientras que la Defensa Nacional está en el lugar siete, con 110 quejas.[22]

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Acumuladas a febrero de 2021, la institución contabiliza 424 quejas por conductas que pudieran constituir violaciones a los derechos humanos imputables a sus integrantes. Esto es un promedio de 21 quejas al mes en sus 20 meses de existencia.[23]

El caso de Delicias, Chihuahua –donde elementos de la Guardia Nacional mataron a una mujer e hirieron gravemente a su esposo–, muestra cómo las dinámicas de complicidad y encubrimiento existentes en el Ejército se han trasladado a la Guardia Nacional. El día del enfrentamiento por el agua de la presa La Boquilla, desde la cuenta oficial de la GN se informó que sus elementos “repelieron una agresión” al ser atacados desde varios vehículos con arma de fuego. La intervención del gobernador Javier Corral permitió desmontar esa versión y saber que los elementos dispararon a los civiles sin justificación.[24]

En su Informe ante el Senado, en febrero de 2020, con datos de 2019, la Guardia Nacional dijo tener 0 registros de eventos con exceso de uso de fuerza, sin embargo, Animal Político publicó cinco casos de abuso de la fuerza de la GN en sus primero seis meses de actuación; incluso entrevistó a las víctimas y reveló la existencia de una oficina en la Sedena para llegar a acuerdos de reparación con las víctimas de la GN.[25]  

El panorama de violaciones a Derechos Humanos y aumento en el índice de letalidad es menos alentador cuando hablamos de las fuerzas armadas en general. Estefanía Vela, investigadora de Intersecta, solicitó a Sedena y Semar el informe que deben entregar cada año, dado que actúan en materia de seguridad pública y la Ley Nacional de Uso de Fuerza les obliga. Sedena respondió no tener evidencia documental y no tener obligación de contar con ésta, sugiere a la organización buscarla en la Fiscalía General de la República (FGR) o en SSyPC, de lo que se desprende que, cree que es responsabilidad de éstas y no suya, proporcionarla. La Marina, por su parte, indicó que el Acuerdo (militarista) de mayo de 2020 no le transmitió la obligación de emitir informes y partes policiales. “Quieren las facultades para desempeñar labores de seguridad pública, pero no las responsabilidades”, cita la investigadora.[26]

AUMENTA EL ÍNDICE DE LETALIDAD

Con los propios datos de la Defensa Nacional, obtenidos vía transparencia, la investigadora explica que el índice de letalidad de las fuerzas armadas aumentó 14% respecto al año pasado. En 2020, hubo 260 enfrentamientos en donde estuvieron involucrados sus elementos, con 170 civiles detenidos, 50 civiles y 56 militares heridos y 237 civiles y 6 militares fallecidos. Esto significa que murieron más civiles que los que fueron lastimados (por cada civil herido hubo 4.7 civiles fallecidos), que murieron más civiles de los que fueron detenidos (por cada civil herido, fallecieron 1.4) y que murieron mucho más civiles que militares (por cada militar, murieron 39.5 civiles), rompiendo un récord de los últimos 14 años.  

De acuerdo con la investigación de Vela, el índice de letalidad volvió a subir por cuarto año consecutivo y si sumamos las personas heridas y fallecidas en enfrentamientos de la Sedena, el 82 por ciento son civiles; y del total de enfrentamientos, en el 26 por ciento, el resultado fueron exclusivamente civiles fallecidos: no heridos, no detenidos, no militares fallecidos, solo civiles fallecidos. En 2019 este tipo de “eventos” era de 18 por ciento del total de enfrentamientos.[27]

Los eventos donde los militares ejecutan a los civiles aparecen todos los días, en Nuevo Laredo un video mostró cómo las fuerzas armadas dispararon a una camioneta en una persecución, dejando a 13 personas muertas; en días pasados, en Mazapa de Madero, Chiapas, los soldados dispararon a un ciudadano guatemalteco porque supuestamente no se detuvo en un retén, lo que mostró cómo sigue vigente esa determinación a ejecutar “al enemigo”, a pesar de que ya existe una Ley Nacional sobre el Uso de Fuerza que los obliga a usar ésta de manera proporcional. En el video de Nuevo Laredo se escucha decir a un militar sobre un civil sobreviviente: “Mátalo, a la verga”. Bajo esta estrategia, de uso máximo de la fuerza letal, los militares se comportan como jueces y deciden quién vive y quién muere.

Las leyes secundarias de la Guardia Nacional están impugnadas ante la Suprema Corte y la institución podría quedarse sin sustento jurídico; también puede ser llevada a organismo internacionales por incumplir al menos dos ordenamientos de la Corte Interamericana que obligan al Estado mexicano a solo usar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública de manera extraordinaria e incumplir con el ordenamiento de preparar y capacitar en materia de Derechos Humanos a sus tropas,[28] porque como reveló el informe de Falsas Salvaguardas, más allá del número de cursos de capacitación que han impartido, de 2010 a la fecha, las dependencias no cuentan con mecanismos que permitan medir el respeto a los Derechos humanos.[29] 

En una solicitud de información a la Guardia Nacional sobre las denuncias ante el ministerio público federal y los procesos abiertos en sus órganos de control internos por uso excesivo de fuerza y la jerarquía de estos elementos, ésta remitió al solicitante ante la FGR y la Secretaría de la Función Pública (SFP) respectivamente, esto es una copia de la GN de la práctica de Sedena cuando le sugirió a Vela dirigirse a la FGR por la información que dijo no estar obligada a tener en materia de seguridad. 

SEGURIDAD Y POLÍTICA

A la Guardia Nacional podemos evaluarla conforme a los objetivos planteados en sus leyes, planes y programas, y por el objetivo primordial que es recuperar la seguridad en el país.

Sus objetivos y fines están planteados en la Constitución, la Ley de la Guardia Nacional, la Estrategia Nacional de Seguridad, el Programa Sectorial de Seguridad y el Informe de Actividades al Senado, sin embargo, cuando se buscan sus indicadores por metas y compromisos, estos son muy ambiguos y de difícil evaluación.  

“Salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas”,[30] cita su ley nacional, pero cómo evaluar esto con el alto número de delitos que actualmente tenemos. La Estrategia Nacional establece como objetivos sustantivos de la Guardia Nacional “la prevención del delito y la participación en la investigación de los mismos”,[31] y cómo vimos, ésta ha debilitado las áreas policiales de su Unidad de Órganos Especializados. 

El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana (2018-2024) presenta un diagnóstico de los problemas nacionales y un compendio de planes y estrategias puntuales, sin especificar tiempos, presupuestos ni servidores públicos responsables. Da un papel preponderante al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica para integrar y fortalecer a todas las policías del país, pero no le asigna presupuesto; lo mismo sucede cuando dice “Impulsar la creación de la Universidad de Seguridad Pública”.

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Es hasta el Informe de la Guardia Nacional al Senado que el legislativo obliga a ésta a presentar indicadores de desempeño, con datos muy específicos sobre su actuación en materia de uso de la fuerza; sin embargo, en el primero y único informe enviado al Senado, con datos de 2019, la GN envió una batería de datos de acciones sin contexto, que no permiten saber cómo vamos en esta materia. Al mes de abril de 2021, el nuevo informe de la GN aún no llegaba al Senado.

La inseguridad y la violencia son fenómenos tan complejos y factoriales, que la Guardia Nacional debería tener delimitados indicadores de evaluación de políticas públicas, como productividad, eficiencia, efectividad, calidad y capacidad; podría establecer metas de eficacia, conforme a un periodo de tiempo y podría tener indicadores sociales con perspectiva de Derechos Humanos, si esa fuera la intención.[32]

Sin embargo, al cierre de este trabajo, los últimos datos sobre seguridad disponibles son los presentados por la Guardia Nacional al mes de abril de 2021, en el que se habla de una importantes reducción de delitos al primer trimestre de 2021, comparados con el mismo periodo de 2020. 

De acuerdo con este Informe, el homicidio doloso se redujo en 4.6%, al pasar de 3 mil 043 a 2 mil 944; el secuestro bajó en 36.8% y los robos en todas sus modalidades bajaron 17.8%, mientras que el feminicidio descendió en 2.4%. 

Es difícil analizar estos datos y asumir que son resultado de la estrategia nacional de seguridad ya que no están contemplando el factor pandemia que afectó a los mexicanos desde marzo de 2020, que mantuvo a millones de personas en sus casas e inhibió las denuncias ante el ministerio público, donde también fue reducido el personal de manera drástica. Los datos muestran cómo, en concordancia, mientras bajaban los delitos de robo, se incrementaban los de violencia familiar en 9.5%; también se incrementaron los delitos de violación y trata de personas en 8.35% y 21.3%, respectivamente.  

Respecto a los delitos federales, se presentó una reducción de 11.7% en nueve de once delitos, al pasar de 21 mil 480 a 18 mil 967 en el mismo periodo, según la información presentada por la GN.

 

Comportamiento de delitos federales al primer trimestre de 2021


Fuente: Elaboración propia con informe mensual de la GN de abril 2021.

 

Los porcentajes resultan del comparativo de los mismos delitos al primer trimestre de 2020 y 2021. Destacan los delitos contra la Salud que presentaron un alza del 8.3% –que incluyen narcotráfico– y los delitos migratorios, con un 70% más. 

Sin embargo, no establecer o contemplar la cuarentena es mostrar buenos resultados de manera artificial, una práctica recurrente en los datos e información de la Guardia Nacional.

Desde el campo de las auditorías, la ASF ha advertido de irregularidades en la Guardia Nacional, empezando por el origen militar de sus miembros, la falta de patrimonio, la falta de planeación en el despliegue de elementos y hasta irregularidades en la transferencia de 15 mil millones de pesos a la Unidad de Transferencia de la GN.

Y ese es otro gran problema que debe ser tocado en esta evaluación de la Guardia Nacional, los contrapesos al Ejecutivo federal en materia de seguridad están ausentes, desactivados o capturados. Nos hemos quedado sin actores institucionales que puedan vigilar las políticas públicas para la seguridad y que puedan criticar la militarización con credibilidad.

“Porque con qué autoridad pueden hacerlo los partidos de oposición en el Congreso cuando en el sexenio de Vicente Fox le entregaron la PGR a un militar y en el de Calderón le dieron al ejército un protagonismo inusitado. Al PRI le preocupa que se esté usando al ejército políticamente, cuando en el sexenio pasado el general Cienfuegos opinaba de la reforma educativa”, cuestiona el director del Centro Prodh.

En apreciación de Aguirre, quienes debieran ser los contrapesos a las decisiones del Ejecutivo en materia de seguridad están ausentes, como son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Suprema Corte y los gobernadores: “La Corte está llamada a ser un contrapeso muy importante en este tema y se está tardando, hay un retraso en el examen de las acciones de inconstitucionalidad y controversia constitucional vinculados con Guardia Nacional”.  

Los contrapesos existentes a la política pública de seguridad, agrega Aguirre, son las voces de los organismos internacionales —existe un convenio con la Oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para monitorear el desempeño de la GN, aunque a la fecha no ha hecho nada— y de la sociedad civil, “y a diferencia del sexenio de Calderón, hoy tenemos a muchos especialistas haciendo análisis y monitoreando los impactos”, dice Aguirre.

“Y también está la voz de las víctimas de los abusos militares, y en la medida en que se documente que los patrones de abuso de la fuerza e impunidad de las fuerzas armadas no se han desarticulado, se estará poniendo a prueba la respuesta de este gobierno para ver si esta militarización tiene una nota diferente a la del pasado”, agrega. 

Por todo lo anterior, es factible afirmar que el actual gobierno, como los anteriores, no resistió la tentación de la militarización de la seguridad pública, antes que corregir los problemas de diseño que se han presentado en el pasado; las policías locales siguen olvidadas y el método de militarización a través del envío de tropas a los lugares complicados, no ha resuelto el problema en los 14 o 15 años de experiencias previas. 

Si el presidente manda su iniciativa al Congreso para que la Guardia Nacional pase a formar parte de Sedena y no le es aceptada, los culpables de los pobres resultados en materia de seguridad ya no serán él y su partido, sino la oposición, por no permitirle consolidar su política pública de seguridad; si la aceptan y la GN pasa a la Sedena, habrá legalizado este nuevo brazo de las Fuerzas Armadas. De cualquier forma el presidente gana con su iniciativa y los ciudadanos perdemos porque está documentado como la militarización no resuelve de fondo el problema de la inseguridad y sí deja muchos daños a la población.

 

@CPeraltaS


[1] Catalina Pérez Correa y Jorge Romero, “Las fuerzas armadas y la seguridad en México: Balance de una década de guerra contra el crimen organizado”, Foreign Affairs Latinoamérica 17, núm. 4 (2017).

[2] Inteligencia Policial, vol. 3, Biblioteca Básica de Seguridad Ciudadana (México: Porrúa, 2013).

[3] Manuel Espino, “Olvidan mandos civiles en la Guardia Nacional. Todos son militares”, El Universal, 11 de abril de 2019, https://www.eluniversal.com.mx/nacion/olvidan-mandos-civiles-en-la-guardia-nacional-todos-son-militares.

[4] En su segundo Informe de Labores, Sedena informó de la graduación de 34 elementos del curso de Seguridad Pública, sin embargo, este no cuenta con el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por lo que es difícil conocer las capacidades de sus egresados. 

[5] Daira Arana (directora de Global Thought Mx), entrevistada por Concepción Peralta, 18 de marzo de 2021. 

[6] Mathieu Tourliere, “AMLO consciente a la Sedena”, Proceso, 24 de noviembre de 2020, https://www.proceso.com.mx/reportajes/2020/11/24/amlo-consiente-la-sedena-le-ofrece-el-mayor-presupuesto-de-su-historia-253305.html.

[7] Santiago Aguirre (director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez), entrevistado por Concepción Peralta, 16 de marzo de 2021.

[8] Pablo Sánchez Olmos, “El polémico estreno de la Guardia Nacional de López Obrador en México”, El Mundo, 8 de julio de 2019, https://www.elmundo.es/internacional/2019/07/08/5d221a0afc6c830d338b45dc.html.

[9] Yadira Gálvez Salvador, Análisis: La Guardia Nacional: Los retos de las Fuerzas Armadas frente a la seguridad pública de México (Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, s/f), https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/seguridad/seguridad-nacional/423-la-guardia-nacional-los-retos-de-las-fuerzas-armadas-frente-a-la-seguridad-publica-de-mexico/file.

[10] Edgar Vicente Urbano, “La Guardia Nacional” (Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara, s/f), http://www.cusur.udg.mx/es/sites/default/files/adjuntos/edgar_jose_vicente_urbano_02.pdf.

[11] Se trata de una laguna jurídica o un vacío legal en la categoría de seguridad y sería un concepto de consumo interno para los planes y programas del sector seguridad nacional y contrario a la jerarquía de leyes. Pablo Moloeznik, “Seguridad Interior un Concepto Ambiguo”, Revista IUS 13, núm. 44 (diciembre de 2019), https://doi.org/10.35487/rius.v13i44.2019.458.

[12] Jorge Lumbrenas, “Guardia Nacional: la capacitación inicial de sus elementos”, La Silla Rota, 8 de abril de 2020, https://lasillarota.com/opinion/columnas/guardia-nacional-la-capacitacion-inicial-de-sus-elementos/378515.

[13] SEDENA, “Segundo Informe de Labores de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)”, 4 de septiembre de 2020, https://www.gob.mx/sedena/articulos/segundo-informe-de-labores-de-la-secretaria-de-la-defensa-nacional-sedena?idiom=es..

[14] Alejandro Romo, “Policías de Aguascalientes, entre los mejores pagados del país”, Newsweek en español, 13 de octubre de 2020, https://newsweekespanol.com/2020/10/policias-de-aguascalientes-entre-los-mejor-pagados-del-pais/.

[15] Respuesta a la solicitud de información 2800100078320.

[16] Al 20 de abril de 2021 se tenían los siguientes aseguramientos en el año: marihuana: 29, 590 kilos; cocaína: 5, 452 kilos; heroína: 183 kilos; mentanfetamina: 20, 443 kilos; fentanilo: 625 kilos y doce laboratorios. Respecto al aseguramiento se tiene un acumulado de 6 millones 710 mil 308 dólares americanos y 25 millones 936 mil 616 pesos mexicanos. 2331 armas de fuego y 17 fusiles Calibre .50.

[17] Respuesta a la solicitud de Información 2800100009721. 

[18] Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional. Artículo 127. La Doctrina Policial de la Institución se fundará en los siguientes ejes: Servicio a la sociedad, Disciplina, Respeto a los derechos humanos, Imperio de la ley, Mando superior y Perspectiva de género.  

Artículo 21 constitucional: La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 47, de las academias e institutos: se rijan por el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente, a la perspectiva de género.

[19] Arturo Ángel, “Guardia Nacional viola su propia ley: más del 90% de sus elementos no están certificados”, Animal Político, 31 de mayo de 2021, https://www.animalpolitico.com/2021/05/guardia-nacional-elementos-aprobacion-plazo/.

[20] Arturo Ángel, “A 2 meses del plazo límite, el 90% de la Guardia Nacional no ha sido evaluada”, Animal Político, 17 de marzo de 2021, https://www.animalpolitico.com/2021/03/plazo-limite-guardia-nacional-no-ha-sido-evaluada/.

[21] Yuriria Ávila, “El Sabueso: Morena dice que Fuerzas Armadas violan menos derechos que la PF”, Animal Político, 21 de enero de 2019, https://www.animalpolitico.com/elsabueso/morena-fuerzas-armadas-violan-menos-derechos-policia-federal/.

[22] CNDH, “METODOLOGÍA Y DESARROLLO”, Sistema Nacional de Violación a los Derechos Humanos (blog), marzo de 2021, http://appweb2.cndh.org.mx/SNA/ind_Autoridad_SM.asp?Id_Aut=29100.

[23] Respuesta a solicitud de información 2800100028821.

[24] Samuel García, “Acusan a Guardia Nacional de asesinar a mujer en Chihuahua”, El Financiero,  9 de septiembre de 2020, https://www.elfinanciero.com.mx/estados/acusan-a-guardia-nacional-de-matar-a-mujer-en-chihuahua/.

[25]Arturo Ángel, “Guardia Nacional acumula cinco casos de presunto abuso de la fuerza en solo 6 meses”, Animal Político, 11 de septiembre de 2020, https://www.animalpolitico.com/2020/09/guardia-nacional-presunto-abuso-fuerza-6-meses/.

[26] Estefanía Vela, “De Nuevo Laredo a Mazapa de Madero: el índice de letalidad de la SEDENA crece”, Animal Político, sec. Blog de Intersecta, 6 de abril de 2021, https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/de-nuevo-laredo-a-mazapa-de-madero-el-indice-de-letalidad-de-la-sedena-crece/.

[27] Vela, “De Nuevo Laredo”.

[28] Así lo ordenaron las sentencias para el caso Alvarado Espinoza y otros vs. México; caso Fernández Ortega y otros vs. México, y caso Rosendo Cantú y otros vs. México. 

[29] Alicia Franco et al., Falsas salvaguardas: Las capacitaciones de las fuerzas armadas en derechos humanos y género (2010-2019), (Ciudad de México: Data Cívica, EQUIS Justicia para las Mujeres y Intersecta, 2020), https://equis.org.mx/projects/falsas-salvaguardas-capacitaciones-fuerzas-armadas-derechos-humanos-genero/.

[30] Ley de la GN, artículo 6to: Son fines de la Guardia Nacional Salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades; II. Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; III. Salvaguardar los bienes y recursos de la Nación, y IV. Llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios). 

[31] La Guardia Nacional tiene entre sus objetivos sustantivos, la prevención del delito y la participación en la investigación de los mismos, bajo el mando, supervisión y control de las autoridades ministeriales y judiciales, todo ello, siempre bajo la directriz de atender de manera integral a las víctimas, ofendidos o testigos del delito.

[32] Antonio Gonzáles Plessmann, “El tema de los indicadores en las políticas públicas de derechos humanos-propuestas para su conceptualización y abordaje”, Aportes Andinos, Derechos humanos y políticas públicas, núm. 21 (mayo de 2008), https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/derechos_economicos_sociales_culturales_pp/Indicadores_DDHH_Gonzales_Plessman.pdf


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